Fiscales de 18 estados de Estados Unidos, entre los que destacan California, Texas, Nueva York, Illinois y Pensilvania, entre otras entidades, acusaron prácticas comerciales negligentes e ilícitas en los fabricantes de armas que facilitan el contrabando de armas hacia México, que ha demandado a armerías desde 2021, por conducto del canciller Marcelo Ebrard, y que es una de las demandas de los últimos años por parte del gobierno mexicano para frenar la violencia en el país y como respuesta a su par estadounidense que también exige el freno en el tráfico de drogas, particularmente de fentanilo, de acuerdo con el periódico El País.
Cálculos oficiales reflejan que en México tuvo en el 2006 una tasa de homicidios de seis por cada 100,000 habitantes, hoy está en alrededor de 28 o 30 por cada 100,000 y lleva más o menos 15 años en estas cifras. Más de 30,000 muertos al año son casi 85 todos los días y aproximadamente uno cada 16 minutos.
“Los acusados y los carteles mexicanos están involucrados en un intercambio letal: los demandados proveen de armas de asalto y rifles para francotiradores que las organizaciones criminales utilizan para fabricar drogas y aterrorizar a ciudades enteras en México; los carteles, a cambio, importan esas drogas y siembran el caos en Estados Unidos”, se lee en un documento presentado ante la corte de apelaciones del primer circuito para respaldar las demandas del gobierno mexicano.
Los estados involucrados advierten que el Tribunal de Distrito “no consideró las enormes cargas económicas (y no económicas) que preserva la solicitud de demanda al inundar México con armas de fuego intencionalmente, los demandados (los 11 fabricantes causan un daño profundo en Estados Unidos Ha surgido un ciclo común: sus armas se compran en los Estados Unidos, a menudo con las ganancias de la venta de drogas ilegales”, señalan.
Inmunidad procesal
A finales de septiembre de 2022 se dio a conocer que un juez en Massachussets, desestimó la demanda del gobierno de México en contra de 11 fabricantes de armas en la que pedía 10,000 millones de dólares como reparación de daños, de acuerdo con un despacho informativo de Reuters.
El juez de distrito en Boston, F. Dennis Saylor, dijo que todas las denuncias de México contra Smith & Wesson Brands Inc, Sturm, Ruger & Co y otros acusados están prohibidas por la ley federal o fracasan por otras razones.
“La demanda ha tenido un gran impacto en la forma en que Estados Unidos ve el problema y no es el final de la estrategia legal del gobierno mexicano”, tuiteó el periodista especializado Ioan Grillo y autor de la trilogía El Narco.
En su argumento para desechar la demanda, el juez destacó que la corte tenía “empatía por los mexicanos”, pero que el tribunal tenía en cuenta la Protection of Lawful Commerce in Arms Act (más conocida por sus siglas, PLCAA), una polémica ley promovida en 2005 que blinda a la industria de armas por el mal uso de las mismas.
Demanda de México
El gobierno mexicano presentó en 2021 una demanda en una corte de Boston, en Estados Unidos, contra una decena de empresas a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.
Desde agosto de 2021, México presentó una demanda contra la empresa Smith & Wesson y otras diez armerías a las que acusó de presunta negligencia y falta de cuidado en su actuar, lo que asegura ha contribuido en el incremento de violencia en el país y que les ha traído cuantiosas ganancias a las empresas.
En ese entonces, el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, encargado de la demanda contra empresas armamentísticas de Estados Unidos, dijo que el daño que han hecho estas armas a México es "incalculable" más allá de la compensación económica que se pida en la corte.
"Están hablando de 10,000 millones de dólares, (pero) es incalculable el daño que esas armas le están haciendo a México y a los mexicanos. En el juicio tendremos que determinar una cifra", expresó el año pasado el abogado en entrevista con Efe.
Tras la inmunidad procesal, el gobierno federal demandó formalmente por segunda ocasión en octubre de 2022 a los fabricantes de armas en Estados Unidos que se ubican en Tucson, Arizona.
El canciller Marcelo Ebrard anunció la nueva demanda que se presentó en Arizona, contra cinco empresas ubicadas en ese estado de la Unión Americana.
En noviembre del 2021, las armerías solicitaron el desechamiento de la demanda bajo el argumento de que México no tiene capacidad para demandarlas, pues gozan de una llamada “inmunidad procesal” por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que desde 2005 escuda a los fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses de recibir demandadas por la vía civil por el mal uso de sus productos.