La iniciativa que enviaría el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados para proponer desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no se resume a un tema de austeridad, sino un golpe a su estructura, así lo consideraron expertos en entrevista con La Silla Rota.
Este jueves, el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, Francisco Ciscomani, aseguró que la propuesta del presidente de la República pretende ahorrar el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva para invertirlo en programas sociales. De acuerdo con datos del periódico Reforma, el ahorro sería de 123.2 millones de pesos.
"La Secretaría Ejecutiva ha seguido el clima de austeridad al pie de la letra, tan solo el año pasado redujo en más del 40 % su presupuesto y en 20 % su planilla laboral. Es un brazo que coadyuva a la defensa del SNA".
"La iniciativa del presidente me preocupa porque, si bien es loable la intención de presidente de enviar este dinero a programas sociales, la labor de la Secretaría Ejecutiva es indiscutible y necesaria para concretar el Sistema Nacional Anticorrupción".
El SNA es un proyecto de colaboración entre dependencias, cada una con funciones diferentes que abonan al combate a la corrupción a nivel nacional y estatal, parte del Sistema está conformado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados.
En el evento de este jueves estuvieron presentes representantes de estos organismos autónomos y de la SFP. Sin embargo, ninguno de ellos hizo eco del llamado de Ciscomani para que se defienda la permanencia de la Secretaría Ejecutiva, tal como existe ahora. Incluso, al concluir su discurso, los representantes del Inai y la SFP solo felicitaron a Ciscomani por su tiempo en el cargo, que concluye próximamente.
Para la organización Comité de Participación Ciudadana el Sistema Nacional Anticorrupción fue concebido como un instrumento de Estado para el control y combate de corrupción desde una perspectiva que privilegiara la coordinación y la ciudadanización. “Esta perspectiva pretende combatir la nociva desarticulación de los esfuerzos institucionales del Estado mexicano, así como la exclusión sistemática de la sociedad civil en la lucha contra uno de los problemas que más le afrenta y lacera”.
Advirtió que se defenderá el diseño institucional y ciudadano del Sistema y, estará atenta a las sugerencias que puedan mejorarlo.
“En este sentido, consideramos que existe una gran oportunidad para hacerlo mediante una plataforma de parlamento abierto que permita el diálogo entre la sociedad y legisladores que presenten o analicen propuestas para reformar el Sistema, esto con el objetivo de promover la transparencia y la rendición de cuentas sobre las decisiones legislativas en esta materia.
“Por tal motivo, en próximos días convocaremos a organizaciones de la sociedad civil, academia, sector privado y la cooperación internacional, para intercambiar impresiones y establecer propuestas que nos permitan acércanos a los diferentes cuerpos legislativos para acompañar el proceso de toma de decisiones respecto de las iniciativas o propuestas de reforma a las leyes y reglamentos en materia de combate a la corrupción en México.
#Entérate?? #CPCComunica??Conoce el posicionamiento del @ComiteCPC #YoconelSNA?? pic.twitter.com/XyQoe6GU3c— CPC (@ComiteCPC) January 28, 2022
AUTÓNOMOS: UNA MUERTE POR INANICIÓN
El pasado 19 de enero, en la Mesa de Opinión de La Silla Rota y El Heraldo de México, la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, afirmó que la falta de 89 nombramientos en organismos autónomos y descentralizados “se trata de un plan del gobierno federal para hacer morir a los organismos autónomos por inanición”, al no designarles responsables.
Además, de acuerdo con la senadora, el gobierno federal no está de acuerdo con el trabajo que realizan los organismos autónomos, debido a que “resultan obstáculos al momento de intentar violar la ley”.
"Al actual gobierno sí le molesta el papel de la Cofece, porque es un gobierno al que le gusta violar la ley, es el caso de la ley de la industria eléctrica que a todas luces es inconstitucional”.
Entre los órganos que aún se encuentran incompletos está la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y en los próximos meses quedarán vacantes dos posiciones en el Inai.
VAN POR LO QUE PUEDEN ELIMINAR
De acuerdo con los expertos, la desaparición de la Secretaría Ejecutiva no significa solo la eliminación de una nómina para ahorrar recursos, sino que se elimina una parte relevante del Sistema Anticorrupción, pues se trata de la cabeza que coordina los trabajos.
Eduardo Bojórquez, director general de Transparencia Mexicana, planteó que "el borrador de iniciativa que circuló abre una discusión innecesaria. La Secretaría Ejecutiva es un órgano pequeño, eficiente, que permite articular acciones anticorrupción entre poderes autónomos del estado”.
