Arquitectos, constructores e ingenieros denunciaron en redes sociales que son víctimas de extorsión por parte de la Familia Michoacana, cuyos integrantes aseguran que son miembros de un sindicato denominado "Bicentenario" y, aunque la queja se dio desde cuentas oficiales de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), ésta se deslindó.
Fuentes extraoficiales señalaron que la CMIC no emitió comunicado alguno sobre esta situación y que, a la fecha, no han recibido denuncias formales sobre el tema; sin embargo, hasta el momento no han emitido un posicionamiento oficial sobre la inseguridad que enfrentan.
En la denuncia, se pide la intervención del gobernador Alfredo del Mazo en esta situación de inseguridad que vulnera el ingreso de las familias dedicadas al ramo de la construcción en el Estado de México.
“Este grupo delictivo llega a las obras con armas largas a amenazar a nuestros ingenieros, residentes y trabajadores; para obligarnos a comprar materiales en las minas que ellos dicen y para trabajar con los transportistas que ellos quieren con sobreprecios de hasta 30 por ciento”, se lee en la denuncia.
Además, se exhibe que el crimen organizado exige 10 por ciento de la utilidad de la obra a cambio de no secuestrar o asesinar a los trabajadores y/o sus familias.
“Es muy alarmante y no podemos más con esta situación ni podemos vivir con miedo, ni nosotros ni nuestras familias (...) estos hechos delictivos solo ahuyentan las inversiones que generamos así como los empleos, el crecimiento y el desarrollo en nuestra entidad”.
Si bien el secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez-Celis, aseguró que no tienen denuncias sobre esta operación criminal, adelantó que se reunirá con la CMIC Edomex para atender las inquietudes en la materia.
Este tipo de extorsiones ya habían sido denunciadas con anterioridad en diversos sectores, especialmente por el comercio de la zona sur de la entidad, incluso, los “narcoimpuestos” inspiraron la iniciativa que presentó el fiscal General de Justicia mexiquense en septiembre del año pasado para modificar el capítulo los delitos contra la economía del Código Penal estatal, concretamente actividades comerciales.
Este año, la Legislatura mexiquense aprobó incluir un apartado que le otorgue facultades a la FGJEM y pueda actuar cuando identifique actividades de acaparamiento comercial, súbito aumento de precios, monopolio de actores comerciales en determinadas áreas y puedan entrar a investigar en los negocios, sin necesidad de esperar una denuncia.
MRV