El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el pasado viernes 24 de marzo otorgó una suspensión contra toda la reforma electoral propuesta, conocida como el Plan B, tras señalar que el fin es que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.
Y, este domingo, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) anunció que impugnará la decisión de la SCJN. A través de un comunicado acusó que el ministro, Javier Laynez Potisek “arrancó hojas a la Constitución” y que desconoce las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales.
Conforme a los criterios de la propia SCJN, las medidas cautelares de esta naturaleza solo pueden otorgarse, en todo caso, respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos.
Aseguró que “no es común” que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque, afirmó, la Constitución no lo permite.
La mafia en el poder según AMLO
En su gira para la supervisión de obras del Tren Maya por el estado de Quintana Roo, y en breve entrevista que concedió a periodistas locales, el presidente López Obrador acusó que “los distinguidos miembros” del Máximo Tribunal son parte de la “mafia del poder” y partidarios de la oligarquía.
El pasado viernes, el ministro Javier Laynez Potisek, informó que concedió la suspensión de todos los artículos impugnados para que la situación “se mantenga en el estado en la que hoy se encuentra”, lo que no cayó bien al presidente López Obrador, quien señaló que a los integrantes del Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral (INE) están en contra de su reforma electoral porque “su único dios es el dinero”, haciendo hincapié en que, como funcionarios ganan más que él.
“Pueden (suspenderla) porque es la misma mafia. Son iguales que Ciro (Murayama, consejero del INE), que Claudio X. González, que los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. ¿Saben qué es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, ellos no quieren al gobierno del pueblo, entonces por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo”
La impugnación es otro revés a la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador, luego que el pasado 13 de marzo, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, destituido con la promulgación de dicha reforma electoral, se reintegró al organismo tras haber obtenido una suspensión definitiva para ser restituido en el cargo.
Los argumentos contra el Plan B de la reforma electoral
Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Corte, un amicus curie para respaldar los argumentos que justifican la suspensión de la primera parte del Plan B otorgada por el Ministro Alberto Pérez Dayán.
“Consideramos que es un tema de relevancia nacional con efectos graves y duraderos para nuestra democracia”, exponen las ONG a través de un comunicado.
Las organizaciones calificaron como “daño irreparable” las modificaciones propuestas en el decreto de reforma, pues “descontextualizan el concepto de propaganda gubernamental al permitir que los servidores o instituciones públicas promocionen su trabajo con fines políticos o partidistas, sin las limitaciones que marca la Constitución”.
También se permite “la propaganda gubernamental en los 3 días entre el fin de las campañas y el día de la votación”.
“Las consecuencias tendrían un efecto duradero en la percepción ciudadana sobre la legitimidad e integridad de las instituciones democráticas, además de suponer una ventaja permanente para ciertas fuerzas políticas y sus candidatos”, se lee.
La aplicación de las disposiciones del Plan B para las elecciones del Estado de México y Coahuila, detallan, viola el artículo 105 constitucional, que ordena que las leyes electorales se promulguen y publiquen al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral al que vayan a aplicarse. “En este caso, no se respetó este plazo, por lo que la suspensión es la medida para lograr que se cumplan los objetivos del mandato constitucional”.
Las organizaciones consideran que la suspensión es acorde con los criterios emitidos por la propia Suprema Corte en relación con la suspensión concedida para el segundo paquete de reformas solicitada por el INE en la controversia constitucional.
Las organizaciones que firmaron el documento son: Práctica: Laboratorio para la Democracia; Instituto de Estudios para la Transición de la Democracia; Causa en Común; Nosotrxs; Borde; Acción Ciudadana Frente a la Pobreza; Movimiento CUS; Red Global de Acción Juvenil GYAN México; así como Diálogo, Innovación y Cambio.