Destacó que, además, la Secretaría Ejecutiva “es responsable de integrar en un solo sitio las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de todo el país, dando servicio no solo al Gobierno Federal sino a tres poderes y 32 entidades federativas. Como todo órgano administrativo y de gobierno puede mejorarse, pero si analizamos su costo con relación a sus beneficios, saldría más caro desaparecerla que potenciarla".
Este jueves, durante la sesión que celebró el Comité Coordinador del SNA, Francisco Ciscomani, destacó que la Secretaría Ejecutiva “es un brazo imparcial” en la lucha anticorrupción y que, “en apego a la política de austeridad que rige esta administración, redujo su presupuesto en 2021”.
Desde hace un año, el presidente López Obrador ha reiterado su interés en la desaparición de órganos autónomos para que sus labores sean “reasignadas” a dependencias federales.
Ha argumentado que éstos generan duplicidad de funciones y gastos onerosos en términos de austeridad republicana; pero también ha dejado ver su desconfianza a la labor que realizan como entes autónomos en materia de corrupción y transparencia contra su administración.
La Silla Rota documentó, en diversos momentos, cómo dependencias federales han mostrado opacidad para responder a solicitudes de información en materia de adjudicaciones directas en temas de salud y construcción; y cómo evaden responder a las declaraciones 3 de 3 en términos de transparencia.
En un reportaje publicado por esta casa editorial el 8 de enero de 2021, se reveló que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido cuatro veces más recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que el gobierno anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con datos obtenidos por La Silla Rota, en 2020, el gobierno que encabeza López Obrador recibió cuatro mil 491 recursos de revisión por solicitudes de transparencia que no han sido solventadas ante los ojos de la ciudadanía, mientras que, en 2018, el gobierno de Peña Nieto recibió 792 recursos.
Apenas en noviembre pasado, el gobierno de López Obrador fue acusado de propiciar la opacidad al decretar que se considere como temas de seguridad nacional las obras emblemáticas de su administración, como la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" (AIFA), en Santa Lucía, Estado de México.
¿POR QUÉ LA SECRETARÍA EJECUTIVA?
Kermvirg Puente, académico de la UNAM con especialidad en temas de transparencia y temas legislativos, explicó que “la Constitución no habla de la Secretaría Ejecutiva del SNA, por eso, seguramente quien haya redactado esta reforma, dijo ‘solo vamos a señalar la Secretaría Ejecutiva’, porque es para lo único que les alcanza con los votos que tienen en el Congreso".
El experto se refirió a que, en la nueva conformación del Congreso, en la 65 Legislatura, Morena y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada (el voto de dos terceras partes del pleno) para aprobar modificaciones a la Constitución; por esa razón, el tema de la iniciativa presidencial en materia de Reforma Eléctrica está entrampado. Pero sí tiene la mayoría simple (la mitad más uno), para desaparecer la Secretaría Ejecutiva.
“Porque, entonces, ¿qué entidad o área va a encargarse de dar seguimiento a la implementación de las políticas en materia de anticorrupción? ¿O cuál va a ser el órgano que dará seguimiento a los acuerdos del comité coordinador? Sí está desaparece lo único que hará es obstaculizar el SNA, pero no abre su desaparición".
Añadió que la propuesta está en apego de la visión del presidente “que no requiere un entramado institucional ni de procedimientos cómo los establecidos en la ley general para combatir la corrupción. En su opinión este combate debe darse por otros medios que no involucran necesariamente a la sociedad civil organizada y otros actores”.
Sin embargo, destacó que habrá que poner atención en la finalidad de desaparecer la Secretaría Ejecutiva. "Una cosa es cambiarla de adscripción, que deje de tener el carácter de apoyo técnico que tiene actualmente; y otra su plena desaparición y estar adscrita a una secretaría de Estado", dijo.
Desglosó que dicha Secretaría no equivale a la totalidad del SNA que sí está previsto en el artículo 113 constitucional. Y que el SNA no puede desaparecer de la Carta Magna porque involucra a un conjunto de autoridades.
“No puede desaparecer el Comité Coordinador ni a sus integrantes que incluyen al Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el INAI, el Consejo de la Judicatura, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública; y un representante del Comité de Participación Ciudadana. Aunque La Secretaría Ejecutiva no es menos importante, es básicamente un organismo que funciona como apoyo técnico”.