El tiempo corre contrarreloj para que el INAI entre en una parálisis que beneficie al gobierno de la 4T: el Senado apenas avanzó el dictamen para elegir al suplente del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, que termina su periodo el 31 de marzo, y desde hace un año le queda pendiente el avance de dos nombramientos más. Todo esto ocurre en una administración que –hechos hablan– no ha apostado por la transparencia.
En su informe ante el Senado, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra, destacó que en 2022 se recibieron más de 20,000 impugnaciones de acceso a la información. Lo que significó un aumento de 16.7% respecto al año anterior.
Desde enero de 2021, datos del INAI reflejaban que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya era 4 veces más opaco que el de Enrique Peña Nieto. Durante 2020, fueron 4,500 recursos de revisión los que se presentaron, mientras que en el último año del sexenio priista solo se presentaron 792.
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Estos recursos –o quejas, como se les conoce de manera común– surgen cuando un ciudadano se inconforma ante el INAI porque un sujeto obligado no está informando de manera clara o ni siquiera informa sobre un tema específico, que le fue cuestionado a través de solicitudes de información… una de las obligaciones del gobierno mexicano en materia de transparencia.
Dichas impugnaciones se siguen de oficio por el pleno del INAI, integrado por 7 comisionados. Éste obliga a las dependencias de gobierno a responder a la ciudadanía sin atajos y de manera clara. Pero el pleno del INAI no puede resolver esos recursos si no cuenta con al menos 5 comisionados, situación que podría ocurrir a partir del 1 de abril.
Este viernes 31 de marzo termina el periodo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, con lo que el pleno del INAI quedaría solo con 4 comisionados en su pleno. Desde hace un año, cuando salieron Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el Senado mantiene pendiente el nombramiento de sus suplentes.
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Aunque el pasado 1 de marzo el Senado nombró a Yadira Alarcón y a Rafael Luna como los comisionados que habrían de sustituir las vacantes de Guerra Ford y Monterrey Chepov, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su poder de veto para frenar dicha designación.
Según el documento presentado por la Secretaría de Gobernación al Senado, porque no fueron los mejor evaluados y había un posible conflicto de interés en el nombramiento de Rafael Luna, asesor jurídico del Senado y cercano al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Lo mismo se dijo de Yadira Alarcón, por su cercanía de trabajo previo con el PAN.
México se estanca en corrupción
No solo son los recursos de revisión que la ciudadanía ha impuesto por las esquivas y muchas veces nulas respuestas que el gobierno de la 4T da a sus solicitudes de información. México se encuentra estancado en cuando a la percepción del combate a la corrupción, a pesar de que fue una de las promesas de campaña de López Obrador.
De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), que presenta la organización Transparencia Internacional al inicio de cada año, en 2022 México cumplió su tercer año de estancamiento en esa materia. A pesar de la ligera mejoría que presentó durante el primer año de gobierno de López Obrador.
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Es decir, la gente dejó de creer que se combate la corrupción.
Desde 2020 México registró una calificación de 31 puntos en el ranking que califica a 180 países del mundo. En el Índice de Percepción de Corrupción, 1 es la peor calificación y 100 la mejor posible, por lo que presentar la misma calificación por tres años lo sitúa en un estancamiento.
Esto se denota en otro dato: de los 180 países evaluados, México mantenía el lugar 124 en 2020 y 2021, pero para este 2022 ocupa el lugar 126, lo que quiere decir que al menos 2 países mejoraron su calificación en el ranking.
Ese dato se enmarca en las acusaciones de corrupción que se han hecho al gobierno de la 4T. El caso más relevante ha sido el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), cuyo monto de desvío ilegal de recursos públicos ya supera al de la “Estafa Maestra”, el caso de corrupción más emblemático del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El caso de la “Estafa Maestra” causó indignación porque recursos de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, ahora Bienestar), destinados a investigaciones poblacionales para combatir la pobreza, fueron a dar a empresas fantasma a través de la triangulación de servicios que supuestamente prestarían universidades públicas estatales.
La corrupción fue clara: el sexenio priista desapareció el dinero público destinado a estudios sociales para mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, pues contrató a empresas que no existían.
En el caso Segalmex el asunto fue parecido: se contrató la compra de estudios, materias primas y transporte de éstas a empresas inexistentes y a empresas con conflicto de interés entre los funcionarios de la dependencia creada por López Obrador para administrar el plan de abasto alimenticio en las comunidades más marginadas del país.
La corrupción fue clara: el sexenio morenista desapareció el dinero público destinado a comprar alimento básico –como granos y leche– para mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, pues contrató a empresas que no existían.
¿Qué sigue?
El Senado deberá nombrar al comisionado que ocupará la vacante que dejará Francisco Javier Acuña Llamas antes del viernes, si es que se busca garantizar que el pleno del INAI no quede inoperante. Si no se cumple, hay otra posibilidad: el INAI ya interpuso un recurso ante el Poder Judicial para que le permita sesionar con mayoría simple, es decir, con 4 comisionados.
Eso, ya que la Constitución obliga al INAI a sesionar forzosamente con al menos 5 comisionados, pero el Senado es quien está incumpliendo con el nombramiento de 2 desde hace un año y, si no resuelve la salida de Acuña Llamas esta semana, incumpliría con uno más.