Desde 2018, año en que el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo el triunfo electoral, el presupuesto anual del INAI se ha reducido hasta en 30%, cuando sus funciones han ido en aumento. Para la comisionada presidenta de dicho instituto, Blanca Lilia Ibarra, el funcionamiento del mismo no es oneroso, ni una burocracia dorada, por el contrario, México pierde más con las prácticas de opacidad gubernamental y corrupción que no cesan.
En entrevista con La Silla Rota, Blanca Lilia Ibarra recuerda que ninguno de los comisionados del INAI promovió un amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones que reformó el gobierno de López Obrador y que, bajo los principios de la "austeridad republicana", sentenció a que ningún funcionario de gobierno pudiera ganar más que el presidente de la República.
"El INAI no es un organismo oneroso, no somos una burocracia dorada (...) ¿Cuánto cuesta la transparencia en este país? Yo también podría preguntarles cuánto cuesta la corrupción y creo que en eso no hay un punto de comparación".
El 31 de marzo del 2022 concluyeron su encargo como comisionados del INAI Eugenio Monterrey y Oscar Guerra Ford. En ese momento, el INAI notificó al Senado de la República y fue hasta el pasado 1 de marzo que nombraron a dos nuevos comisionados: Yadira Alarcón y Rafael Luna, quienes fueron vetados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para el 31 de marzo de este 2023, Francisco Javier Acuña también dejó el instituto y el Senado ha incumplido en nombrar a su reemplazo, por lo que el pleno del INAI no cuenta con el quórum legal para sesionar lo que significó que este 12 de abril, por primera vez en su historia, el instituto dejó en indefensión a aquellas personas que presentaron controversias de información contra las autoridades.
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Tenemos el registro de que hoy, por primera ocasión en la historia del INAI –y yo diría que tal vez en la historia de los esfuerzos para tener una mayor transparencia– no pudo sesionar, ¿nos puedes explicar la coyuntura actual?
Efectivamente, como ustedes saben, semanalmente el INAI resuelve los recursos de revisión que la población interpone cuando está insatisfecha por alguna respuesta ante alguna solicitud de información que hayan hecho a las autoridades. En ese sentido, quienes integramos el pleno que, de acuerdo al artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia, el pleno deberá ser integrado por 7 comisionados, para que haya quórum que permita sesionar debe de ser un mínimo de 5 comisionados. Estuvimos ya en la imposibilidad jurídica de poderlo hacer y esto es porque el Senado de la República no ha concluido el proceso de nombramiento de los comisionados faltantes.
Está a la vista una efeméride que es triste, el 31 de marzo, hace apenas algunos días, se cumplió un año de que el INAI empezó a sesionar sin la totalidad de sus integrantes que, por la inacción del Congreso –yo diría que de otras instancias del Estado mexicano también– lo hizo operar de manera mutilada. Creo que vale la pena subrayar el dato de que, durante 2022, el INAI atendió 21,000 solicitudes de acceso a la información, es decir, recursos que los ciudadanos y cualquier otra entidad presentaron por no haber sido respetado su derecho de acceso a la información o por haber sido violentado su derecho a la protección de datos personales. Casi 2,000 resoluciones mensuales durante 2022.
En efecto, tenemos un promedio semanal de recursos de revisión que hemos venido resolviendo de 450 a 500 asuntos. Y sí, desde el 31 de marzo el INAI estuvo trabajando únicamente con 5 comisionados, con una carga mayúscula de tareas que tenemos, de acuerdo a las facultades constitucionales conferidas a las y los comisionados. No obstante ello, el INAI ha mantenido otras acciones intocables, intocadas, como son la socialización, la capacitación y las tareas de vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) que integra los 32 organismos garantes y, naturalmente, con aquellas que tienen que ver con la revisión del cumplimiento de obligaciones de transparencia, que por ley deben atender las autoridades.
Hasta marzo de este año, el INAI resolvió más de 6,158 medios de impugnación en materia de acceso a la información y de protección de datos personales. Esto demuestra cómo hay, por un lado, un interés creciente de la ciudadanía de hacer solicitudes de preguntar de involucrarse con lo con el conocimiento de la cosa pública; pero también hay un interés de que, si no se sienten atendidos, recurran al INAI y esto es lo que significa que este Instituto Nacional de Transparencia le dé vida y garantía a los derechos humanos de protección de datos personales y de acceso a la información pública.
