La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) realizó pagos a empresas que no acreditaron contar con las facturas e instrumentos de administración necesarios, entregó incentivos a productores que no contaban con la documentación requerida y esas irregularidades sumaron 2,354 millones de pesos.
La Silla Rota ha dado seguimiento puntual al caso Segalmex, que en los últimos cuatro años ha sido acusada de diversas irregularidades, a pesar de que en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta dependencia sería clave en su gestión para proteger a la población de escasos recursos.
En el rubro de desarrollo económico, entre los datos que entregó la ASF a los diputados federales resaltan las observaciones por aclarar, que ascienden a 2,354 millones de pesos sumando a las divisiones Diconsa y Liconsa y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
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Pero tan solo en Diconsa, la división de Segalmex que se ha caracterizado por presentar el mayor número de irregularidades, queda pendiente por aclarar 1,462 millones de pesos, específicamente en el programa de abasto rural.
Auditoría a empresas
La primera aclaración pendiente de solventar es sobre la gestión financiera de la compra y venta de maíz y su control de inventarios; así como la gestión financiera de las erogaciones por la adquisición de bienes y prestación de servicios.
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Según este informe, en 2021, Segalmex no cumplió con las disposiciones legales y normativas para contratar empresas; esto significa que les pagó miles de pesos sin corroborar si realizaron o no los servicios contratados.
Se trata de la renta de equipos de laboratorio, unidades vehiculares, adquisición de materiales, contratación de servicio de fletes, equipo de centros de acopio y administración de personal. Además de servicio integral de guarda, custodia cribado y envasado; así como almacenaje, guarda, custodia de fertilizante.
“Realizó pagos sin contar con la documentación que acredite que se cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en los contratos y anexos únicos y que los servicios se prestaron de acuerdo con lo solicitado por Segalmex”.
Algunas de las empresas referidas son Arrendamiento de Equipo de Laboratorio, Pesaje y Bandas Transportadoras, Forza Arrendadora Automotriz, Bretus Obra y Construcción, Membranas Plásticas Internacionales, Sistemas Ecológicos para el Control de Plagas, Versaflex y Emzo Real Solutions.
El monto general por aclarar es de 777,325,290.19 pesos.
Auditoría a productores
En otra auditoría, se detectó que Liconsa entregó dinero a manera de “incentivo” a productores que no acreditaron contar con las facturas e instrumentos de administración necesarios.
“Se identificó una pérdida de 55.9 miles de pesos, correspondientes a 9.230 toneladas de maíz blanco nacional del ciclo agrícola Primavera-Verano 2020, en el Centro de Acopio B-07-108-0120-017 (Jesús M. Garza), sin acreditar el haberlo notificado a la afianzadora para hacer válido el seguro. Se determinaron 106,881,795.24 pesos pendientes por aclarar”, detalla el informe.
Segalmex, piedra en el zapato de la 4T
Cabe recordar que Segalmex, antes llamada Conasupo, ya tenía irregularidades desde gobiernos anteriores. En general se trata de convenios multimillonarios que favorecieron, a través de Liconsa, a empresas fantasma. Segalmex ha sido señalada por desvíos por poco más de 12,000 millones de pesos.
Cabe recordar que Segalmex anunció hace unos meses que realizaría una auditoría externa para vigilar su presupuesto durante este año.
En agosto de 2022 el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, adelantó que Segalmex podría registrar desvíos por poco más de 9,500 millones de pesos entre 2019 y 2021, es decir durante el primer trienio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas cifras son paralelas a la investigación que realiza por su cuenta la ASF.
Específicamente estarían relacionados con compras fantasma e inventarios de productos que no existen.
Por ejemplo, reporta en inventarios cantidades superiores de maíz de los que en realidad tiene; y cuando se cotejaron las cifras resultó que la cantidad de semillas que en realidad tenía fue apenas la cuarta parte de lo que informó tener en papel.
Además, se detectaron contratos con empresas que podrían catalogarse como factureras ya que no tienen trabajadores nuevos registrados ante el IMSS.
Algunos de los detenidos por este caso son el exdirector de Finanzas de Segalmex, René Gavira; mientras que su ex titular Ignacio Ovalle fue relevado por Leonel Cota, ex gobernador de Baja California, ex Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y uno de los hombres cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En enero Segalmex modificó un contrato firmado con la empresa Mexicana de Industrias y Marcas para abastecer leche en Veracruz. Inicialmente planteó un costo total de operación por casi 10,000 millones de pesos, pero después la cifra fue modificada a 625 mil 950 pesos, es decir menos del 10% de la cifra indicada inicialmente.