Un Tribunal Colegiado de Apelación inició un proceso penal contra Ramón Sosa Montes Herreramoro, por investigaciones relacionadas con el desvío de recursos en las extintas secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la administración de Rosario Robles Berlanga.
La determinación del cuerpo colegiado fue tomada al analizar un recurso presentado por el Ministerio Público contra la no vinculación a proceso ordenada por el juez de Control, Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
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Durante la audiencia de vinculación el juzgador consideró que las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) carecían de elementos suficientes para iniciar el juicio contra Ramón Sosa Montes Herreramoro. En el expediente FED/SEIDF/UNAI-HGO/0002248/2017, la FGR argumentó que él contrato no se llevó a cabo de forma adecuada, originando un daño al horario público.
El juicio que enfrenta el ex jefe de oficina de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es por los delitos de uso de atribuciones y facultades.
"La Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), logró la vinculación a proceso en contra de Ramón “S”, luego de que esta FGR interpusiera el recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso que un Juez de Control le había concedido a esta persona en febrero de 2023, por su probable responsabilidad en el delito de uso de atribuciones y facultades previsto en el artículo 217 fracción I inciso D), del Código Penal Federal", informó la FGR.
Según las investigaciones de la FGR, Ramón Sosamontes realizó un contrato irregular con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) por más de 203 millones de pesos.
Para la Fiscalía General de la República, Radio y Televisión de Hidalgo no tenía la capacidad técnica, material y humana para que fuera ella misma la que prestara el servicio, en virtud de que subcontrató con 17 personas físicas y morales en un porcentaje del 94.6% del importe del contrato original, lo que la obligaba a someterse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como lo señala el artículo 1 de dicho ordenamiento.
"Lo anterior, por hechos consistentes en que el citado imputado presuntamente contrató indebidamente servicios con recursos públicos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), ocasionando con su actuar un detrimento a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 203 millones 477 mil 367.63 pesos, ya que el Estado no obtuvo las mejores condiciones en la contratación del servicio objeto de investigación".
DJC