El gobierno federal exigió a los 32 estados del país a presentar planes y proyectos concretos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, para que en ellos se ocupen los recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) 2023.
La asignación de los montos económicos para evitar y atender la violencia contra niñas y mujeres a través del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública se comenzaron a asignar a partir del año 2022.
El programa fue oficializado a través del Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 2021. En el documento se incluyó un análisis en el que se detalla el aumento de la violencia contra las mujeres en los últimos años.
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De acuerdo con el estudio, entre los sesgos para evitar y atender la violencia contra las mujeres se encuentran: limitados servicios de atención a mujeres y/o hijas e hijos que viven violencia, la falta de enfoques especializados y diferenciados, violaciones al derecho a la vida y la seguridad de las mujeres, así como la poca coordinación interinstitucional para prevenir y erradicar la violencia.
En diciembre de 2022, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) consideró al programa como el sexto con más importancia en territorio nacional, por encima del “fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes y del Sistema Nacional de Información”.
Los ejes prioritarios del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública incluyen 8 categorías.
A través de un exhorto firmado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se pide a las secretarías de seguridad, de procuración de justicia y secretariados ejecutivos locales, entregar proyectos para que puedan recibir recursos del “Programa Nacional: Prevención y atención de la violencia contra las mujeres con perspectiva de género”.
El programa
De acuerdo con el exhorto publicado, conjuntamente por Inmujeres, Conavim y el SESNSP, se pide a los gobiernos estatales “fortalecer a nivel nacional el proceso de atención a las mujeres que viven violencia” a través de cinco programas basados en dos ejes.
El primero de ellos es la creación de “Centros de Justicia para las mujeres” en los que se incluya ampliar la infraestructura, equipamiento y capacitación para la atención, así como programas que permitan consolidarlos.
El segundo es la habilitación de “Unidades Locales de Atención: espacios para la identificación, atención y surgimiento de las mujeres víctimas de violencias, mismas que deberán ubicarse en lugares estratégicos”.
“Unidades de Análisis de Contexto: grupos especializados que permitan mayor eficiencia y eficacia en la investigación de los delitos vinculados a la violencia de género, concretamente la violencia feminicida”.
El segundo eje contempla desplegar estrategias integrales de prevención de la violencia contra las mujeres orientadas al cambio cultural, la aprobación del espacio y la promoción de la cultura d paz.
Entre los temas de este eje se propone espacios libres de violencia de género a través de una “estrategia de certificación de los espacios laborales que garantice el ejercicio pleno de los derechos y promueva el uso del espacio desde el principio del goce de una vida violencia”.
También, programas reeducativos en los que se brinden servicios integrales, especializados y gratuitos para agresores.
El último proyecto es Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ). Estrategia que tiene por objetivo "promover la organización de las mujeres en espacios locales, para que, a través de acciones de planeación y participación ciudadana, se construyan procesos de construcción de paz y resolución de conflictos en comunidades y municipios, así como la reconstrucción del tejido social y la prevención de la violencia”.
La realidad
Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, durante 2022, se registró el mayor número de llamadas de auxilio por violencia, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual en contra de mujeres en el número 911.
Los datos de enero a diciembre de 2022, muestran que la “violencia contra las mujeres, así como incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911”, establecieron récords, nunca antes registrados.
Los datos sobre peticiones de auxilio o incidentes que reciben los operadores del 911, incluyen información sobre las denuncias registradas desde el año 2016. En el caso de violencia se registraron, durante 2022, 339,451 peticiones de auxilio, el más alto desde 2016.
Los datos muestran que, en abuso sexual y acoso y hostigamiento sexual, también se registraron nuevos récords históricos. En el primer caso las llamadas pasaron de 6,169 en 2021 a 6,977, lo que representa un aumento del 13.1%.
Por acoso u hostigamiento sexual en 2022 se recibieron 6,977 llamadas de auxilio, mientras que en 2021 fueron 6,000.
En el caso de feminicidio, los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que entre enero y diciembre de 2022, los ministerios públicos de las 32 entidades documentaron 969 víctimas de feminicidio.
Ante el incremento de la violencia contra mujeres y niñas en el país, la Comisión de Seguridad Pública del Senado, aprobó un dictamen para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a investigar los casos de feminicidios con perspectiva de género.
Durante este sexenio (1 diciembre 2018-31 de diciembre de 2022), el SESNSP tiene documentadas 4,031 víctimas de feminicidio en las 32 entidades del país.
Durante este sexenio, así como en los anteriores, los gobiernos federales han implementado distintos programas para detener las agresiones contra mujeres. Sin embargo, hasta el momento las políticas implementadas por la federación no han tenido resultados.