Hoy no se pudieron votar casi 300 resoluciones y 7 denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia de esa dimensión estamos hablando: del estado de indefensión en el que se quedan y la sociedad mexicana, la ciudadanía, que ha buscado conocer más acerca de las tareas del gobierno.
Esto parece un frenón o el riesgo de un frenón abrupto en una cultura que ha ido tomando mucho tiempo, en un perfeccionamiento jurídico a nivel legal y constitucional del derecho de todos los ciudadanos a saber, a saber cómo se manejan los asuntos de interés público, cómo se desempeñan los funcionarios electos, esto es un derecho de relativa nueva generación, Blanca Lilia, y te pido que me ayudes a profundizar en el concepto.
Si bien es cierto que en las últimas dos décadas se ha desarrollado y potenciado el derecho a saber de las personas, para también poder decidir mejor, estos derechos le dan conocimiento a la gente sobre las acciones del gobierno y que la gente pueda utilizarlos para otros derechos, para dar –digamos– vigencia a libertades y uso de derechos, como justicia, vivienda, alimentación, etcétera. También es cierto que se construye una nueva relación entre la ciudadanía y las autoridades se busca, justamente, que haya una mayor participación ciudadana, que se empodere a la gente para que pueda exigir una mejor rendición de cuentas y creo que, en una sociedad que se precie de ser democrática, no puede haber ocultamiento, secrecía en las decisiones públicas.
En la medida en que los funcionarios están más abiertos al escrutinio público, es más probable que se les puedan exigir mayor rendición de cuentas y disuadirlos de comportamientos ilegales. Estamos hablando, como tú lo sabes Roberto, de que en la medida en que hay mayor visibilidad en los actos del gobierno, de la actuación pública, también es una forma de que se puedan inhibir los actos de corrupción, en un país que lamentablemente ocupa los primeros lugares en esa materia en el mundo.
¿Cómo lees la postura del presidente López Obrador sobre sobre este tema? Él ha dicho varias cosas ha dicho que el INAI es muy caro que los comisionados ganan mucho dinero y que no es necesario un instituto. En algunos países hay leyes muy robustas, estoy pensando en Estados Unidos, que no tienen propiamente un órgano garante. Yo diría que, en el nivel de madurez que tenemos y en la profundidad de la corrupción en México, es importante tener un órgano garante, pero te diría específicamente: ¿el INAI es muy costoso para el país? ¿ustedes tienen un sueldo muy alto, especialmente por encima del sueldo del presidente de la República?, ¿qué ha pasado con el presupuesto del INAI en los últimos años?
Sí Roberto, en efecto, te puedo decir que el presupuesto del INAI ha venido disminuyendo en los últimos años, desde el 2018, en aproximadamente un 30% y esto no va acorde al crecimiento de responsabilidades y de tareas que tiene el INAI y que ha ido ganando en los últimos años porque, si de algo se trata, es de empoderar a la sociedad para que utilicen más el derecho de acceso a la información pública que, como ya te mencioné, es un instrumento para utilizar otros derechos. En ese sentido también puedo decirte que las y los comisionados del INAI ganamos menos que el presidente de la República y ninguno de quienes integramos este pleno presentamos o promovimos amparo alguno contra la Ley Federal de Remuneraciones.
Quiero decirte que, de manera comprometida con la sociedad, el INAI ha tratado de cumplir con todas sus tareas más allá de que ha visto mermado su presupuesto ha ido creciendo –como ya te señalaba hace unos momentos– el número de recursos de revisión que resolvemos las ponencias se mantienen en el mismo número de personas que vienen trabajando desde que fue creado este instituto, no obstante el crecimiento notable que se ha dado para resolver semanalmente y analizar caso por caso los recursos de revisión, hemos establecido medidas de austeridad para optimizar el gasto público, pero sobre todo hemos procurado estar a la altura de las exigencias ciudadanas de mantener autonomía independencia y defensa de los derechos humanos que tenemos.
Creo que es importante decir que el INAI no es un organismo oneroso no somos una burocracia dorada, somos una institución de utilidad para la sociedad que no tiene una bandera política nosotros privilegiamos los principios ciudadanos de máxima publicidad de la información privilegiamos el principio pro persona y buscamos también atender los compromisos que hay a nivel internacional.
