Un inquietante suceso sacude al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras el asesinato de un vendedor de dulces en la colonia Roma. El cuerpo de la víctima, de aproximadamente 40 años, fue encontrado junto a un mensaje que contenía amenazas dirigidas a tres altos funcionarios del IMSS, instándoles a renunciar en menos de 24 horas, de acuerdo con la columna de Mario Maldonado publicada este 19 de diciembre.
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Las investigaciones indican que el vendedor tenía conexiones con directores del IMSS y actuaba como intermediario en transacciones relacionadas con licitaciones, facilitando información a través de dispositivos USB. Los funcionarios señalados incluyen a Daniel Esteban Ramírez Garcen, Karina del Rocío Sarmiento Castellanos y Jesús Eduardo Thomas Ulloa, quienes habrían participado en compras directas, sobreprecios y malversaciones que ascienden a miles de millones de pesos en contratos en diversas regiones del país.
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El cambio de compras consolidadas a nivel nacional a compras regionales ha facilitado la manipulación y asignación discrecional de contratos, beneficiando a empresas señaladas en el mensaje encontrado en la colonia Roma. Entre estas se encuentran Grupo Osherx SA de CV y PCB Empresarial Monterrey SA de CV, vinculadas al exfuncionario René Gavira Sagreste, recientemente detenido por fraude, resalta la columna de Opinión. Aldo Díaz Pérez, apoderado legal de algunas de estas empresas y exsubdirector de Venta Comercial en Liconsa, también figura en la lista de involucrados.
Segalmex, conviene recordar, ha estado bajo escrutinio por irregularidades financieras. Una auditoría a la gestión financiera de la entidad reveló discrepancias significativas en los inventarios de maíz y frijol. Se reportó un saldo de 1 mil 819 millones 544 mil 700 pesos, pero los inventarios físicos de maíz solo sumaban 323 millones 298 mil 500 pesos. La existencia física de 1 mil 496 millones 246 mil 200 pesos de ambos granos no pudo ser constatada.
Así operaba Gavira Sagreste en Segalmex
El pasado 7 de diciembre fue reportada la detención del ex directivo de la dependencia federal, vinculado a un desvío de 700 millones de pesos. A finales de marzo de este año el ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana obtuvo una suspensión definitiva contra su posible detención por parte del Ministerio Público. Un juez de Amparo del Estado de México concedió esta protección.
Gavira y Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial, son identificados como los principales responsables de un esquema de corrupción que resultó en el saqueo de las cuentas de Segalmex. Ambos operaban bajo la supervisión de Ignacio Ovalle, un funcionario de alto rango designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Fiscalía General de la República (FGR) no centró sus investigaciones en Ovalle. El presidente López Obrador ha defendido en varías ocasiones a Ovalle, al asegurar que no actuó con mala intención sino que fue engañado por un grupo de políticos del PRI con prácticas corruptas.
El modus operandi de este grupo involucraba la firma de contratos millonarios por productos que nunca se entregaban. Durante la gestión de Ovalle, Segalmex adoptó una práctica conocida como “recepción jurídica”, misma que no tiene mucho uso en la administración pública. Esto permitía que Segalmex pagara la totalidad de los contratos a los proveedores, mientras que estos retenían los productos hasta que fueran solicitados. Sin embargo, en muchos casos, los proveedores no entregaban el 100% de lo acordado, provocando un daño a las finanzas públicas.
Las anomalías financieras en Segalmex durante la actual administración federal, resultaron en la salida de Gavira Sagreste, quien había desempeñado un papel clave en la dirección de Administración y Finanzas. Bajo su gestión se otorgaron contratos millonarios ahora observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otros procedimientos discrecionales sin licitación. La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso sanciones tras la exhibición de estas irregularidades.
Derecho de réplica
El empresario Aldo Díaz, por su parte, en una carta aclaratoria señaló que se le vincula erróneamente como representante legal de varias empresas. En la carta, Díaz enfatiza los siguientes puntos:
Desvinculación Empresarial: Aclara categóricamente que no tiene ninguna relación ni conocimiento con las empresas mencionadas en el texto. Niega ser su representante legal de cualquier manera.
Posición de Ethomedical: Díaz reconoce ser el líder de Ethomedical, una empresa proveedora de medicamentos en el sector público y privado. Destaca que su compañía siempre ha operado con total transparencia y cumplimiento normativo en todas sus transacciones comerciales.
Llamado a la Investigación: Ante las insinuaciones en la columna sobre posibles prácticas indebidas en el sector, Díaz insta al Órgano Interno de Control del IMSS y a las autoridades pertinentes a llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer cualquier irregularidad que pueda existir, asegurando que tales prácticas perjudican a la industria y a los pacientes que requieren medicamentos y tratamientos adecuados.
Disposición para Verificaciones: Díaz muestra su disposición para colaborar y verificar cualquier información relacionada con Ethomedical o con él mismo, antes de que se publique de manera incorrecta.