Representantes del Poder Judicial se reunieron esta tarde con diputados en San Lázaro para defender, una vez más, su presupuesto para el ejercicio fiscal de 2024, el cual será puesto a debate y votación la siguiente semana junto al Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PPEF).
En la reunión que fue calificada como “histórica” por tratarse de un ejercicio de rendición de cuentas, la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Mrta. Gisela Morales González, y el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, secretario ejecutivo del pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), detallaron la necesidad de aprobar su propuesta de presupuesto para el siguiente año de 84 mil 792 millones 400 mil pesos, cifra que los diputados pueden ajustar con base en los criterios de austeridad.
Durante la sesión de preguntas, el diputado federal de Morena, Hamlet García Almaguer, quien fue unos de los más grandes promotores de la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, cuestionó fuertemente los gastos asignados para jardinería, desarrollo de sistemas como aplicaciones y bonos de pago de riesgo.
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Sobre este último criterio, Montalvo Martínez le contestó que se trata de una se trata de una contraprestación para los juzgadores por asumir “una sobreexposición de nuestra vida”. “Nuestra vida está en riesgo asunto por asunto”, remarcó, para después enlistar casos recientes en los que juzgadores han sido privados de su vida o libertad derivado de la función.
Sin decir nombres, recordó al menos cuatro casos, entre los cuales destaca el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz, junto con su esposa, en la colonia Real Vista Hermosa, en Colima, Colima, en 2020.
Montos
Además de la Corte y el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial también incluye al Tribunal Electoral; sin embargo, los representantes sólo dieron cuenta de los presupuestos de sus respectivos organismos. La oficial mayor aclaró que el presupuesto solicitado por la SCJN y el CJF para 2024, representa una disminución en términos reales de 13.4% respecto al presupuesto autorizado en 2017, es decir, ha venido a la baja desde hace seis años.
“La propuesta de presupuesto para el siguiente año es apenas equivalente a los recursos que fueron autorizados para el ejercicio fiscal 2021; sin embargo, de 2021 a la fecha también se han incrementado las obligaciones”, detalló.
En el PPEF, el Poder Judicial propuso un presupuesto 84 mil 792 millones 400 mil pesos, que representa un aumento en términos reales de 3.3% o 2 mil 610 millones de pesos más a lo autorizado por los diputados el año pasado.
Del total, 6 mil 109.1 millones son para la Corte, 74 mil 793.3 millones para el Consejo de la Judicatura y 3 mil 890 millones para el Tribunal electoral. Para comparar cómo la propuesta del Poder Judicial va de acorde a la tendencia de otros entes públicos, la oficial mayor señaló que tan solo el presupuesto de la SCJN y el CJF representa un aumento de 8.5% en comparación con el año previo.
Mientras que el de la Secretaría de Energía aumenta 291%, el de la Secretaría de la Defensa (Sedena) 132%, Marina 72%, Secretaría del Bienestar 31% y el Poder Legislativo 15%.
Luego de que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República aprobara la reforma que desapareció los 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, estimados en 15 mil millones de pesos, en días recientes, Morales González dijo que el Poder Judicial se quedó con “0 pesos” para infraestructura física porque cuando se elaboró la propuesta de presupuesto, aún se contaba con el fideicomiso en materia de inversión física FIRECO, cuyos recursos irían a la construcción de 45 órganos jurisdiccionales.