A seis años de su creación, las comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas, coordinadas por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), han generado impactos y resultados “muy limitados” porque no solo devuelven gran parte de su presupuesto al Estado, sino que una de cada tres de las 32 funciona con menos de diez personas y dos son unipersonales. Así lo menciona el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo único del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su más reciente reporte en materia de desapariciones este año.
Titulado “Informe temático sobre la situación de personas desaparecidas para el 4o exámen periódico universal de México”, el documento también destaca que “el presupuesto de la CNB ha crecido en los últimos años hasta llegar a 198 millones de pesos para 2023. También ha crecido el presupuesto disponible para subsidios en beneficio de las comisiones locales (811
millones de pesos para 2023), pero muchos de estos subsidios suelen devolverse porque no se ejecutan”.
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Agrega que, “en general, los recursos humanos, económicos y técnicos de las comisiones locales de búsqueda siguen siendo insuficientes para la cantidad de personas que deben ser buscadas. Hasta la fecha, no ha habido rendición de cuenta del Sistema Nacional de Búsqueda: nadie sabe a cuántas personas ha hallado cada comisión de búsqueda, en qué circunstancias, y si han sido halladas por acciones oficiales o por acciones de las familias”.
Lo anterior cobra relevancia porque, en días recientes, familiares de víctimas han salido a reprochar el “ajuste” de cifras de desaparecidos y personas no localizadas que anunció el pasado 14 de diciembre la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Luisa María Alcalde Luján, quien aseguró en una conferencia mañanera que la cifra actual de desaparecidos en México es 12,377 personas y no 110,964, como lo había oficializado la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) el 22 de agosto, días antes de la renuncia de Karla Quintana, comisionada nacional.
Crecimiento lento
Fue en noviembre de 2017 cuando se publicó la Ley General en Materia de Desaparición que plantea una división funcional entre la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de los hechos como en otros países de la Región latinoamericana. Dicha legislación también ordenó la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y las comisiones de búsqueda estatales.
Para el ejercicio fiscal del 2024, la Segob propuso un presupuesto de mil 149 millones 899 mil 182 pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un ligero aumento a los mil 100 millones de pesos que recibió este año tras modificaciones.
Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en representación de la Comisión Nacional de Búsqueda, dijo el pasado 17 de octubre durante una reunión con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que la CNB “ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Tomar en cuenta que solamente en el año 2019 esta institución contaba con 400 millones y que esto ha finalmente ido incrementando las capacidades institucionales de esta institución y sus objetivos.