El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tiene otro problema encima en los Estados Unidos, pues tiene otro frente legal abierto en Miami.
Luego de que el jurado declarara culpable a uno de los hombres fuertes en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa por el delito de narcotráfico, Genaro García Luna tiene pendiente una demanda en Miami lavado de fondos “robados”, con la que el gobierno de México busca recuperar hasta 700 millones de dólares.
Genaro García Luna fue declarado culpable este martes por los cinco cargos que enfrentaba en un tribunal de la Unión Americana. Se trata de tres cargos por tráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y otro más por dar declaraciones falsas.
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La demanda fue interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda del gobierno de México.
Este recurso fue presentado en 2021 ante los tribunales del condado de Miami-Dade. En este se acusa también a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, como "participante principal" de una "compleja" red que usó al menos 40 empresas y fideicomisos para sus propósitos.
La demanda se encuentra inactiva desde diciembre pasado debido a una apelación aun no resuelta.
¿EN QUÉ CONSISTE LA ACUSACIÓN?
En esta otra causa civil en Miami el exsecretario de Seguridad está acusado de liderar una trama que "robó" fondos del Gobierno de México por medio de "contrataciones ilícitas" y luego "blanqueó esos fondos robados en Estados Unidos y otros lugares".
En concreto, mientras fue secretario de Seguridad, e incluso de después de dejar el cargo, García Luna contó con "una extensa red de socios" a través de la cual obtuvo contratos de varias entidades y agencias del gobierno mexicano "por cientos de millones de dólares", según la demanda.
En la demanda se especifica que la cantidad a recuperar es a partir de 250 millones de dólares, según una escala establecida por la justicia, pero desde México el Gobierno ha dicho que son 700 millones.
Además del matrimonio García Luna están demandados en Miami seis de esos socios como presuntos lavadores del dinero robado principalmente mediante la compra de inmuebles y artículos de lujo en Florida.
El escrito judicial señala que cada uno de los participantes de esta trama que operó por lo menos hasta 2018 tenía un rol específico.
La acusación dice que García Luna era el "arquitecto principal" y coordinó y autorizó "los contratos ilegales celebrados por las agencias de seguridad mexicanas" valiéndose "del soborno, la manipulación de ofertas y/o la corrupción".
Su esposa, de acuerdo con la UIF, participó de forma "activa" en esta trama al encargarse de las operaciones diarias de la gestión de un dinero, que "sabía que le había sido robado al gobierno de México", por medio de una serie de empresas en Estados Unidos y "para adquirir múltiples bienes inmuebles en Florida", muchos de ellos ubicados en el condado de Miami-Dade.
(Con información de efe)