El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) debe buscar y proporcionar los documentos que certifiquen que el Consejo Académico conoció y aprobó la modificación al Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en torno a la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director de la institución, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al analizar el caso, la comisionada Norma Julieta Del Río Venegas advirtió que el Conacyt no consultó a todas las unidades administrativas competentes para conocer la información sobre lo discutido por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2022, informó el INAI a través de un comunicado.
La comisionada afirmó que la información relacionada con el proceso de recomposición y los cambios al interior de los centros públicos de investigación debe ser pública, sobre todo, en casos como el del CIDE, donde se han señalado irregularidades en el nombramiento de su Director General.
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El 12 de febrero de este año, se dio a conocer que la comunidad estudiantil del CIDE logró que las autoridades dieran a conocer el acta del nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como director de la institución; sin embargo a través de una solicitud de información vía Transparencia se reveló que no se contó con la firma del Consejo Académico.
“Desde el año 2021 estudiantes y profesores del CIDE han denunciado diversas irregularidades que han acaparado la atención de la opinión pública en general. A grandes rasgos, se afirma que el Conacyt impuso a un director ajeno a los intereses de la comunidad estudiantil, y que esto ha vulnerado la vida académica y la autonomía de los contenidos impartidos en este Centro”, explicó la comisionada al presentar el caso ante el pleno del INAI.
La resolución del INAI
Luego de que el Conacyt declaró la inexistencia de la información, una persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, y señaló que no se consultó a todas sus áreas competentes, como la Subdirección de Gobierno, Fortalecimiento e Integración de Centros Públicos de Investigación y la Subdirección de Análisis de Información.
El Conacyt argumentó que no existe fundamento para sostener que las modificaciones sometidas por los Asociados a consideración de la Asamblea General deban ser aprobadas previamente por el Consejo Académico, con excepción de las propuestas del Director General del Centro.
No obstante, el INAI determinó que estas áreas administrativas sí debieron ser notificadas, ya que la Dirección General se encarga de proponer y someter a aprobación la transformación de Centros Públicos de Investigación, así como de designar a los titulares de dichos centros y presidir sus órganos de gobierno; mientras la Unidad de Asuntos Jurídicos es responsable de revisar, validar, opinar o dictaminar sobre los aspectos jurídicos de los documentos, instrumentos normativos y demás asuntos relacionados con las atribuciones del Conacyt.
En virtud de eso, el Pleno del INAI le instruyó al Conacyt hacer una búsqueda exhaustiva a fin de que proporcione a la persona los documentos que certifiquen que el Consejo Académico conoció y aprobó la modificación al Estatuto General del CIDE.