La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República no ha entregado a la Secretaría de Hacienda los documentos que acrediten la necesidad de sus operaciones de compra vía la adjudicación directa durante los años 2022 y 2023, es decir, para justificar la excepción de licitación pública.
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Dicho hallazgo es parte de la auditoría de “Gasto Corriente” que llevo a cabo el Órgano Interno de Control a la Unidad de Administración y Finanzas de la Consejería Jurídica de la entidad del Ejecutivo Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
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“De la revisión de la documentación remitida por la Unidad de Administración y Finanzas se determinó como resultado preliminar que no se presentaron las justificaciones a la excepción a la licitación publicas correspondientes al ejercicio fiscal 2022 y 2023 ante el Órgano Interno de Control, en incumplimiento del artículo 8 de la Ley Federal Austeridad Republicana”.
Los auditores determinaron que a pesar de que se presentó documentación para justificar las inconsistencias, no “fue suficiente para solventar los términos del hallazgo determinado, toda vez que no se presentó la totalidad de las justificaciones de los procedimientos de contratación”.
De acuerdo con la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las dependencias y entidades pueden elegir llevar a cabo una licitación pública o directa, para lo cual debe ser fundada conforme a los lineamientos establecidos.
“La selección del procedimiento de excepción que realicen deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que ocurran en cada caso criterios de economía para obtener las mejores condiciones para el Estado, y señala además que, el acreditamiento del o los criterios en los que se funda, así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmados por el titular del área usuaria de los bienes o servicios”.
Una de las principales irregularidades es la falta de certificaciones de adjudicación en siete casos llevados a cabo en 2022, cada una de ellas por más de 10 mil pesos.
“Del análisis a los reportes mensuales de las contrataciones públicas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, se reportaron 129 contrataciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2022, de las cuales 40 superaron los $10,000.00 pesos por lo que fue necesario emitir la certificación presupuestal, no obstante, de esas 40 certificaciones, el área auditada solo presentó 33, por lo que se notificó como resultado preliminar que la Unidad de Administración y Finanzas no presentó 7 certificaciones presupuestales”.
Además, los auditores detectaron que en los 33 casos, los documentos “asignaciones presupuestales (original y modificado) cuentan con deficiencias en cuanto al llenado”. Las irregularidades fueron detectadas en la “Asignación original”, la cual no especifica la autorización y no respalda las contrataciones de arrendamientos y servicios del CJEF.
“Debido a lo anterior, se notificó como resultado preliminar, que la Unidad de Administración y Finanzas de la CJEF. No presentó la totalidad de las suficiencias presupuestarias de las contrataciones, arrendamientos y servicios de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal llevadas a cabo en el ejercicio fiscal 2022 y que rebasaron $10,000.00”.
En el documento, también se detalla que la CJEF carece de documentos para conocer ¿cuántos? convenios se llevaron a cabo en 2022, ya que la institución reconoce 129, sin embargo, en la revisión se identificaron 135.
“De manera adicional, se determinaron diferencias en el número total de contrataciones realizadas en 2022, ya que en el reporte mensual de contrataciones que se remite al OIC se contabilizaron 129 contratos, en tanto que en la primera sesión ordinaria 2023 del COCODI, la institución reportó´135”.
Los auditores incluyeron otro señalamiento relacionado con la falta de documentación para comprobar los contratos DRMSG/SSG/2023, DRMSG/SSG/020/2023, por lo que se desconoce si se registraron y se destinaron los recursos para lo cual fueron solicitados.
“Derivado de ello, se concluyó que la Unidad de Administración y Finanzas no presentó la documentación justificativa y comprobatoria de los contratos números DRMSG/SSG/2023, DRMSG/SSG/020/2023 y el periodo 004/2022, por lo que el Órgano Interno de Control no contó con los elementos necesarios para verificar que los recursos públicos utilizados mediante presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y 2023 de la CJEF se registraron y administraron con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.