El primer amparo en contra del llamado Plan B de la reforma electoral fue admitido este martes por el juez federal segundo de Distrito en Materia Administrativa, German Cruz Silva.
La admisión del amparo es sobre la Ley General de Comunicación Social (LGCS), las cuales impiden que los ayuntamientos destinen más del 0.1 por ciento de su presupuesto a propaganda gubernamental. El recurso de amparo fue promovido la semana pasada por la Asociación de Municipios de México en contra de las modificaciones a la LGCS.
Las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social generaron descontento entre los ayuntamientos de Ciudad Lerdo, Durango, e Irapuato, Guanajuato, quienes alegaron que el gobierno federal les limitó el presupuesto para promocionar sus acciones en los medios de comunicación, por lo que se unieron a la Asociación de Municipios de México para presentar el amparo.
Te podría interesar
INE presenta controversia contra Plan B
El pasado 1 de febrero, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional en contra del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre de 2022, el llamado Plan B de la reforma electoral.
“Dicho recurso se interpuso, debido a que las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto publicado crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”, expone el INE en un comunicado.
El instituto argumenta que la Constitución establece que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado.
No obstante, advierte el INE, la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, “so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”.
En su recurso de inconstitucionalidad, el INE considera que el citado Decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con lo cual se impide al INE ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda.
Senado discusión Plan B
Este martes, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, anunció en su cuenta de Twitter que el Plan B de reforma electoral secundaria, se discutirá en comisiones unidas el martes 21 de febrero.
Se trata de la comisión de Gobernación que preside la morenista Mónica Fernández; y la de Estudios Legislativos que preside en priista Manuel Añorve.
Monreal detalló que, en caso de ser aprobada esta reforma, podría votarse ante el pleno el miércoles 22.