En marzo pasado la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) señalado de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, hoy el diario Reforma revela que el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación de Toluca determinó la no vinculación a proceso contra Dávila Amerena.
El tribunal confirmó la no vinculación a proceso al señalar que carecer de datos de prueba de imputación por parte de la FGR contra el exfuncionario por la presunta compra simulada de 7 mil 800 toneladas de azúcar por 142 millones de pesos.
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En marzo de este año, cuando el exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex fue detenido, las pruebas presentadas para vincularlo a proceso no fueron contundentes y un juez de control determinó que no existen elementos para su vinculación, por lo que fue liberado. Durante una audiencia que se llevó a cabo en juzgado adscritos al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, el juez Gregorio Salazar Hernández, solo vinculó a cuatro personas por las investigaciones realizadas hasta el momento.
De acuerdo con la FGR se desviaron de 142 millones 440 mil 883 pesos que supuestamente se utilizaron en la compra de insumos en Segalmex, pero nunca fueron entregados a los habitantes.
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Las cuatro personas vinculadas hasta el momento por delincuencia organizada son: Artemio Gutiérrez Rodríguez, ex subjefe del Almacén Rural de San Luis de la Paz, Guanajuato; Simón Escobar Copca, ex jefe del Almacén de Diconsa en Querétaro; y Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora de Control Presupuestal de Liconsa.
También a Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de Carregín, empresa, a través de la cual, según el Ministerio Público fueron adquiridas las cuatro mil 700 toneladas de azúcar que nunca se entregaron.
Al vincularlos a proceso el juez ordenó la prisión preventiva oficiosa, por lo que fueron ingresados al penal del Altiplano en el Estado de México.
En tanto, Dávila Amerena se encuentra prófugo de la justicia, tiene otra orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, por el supuesto desfalco de mil 687 millones de pesos en los contratos de Segalmex para procesar leche bronca.
La corrupción en la 4T
Los malos manejos en Segalmex han sido considerados hasta el momento el mayor caso de probable corrupción en el gobierno de la 4T, con un desfalco que supera los 15 mil millones de pesos desde su creación al inicio del sexenio.
La oposición y diversos actores políticos no afines a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han señalado que este multimillonario desvío de recursos públicos es todavía peor que la “Estafa Maestra” que se cometió durante la gestión de Enrique Peña Nieto.
En febrero de 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó un posible daño a la hacienda pública por 2 mil 346 millones de pesos en Segalmex y su filial Diconsa.
Durante la tercera entrega de informes de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021, la ASF detalló que de este monto, 884 millones de pesos corresponden a irregularidades en Segalmex y mil 462 a Diconsa.
Dicha cantidad se suma al desvío de 12 mil 962 millones de pesos que se reportaron en los análisis de las cuentas públicas 2019 y 2020, por lo que el desfalco es de al menos 15 mil 308 millones de pesos con Ignacio Ovalle como titular de Segalmex, de la cual dependen Diconsa y Liconsa.
¿Qué es Segalmex?
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Rural.
Fue creado mediante decreto emitido por el Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2019, con la finalidad de garantizar la “seguridad alimentaria” en México.