El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para eliminar la Financiera Rural, órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Hacienda. Se trata del órgano que sustituyó al Banco Nacional de Crédito Rural en 2002 que ahora, argumenta la iniciativa, es poco productiva En comparación con los programas de la 4T al sector del campo.
En la exposición de motivos el mandatario señaló que esta financiera con 21 años de antigüedad otorgó pocos créditos; y que mediante intermediarios financio a productores agrícolas, forestales y pesqueros, con mecanismos de cobro ineficaces. Precisó que partir de 2017 su efectividad de cobranza se redujo.
"Hoy la Financiera Nacional de Desarrollo es un órgano atrofiado, incapaz de cumplir su objeto de impulsar el desarrollo rural, elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población a través de los créditos al sector", dice el texto.
Agregó que según datos oficiales el porcentaje de crédito fue de menos del 50%; que solo 198 se gestionaron en zonas marginadas mientras que el resto fue entregado directamente a ejidatarios productores y campesinos.
Argumento que en este momento cuenta con una cartera vencida de 8 mil 454 millones de pesos Y qué de estos casi la mitad está concentrada en 10 clientes.
"Esta concentración de deuda en pocos clientes exhibe la forma en que se otorgaron los créditos, por un lado, a grandes intermediarios y por el otro de manera totalmente ajena a los productores y a las necesidades del campo" planteó el mandatario. Agregó que eso "ha perjudicado el patrimonio de la institución".
Detalló que para tratar de recuperar parte de su cartera, la Financiera contrató despachos y abogados externos sin mayores resultados. "Enfrenta un desequilibrio financiero generalizado", afirmó, y en términos generales resume que sus gastos cotidianos son más caros que sus ingresos.
"Tiene un grave problema de desequilibrio financiero, que se refleja en la elevada cartera vencida concentrada en empresas financieras intermediarias que otorgaron créditos a los productores que menos lo requerían, su insignificante participación en el mercado de crédito del sector agropecuario, una cobranza ineficiente delegada a despachos externos, su alto pasivo financiero y costos de administración no justificables".
En la iniciativa compara también que estos datos son menores en comparación con el impacto y beneficio de los programas de su gobierno como "Sembrando vida" y "Producción para el bienestar", entre otros.
Por eso propone extinguir el organismo que solo conservará personalidad jurídica para efectos de la liquidación. Ordena que la Secretaría de Hacienda sea la responsable del proceso de extinción a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Finalmente, ordena la liquidación de sus bienes muebles e inmuebles y proceder a las indemnizaciones de los empleados.