Este miércoles se presentó una iniciativa para ponerle un plazo específico al tiempo máximo que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda llevarle el análisis de una acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, en referencia a las demandas presentadas en contra del “plan B” a la reforma electoral impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Por increíble que parezca, no existe un plazo para la corte y lo que está pasando es que los temas de mayor interés nacional que se votan en el legislativo terminan en la SCJN y la SCJN o parte de ella le hace el trabajo sucio al presidente de la república y deja los temas más importantes dormir el sueño de los justos”, expresó este miércoles el senador Damián Zepeda.
El legislador reclamó que “en este país cuando el tema es del poder judicial rapidito lo resuelven, la ley de remuneraciones en unos cuantos meses tienen la solución, porque les interesaba al poder judicial que no hubiera tope, ah pero cuando los temas han sido polémicos en contra del gobierno, dos años y medio tardaron en resolver el acuerdo de la militarización de la seguridad pública del país”, agregó.
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“No les parece que era importante que la SCJN se manifestara y dijera que era inconstitucional que el presidente estuviera militarizando el país”, dijo Zepeda.
“La corte no puede tener un manejo discrecional de tiempos tiene que comportarse como un tribunal constitucional, no me quiero meter en cómo resuelven, pero no pueden tardarse años y dejar a los mexicanos sin una resolución”, expresó el legislador.
Así, Zepeda propuso un tope máximo de 90 días naturales, es decir tres meses máximo, para que la Corte resuelva sobre el plan B de la reforma electoral. “Justicia que no es pronta, no es justicia, compórtate como tribunal constitucional”, dijo.