Este lunes, activistas y víctimas de la violencia armada se manifestaron en Washington exigiendo restricciones a la distribución de armas de fuego estadounidenses en Latinoamérica, especialmente en México. En un acto organizado por el Centro para el Progreso Estadounidense, Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, urgió a controlar el flujo de armas.
Tizapa afirmó que "para atemorizar a un pueblo, no son suficientes las armas, ahora te asesinan". Desde el 2014, ha estado luchando contra esta situación en su país, dejando su trabajo para seguir concienciando a la gente.
En México, el 70% de los homicidios por armas de fuego desde el 2000 hasta el 2020 fueron cometidos con armas estadounidenses, expuso John Lindsay-Poland, coordinador de "Stop armas de Estados Unidos a México". Lindsay-Poland se refirió a un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos que muestra que cerca de la mitad de las armas de fuego exportadas desde este país fueron "legalmente" distribuidas en Guatemala, Honduras y El Salvador.
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El activista aludió a un importante problema en el control de las armas de fuego exportadas legalmente a estos países, sin ningún control real en la fase de concesión de licencias de esas exportaciones. Lindsay-Poland defendió que el principal motivo de estas exportaciones no es el control de la inseguridad ante la presencia de organizaciones delictivas, sino controlar la migración. Reiteró que "existe una necesidad imperiosa de identificar quiénes son los usuarios finales de estas armas de fuego".
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La directora de Operaciones de Acción contra la Violencia de las Armas, Elizabeth Burke, apuntó a las medidas que podrían tomar los fabricantes para reducir el flujo de armas. Esto incluye la reforma de sus prácticas comerciales para vender solo a distribuidores autorizados que cumplan las buenas prácticas, acordar un código de conducta y negarse a vender rifles de calibre 50. Según Burke, las empresas deberían negarse a vender armas fácilmente modificables por los cárteles para convertirlas en armas de fuego capaces de disparar cientos de balas a la vez.
Las aspiraciones de organizaciones como Global Exchange pasan por detener el flujo legal de armas estadounidenses a México y las exportaciones a unidades policiales y militares con un historial de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Su codirector ejecutivo, Marco Castillo, instó a los Gobiernos de México y Estados Unidos a "generar condiciones de paz, de vida, de prosperidad y de justicia". Castillo estuvo acompañado por familiares de víctimas de la violencia con armas como Manuel Oliver, quien perdió a su hijo en el tiroteo escolar de Parkland en 2018.
Activistas y víctimas de la violencia armada exigen restricciones a la distribución de armas de fuego estadounidenses en Latinoamérica, especialmente en México. A través de diferentes iniciativas y organizaciones, han solicitado que se pare de manera rápida y expedita el tráfico de armas desde Estados Unidos a México y que, al igual que el fentanilo, ha causado la muerte de cientos de miles de personas en el país.
Con información de EFE.
DJC