Este lunes el gobierno de Estados Unidos escaló el conflicto por el tema del maíz transgénico y glifosato luego de la publicación del decreto por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador que prohibió el cereal para consumo humano y la comercialización del fertilizante para uso agrícola, por lo que las consultas previas a un panel de controversias en el contexto del tratado comercial (T-MEC) hacen dudar si habrá arreglo o no entre México y EU para el mercado del maíz y el glifosato.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía, ha advertido que el decreto cumple con las especificaciones del T-MEC, además de que afirma que ambos hacen daño a la salud humana, algo que científicamente no se ha demostrado.
El decreto también implica un riesgo para la competitividad y podría desencadenar un efecto inflacionario en los costos en el precio de la harina y las tortillas, afectando principalmente a las zonas más pobres del país, advirtieron expertos.
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Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas dijo a La Silla Rota el 15 de febrero que el decreto, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no cumple con el capítulo 3 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pues no demuestra científicamente el daño que podría producir el consumo del maíz genéticamente modificado al igual que el glifosato.
Hay que destacar que México es el mayor comprador de maíz transgénico, con más de 16 millones de toneladas al año por un valor de 4,700 millones de dólares. Además, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) advirtió que la economía de los fabricantes estadounidenses y mexicanos se verá gravemente dañada.
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Solicitud previsible
La solicitud del Gobierno de Estados Unidos de realizar consultas técnicas, según lo establecido en el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con respecto al maíz transgénico y biotecnología, era previsible debido a la falta de sustento científico que existe en las decisiones mexicanas que lo único que han logrado es crear incertidumbre en el sector agrícola y amenazar la seguridad alimentaria.
Así lo aseguró el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda, luego de señalar que la solicitud del gobierno estadounidense no habla sólo de maíz transgénico, sino de biotecnología, rubro en el que se encuentra el glifosato.
En este caso, refirió se tienen que investigar o señalar cuál es el supuesto daño que causa el glifosato, si este herbicida está aprobado en más de cien países y el Conacyt no ha demostrado la afectación que asegura que tiene este producto, es decir que no hay estudios en México sobre el posible efecto adverso.
En lo que respecta al maíz transgénico, recordó que México lleva importándolo más de 20 años y no se han reportado casos de enfermedades o afectaciones por consumir productos elaborados con ese grano.
Con respecto al nuevo decreto, publicado el 13 de febrero dijo que “es contradictorio, ya que prohíbe el consumo de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla y se permite su importación para uso pecuario e industrial, lo que finalmente termina como alimento para las personas”.
“Este gobierno publica primero un decreto, basado en ideología, donde prohibía el uso de glifosato y del maíz genéticamente modificado a partir de febrero del 2024. Estados Unidos le exigió pruebas científicas al gobierno de México por las prohibiciones y en lugar de presentarlas emite un nuevo decreto que enredó más las cosas”.
González Cepeda comentó que la respuesta de la Secretaría de Economía es ilógica, al decir que demostrarán con datos y evidencia que no ha habido afectación comercial, “claro que no hay afectación comercial porque no se ha prohibido el maíz transgénico. Ellos pusieron un candado a las importaciones, las cuales se cancelarán cuando exista suficiencia en el abasto, lo cual estamos muy lejos de que pueda ocurrir, sin embargo esto generó una incertidumbre innecesaria por parte del gobierno mexicano a nuestro principal socio comercial”.
El presidente de la UMFFAAC concluyó que México está obligado presentar los estudios científicos o desistir de una prohibición que no tiene sustento científico.