A mí me gusta mucho el concepto este que tú mencionas de que el derecho a la información es como un árbol frondoso, en el que se guarecen otras libertades, libertades económicas, sociales, sexuales. ¿En la historia del INAI, cuántos recursos, cuántas protestas, cuántas peticiones de ayuda al INAI han atendido?
Desde que se puso en marcha la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que fue en 2016, y hasta 29 de marzo de este año, se han recibido más de 8.5 millones de solicitudes de información y se han ingresado más de 376,000 recursos de revisión. Este es el universo –como tú le llamas–, este árbol frondoso donde se ha logrado, cada vez más conquistando cada vez mayor interés de la gente en los asuntos públicos y también adoptar el derecho a la información en su vida cotidiana, para tener utilidad social, en las acciones y decisiones de las personas. Porque el derecho no solo sirve para saber más, también sirve para elegir mejor a nuestras autoridades.
Por eso insistimos también en la utilidad social que tiene el derecho a la información –y lo hemos ejemplificado más allá de estos grandes temas periodísticos que han trascendido a lo largo de estos años y que tú sabes que ha servido como un instrumento clave para ser periodismo de investigación– que viene desde el Toalla Gate, en su momento, pasando por otros temas, como la Casa Blanca de Peña Nieto, Javier Duarte, temas que tienen que ver con el Paso Exprés, con Segalmex, del cual hemos atendido muchos recursos de revisión recientemente, la matanza de San Fernando, Ayotzinapa, el caso Colosio, temas relevantes para la sociedad mexicana. Cuando tú dices, bueno, ¿cuánto cuesta la transparencia en este país? Yo también podría preguntarles cuánto cuesta la corrupción y creo que en eso no hay un punto de comparación.
Es una faceta muy importante en años recientes, el INAI recibió por disposición del Congreso varias cuestiones que lo fortalecieron mucho y subrayaron su relevancia: primero, el carácter de órgano autónomo constitucional y que creo que eso es un reconocimiento al valor social, a la trascendencia social y política de INAI; y segundo, la responsabilidad de velar por los datos personales de todos los ciudadanos, es el órgano que a que uno debe recurrir cuando alguien viola la privacidad de datos como mi salud general, mis preferencias sexuales, el acceso a mi información económica mis tarjetas de crédito mis registros bancarios, el derecho que tengo a que no me estén molestando, ofreciéndome promociones por teléfono… todos están en riesgo en este momento, Blanca Lilia, con la circunstancia actual del INAI, pero haznos una reflexión, por favor, en el tema específicamente de la protección de datos personales.
En la era digital, en la era donde en cada momento avanzan las tecnologías, no podríamos entender si no hay una cultura de protección de datos personales y para ello se requiere una autoridad administrativa fuerte y vigorosa que también pueda revisar esos mecanismos de seguridad, tanto de las empresas como en el sector privado, que manejan las grandes bases de datos, nosotros como INAI estamos facultados en abrir investigaciones y oficio y verificaciones, y esas verificaciones que se dan cuando existe alguna denuncia o cuando hay indicios de que se están vulnerando los datos personales, nos llevan a que podamos imponer sanciones en el sector privado y lo hemos hecho, porque ahí se amplía también la gama de las tareas y acciones que desarrolla este instituto, en el caso del sector público.
Es importante decirlo, Roberto, que hoy estamos en una situación delicada, de alto riesgo de vulnerabilidad de nuestros datos personales porque, efectivamente, después de la crisis sanitaria todas y todos recurrimos a utilizar las plataformas digitales y empezamos a compartir información para adquirir bienes o servicios y, lamentablemente también en esa materia, México ocupa uno de los primeros lugares en estos delitos cibernéticos que han ido creciendo día con día.
Por eso la relevancia también de tener un INAI fuerte, un INAI que opere y un INAI que cumpla con esas facultades constitucionales que nos otorgaron. Creo que debemos, cuando visualizamos al INAI, visualizar también las funciones sustantivas que tiene para nuestra vida cotidiana, no solo en la relación con las autoridades, sino también en la debida protección de nuestros datos personales y es ahí donde pues yo quiero simplemente decir que el INAI milita por México, más allá de que sea incómodo para algunas autoridades por lo que resolvemos semanalmente, debemos de estar conscientes que se trata de un instrumento para la democracia mexicana, un instrumento que fortalece a la ciudadanía y que obliga a que tengamos gobiernos más transparentes y que rindan cuentas.