La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados frenó la discusión de la iniciativa que pretende acotar las funciones de resolución del Tribunal Electoral federal, pues canceló la reunión que tendrían este lunes a las 18:00 horas y volvió a citar a sus integrantes para este martes a las 09:30 horas. Se trata de la reunión que sostendrían para votar el dictamen que modifica las leyes con las cuales el Tribunal Electoral acotaría sus funciones respecto a la vida interna de los partidos, grupos vulnerables y paridad de género.
De acuerdo con el oficio circulado entre los diputados que integran la comisión, fue a solicitud de los coordinadores parlamentarios que se aplazó la cita para discutir el dictamen.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, confirmó en entrevista que la Comisión reagendó esta reunión a solicitud de los coordinadores parlamentarios lo que interpretó como falta de consenso entre las bancadas para aprobar un dictamen que requiere del voto de las dos terceras partes del pleno en San Lázaro.
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El presidente de la Comisión, el morenista Juan Ramiro Robledo, informó en el nuevo citatorio que "a nueva solicitud de diversos Coordinadores de los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados, se comunica que la 15a. reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales se difiere para el próximo martes 11 de abril a las 09:30 horas".
"Nos informaron por correo hace unos minutos. Particularmente Acción Nacional tiene mucho que perder en esta decisión, si vota a favor del dictamen como está sería una abierta traición a los ciudadanos que participaron en diversas marchas para defender al INE. Y en el caso concreto del PRI es una mortaja porque no tiene nada que perder, me parece que esto es resultado de una falta de consenso", destacó.
Consideró que el dictamen es una forma regresiva en los derechos humanos, "elimina que jueces y magistrados tengan el poder de interpretar la ley y de llenar vacíos tanto en el Poder Legislativo, pero también de excesos como en el Poder Ejecutivo. Y sobre la elección presidencial se convierte en una decisión que sería impugnable, eso es verdaderamente grave y me parece que eso es el fondo de todo esto".
Señaló que de no modificar el dictamen el Tribunal Electoral se reducirá solo a una oficina de trámites judiciales en materia electoral y que anula su función como organismo.
"Si hay omisiones y violaciones de derechos de los partidos, el Tribunal ya no podría intervenir. De aprobarse, pasamos a un libertinaje total en de las diligencias partidistas, a una dictadura de partidos que solo sirve a la 4T y sus aliados. Yo creo que mañana nos van a decir otra cosa diferente o simplemente se va a llegar sin mayoría constitucional para dar paso al pleno".
Piden a la sociedad revisar iniciativa
El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Reyes Rodríguez, llamó a grupos de la sociedad civil y de justicia electoral a revisar la iniciativa que discutirá la Cámara de Diputados y que, de ser aprobada esta tarde en la Comisión de Puntos Constitucionales, acotaría las facultades del TEPJF para intervenir en favor de acciones afirmativas y de paridad de género en procesos electorales.
Durante su participación en el seminario de “Metodologías para la observación de Justicia Electoral”, enfocado a evitar el uso de programas sociales utilizados con fines electorales, Mondragón destacó que éste no es el único problema que el Tribunal enfrenta en cualquier elección.
"El uso indebido de programas sociales no es la única manera en que la democracia se debilita. Esto también prevalece cuando existe la discriminación y se transgreden los derechos humanos de las personas y los grupos en situación de desventaja si no cuentan con la representación en los espacios de toma de decisión".
Destacó que ante las omisiones del Congreso federal o estatales, la Sala Superior ha aplicado acuerdos para garantizar acciones afirmativas y de paridad de género en diferentes selecciones; y destacó qué prueba de ello fueron los comicios de 2021.
Pero, advirtió que las acciones afirmativas que emite, al no estar legisladas por el Congreso, son de corta duración y concluyen cuando se termina una elección.
"Eso significa que dichas acciones se agotaron en 2021. Si para 2024 se quisieran establecer acciones afirmativas esto aún lo puede hacer el legislador, aún está en tiempo hasta mayo, porque el proceso electoral de 2024 comienza el primero de septiembre", afirmó. "Si no se legisla al respecto los tribunales electorales solo podrán aplicar acciones afirmativas solo si son demandados por los grupos vulnerables", precisó.
¿Por qué lo dijo?
El tema es relevante porque la Comisión de Puntos Constitucionales sesionará está tarde para votar la iniciativa de ley que acotaría las facultades del TEPJF a fin de que se limite a respetar la Constitución y no a interpretarla. Estoy incluye el tema de emitir acciones afirmativas y criterios de paridad de género, toda vez que el Congreso federal no ha legislado al respecto.
La Silla Rota ha dado seguimiento al tema después de que el TEPJF envió a los integrantes de la Junta de Coordinación Política un paquete de documentos en los que expone los límites del derecho parlamentario que sí pueden estar sujetos a la revisión del Tribunal Electoral, con apego a la Constitución.
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En este contexto Reyes llamó a la sociedad civil a instalar una mesa de análisis sobre la iniciativa que discutirán los diputados federales para acotar las funciones del Tribunal Electoral.
"Esta iniciativa ojalá sea discutida en un parlamento abierto, quisiera invitar a los integrantes de la red de observación de Justicia Electoral a que lleven a cabo una mesa de análisis y que los grupos de la sociedad civil tengan un espacio para revisar las decisiones que ha tomado el Tribunal Electoral. Tenemos un documento técnico que ya hemos compartido con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y lo haremos también con todos ustedes".
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Los programas sociales en elección Edomex
El magistrado Rodríguez subrayó que ni los programas sociales ni las acciones afirmativas, deben ser moneda de cambio por votos y que el tema de los programas sociales es preocupante en materia electoral, pero que el haberlos incluido en la Constitución permite que la gente los exija como un derecho y no como una dádiva.
Pero, resaltó, hay quien los utiliza para condicionar el voto. "No hemos podido erradicar estas malas prácticas que se han legislado como delitos electorales y que afectan la legitimidad del sistema de elecciones y también de las personas electas", dijo.
El tema fue abordado en el contexto de la elección a gobernadora en el Estado de México que se realizará el 04 de junio.
En su participación la consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido, señaló que el tema del uso de programas sociales para evitar su uso en procesos electorales es un factor clave dentro de cualquier democracia. Ejemplificó que la elección de 1988 implicó que el tema fuera abordado por los partidos políticos lo que en los siguientes años llevo a la instauración de la figura de observadores electorales.
Y consideró que en las próximas horas buscarán lo que puede y no regularse en materia de programas sociales en beneficio de la población mexiquense. "Nos hemos comprometido a celebrar las elecciones más íntegras en la historia del Estado de México y visibilizar los principales desafíos y los instrumentos que se tienen para enfrentarlos son un paso importante para lograr este objetivo", dijo.