Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificara la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados para elegir a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a efecto de que la quinteta para elegir presidente sea integrada exclusivamente por mujeres, los legisladores de Morena alistan un decreto que busca poner un freno a las resoluciones jurídicas en materia electoral.
El proyecto de decreto en materia de principios, derechos y justicia política electoral, fue turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen.
En el planteamiento del problema, el proyecto advierte la adopción de disposiciones por parte de los órganos electorales que rebasan la esfera de sus competencias y suponen invasión de las competencias propias del Poder Legislativo supone una alteración del principio de División de Poderes, y por lo tanto del Estado de Derecho.
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“La problemática principal que se plantea es la adopción de determinaciones material y formalmente legislativas por parte de los órganos electorales que rebasan su función como garantes del sistema electoral. En ese sentido, se identifica que esta problemática ha surgido como consecuencia de la confusión conceptual existente entre la interpretación y la creación judicial del derecho”.
“Es por ello que se propone, por medio de la presente iniciativa, introducir en el texto constitucional el concepto del límite del tenor literal de la ley y la constitución como parámetro semántico de distinción entre interpretación y creación judicial del derecho”.
“También se busca, con la presente iniciativa, establecer mecanismos para garantizar que todas las personas tengan derecho a acceder al goce y ejercicio de sus derechos-político electorales en condiciones de igualdad”.
A su vez, se busca garantizar la División de Poderes al establecer que las controversias que se deriven de decisiones adoptadas por las Cámaras del Congreso de la Unión en ejercicio de sus facultades exclusivas, o aquellas que adopten sus órganos de gobierno con relación a sus regímenes interiores, sean conocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lugar de ser del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya competencia, por su naturaleza, se debe orientar a dirimir controversias que surjan en materia electoral.
De esta manera, las modificaciones a la Carta Magna que propone Morena es para que el Artículo 41, en materia electoral, las determinaciones que se adopten con relación a la implementación de acciones afirmativas tendrán el carácter de modificaciones legales fundamentales, y se sujetarán al límite del tenor literal de la ley y esta constitución.
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen “literalmente” esta Constitución y la ley.
“Los partidos políticos, en ejercicio de su autodeterminación y auto organización, establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados”.
El artículo 73, fracción XXXI, señala que “para establecer de forma exclusiva medidas afirmativas para el acceso de personas pertenecientes a grupos vulnerables al goce y ejercicio de derechos político-electorales, y para el cumplimiento del principio de paridad de género”.
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva y exclusivamente, las controversias que se susciten por normas generales, actos y omisiones y resoluciones regulados por las leyes electorales, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley.
El Tribunal Electoral dictará sus resoluciones conforme al límite del tenor literal de la ley y esta Constitución, y los principios expresamente establecidos en ésta.
“Los actos y demás determinaciones de las Cámaras en ejercicio de sus facultades exclusivas, las decisiones de sus órganos de gobierno y las que correspondan a sus regímenes interiores, quedan excluidas de la jurisdicción del Tribunal”.
La nueva presidencia del INE será ocupada, por primera vez en la historia, por una mujer a partir del próximo 4 de abril.