Si el pleno del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) no puede sesionar por falta comisionados, tampoco puede garantizar el derecho de todos los mexicanos a saber qué hace el gobierno con el dinero público y a que se respeten sus datos personales. Es por eso que si el gobierno no nombra a los nuevos comisionados, estos dos derechos no tienen garantía de ser protegidos.
El Senado de la República tardó un año en nombrar a 2 comisionados que salieron del INAI, a pesar de que los senadores integrantes de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana realizaron entrevistas, exámenes e integraron dos listas de nombres con los mejores puntajes y perfiles.
Hasta un año después de eso, el pleno del Senado mexicano decidió nombrar a Yadira Alarcón y Rafael Luna como los nuevos comisionados; en medio de acusaciones por conflicto de interés y falta de capacidad, pues no fueron de los mejor evaluados. De hecho, en el caso de Rafael Luna, fue el segundo peor evaluado.
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Luego de ese nombramiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió objetar la decisión del Senado y aplicó el veto presidencial a esos nombramientos. Con el tiempo encima, el INAI regresó a la incertidumbre de no saber si en 15 días entrará en lo que sus comisionados calificaron como “inoperancia sustantiva”.
El pleno del INAI solo puede sesionar si tiene al menos 5 comisionados de los 7 que deben componerlo. Así ha trabajado por un año, pero a partir del 1 de abril, cuando termina su periodo el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, se quedaría con 4 integrantes, por lo que no podría sesionar.
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El derecho a saber
Desde su creación, en 2002 con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI se encarga de garantizar un nuevo derecho para los mexicanos: el acceso a saber qué hace el gobierno, con qué recursos, por qué motivos.
Ese derecho es universal, pero hasta antes del INAI, los mexicanos no tenían cómo garantizar que les fuera validado por el gobierno que –luego de 70 años de hegemonía de un partido político– nunca había practicado una transparencia proactiva, es decir, nunca el propio gobierno había informado a la ciudadanía qué hacía con los recursos que son de todos.
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Con diversas reformas a la Ley Federal de Transparencia, los mexicanos fueron ganando terreno: el gobierno no solo debe informar sobre todas sus compras, construcciones, los permisos que otorga y las contrataciones de personal que hace; sino que debe responder lo que sea que se le pregunte, que sea de interés ciudadano.
Cuando el gobierno no responde de manera clara, precisa y exhaustiva –o cuando ni siquiera responde–, el INAI puede obligarlo a hacerlo. Eso a través de recursos que la misma ciudadanía puede interponer como quejas cuando considera que el gobierno no le responde como debería hacerlo.
Pero sin un pleno completo, o al menos con 5 de los 7 integrantes que debe tener, el INAI no puede obligar al gobierno a responder. Así, la ciudadanía debe conformarse con la información que el gobierno responda a su gusto o la que se digne a hacer pública a través de plataformas de transparencia proactiva, muchas veces desactualizadas.
Derechos al gusto
“Los derechos y las libertades públicas no son un asunto de gustos, de afinidades o del parecer de los ciudadanos o de las propias autoridades”, así resumió el comisionado del Francisco Javier Acuña Llamas lo que ocurrió con el veto presidencial al nombramiento de dos comisionados.
En su exposición de motivos para objetar la decisión del Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que tanto Yadira Alarcón como Rafael Luna no son los mejores perfiles para integrarse como comisionados al pleno del INAI.
Incluso, de Rafael Luna acusó “un posible conflicto de interés”, pues se ha desempeñado como consejero jurídico del Senado y ha tenido aspiraciones políticas cercanas a partidos específicos.
Lo cierto es que antes del nombramiento de Yadira Alarcón y Rafael Luna se dijo que era interés del presidente que no se dotara al INAI de sus nuevos comisionados –como ya sucedió con otros organismos autónomos– para dejarlo inoperante y “dejarlos morir por inanición”.
Así lo aseguraron legisladores de la oposición como Xóchitl Gálvez, quien en enero de 2022 lo dijo con todas sus letras a La Silla Rota: “no han salido estos nombramientos porque no ha habido interés del partido gobernante, porque en el fondo lo que quisieran es desaparecerlos”.
Para ese momento, el Senado tenía pendientes casi 90 nombramientos.
“La constitución exige que los derechos fundamentales no caigan en una situación de falta de tutela por la inacción de las instituciones que de manera directa o indirecta están creadas para dar satisfacción a esos derechos”.
Así remató el asunto el comisionado Acuña Llamas, quien saldrá del INAI en 15 días, durante la sesión extraordinaria donde el pleno del instituto anunció que presentará una controversia constitucional para obligar al Senado a cumplir con esos nombramientos.