“Uno no se va a olvidar de esto”, asegura Gabriela Dutrénit, ex coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a unas semanas de que un Juez de Control anuló el juicio en su contra y 4 personas que inició la Fiscalía General de la República (FGR).
La decisión del juez se suma a la obtenida por tres científicos más en septiembre de 2022, por lo que, al momento, 8 de los 31 científicos acusados por el gobierno federal por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso ilícito de atribuciones y facultades, y peculado ya no tienen ningún proceso penal en su contra.
En entrevista con La Silla Rota, Gabriela Dutrénit comentó que la determinación del juez fue emitida el pasado 13 de enero, durante la solicitud de audiencia de sobreseimiento (la anulación por falta de pruebas) en el proceso penal que inició la FGR contra ella, así como Julia Tagüeña, José Franco, Teresa de León y Marcial Bonilla.
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“Hasta ahorita somos 5, más los 3 iniciales, faltan 23, pero ellos no lo han solicitado. Algunos de ellos ya están amparados, porque hemos buscado muchas vías. Y dependerá de la estrategia de los abogados”.
Gabriela Dutrénit recordó que la determinación del Juez de Control comenzó con la solicitud de sobreseimiento de la audiencia, luego de que, en septiembre de 2022, un Tribunal Colegiado concedió un amparo a 3 de sus compañeras para que se anulara el juicio por falta de pruebas.
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“Todos comenzamos a meter amparos buscando alguna vía para que se resolviera el caso. Entre esas vías, algunas resultaron, otras no. Una de ellas fue el de tres colegas que se ampararon y su recurso llegó a un Tribunal Colegiado quien determinó que se cerrara el caso en septiembre de 2022. El colegiado analizó todo el caso y determinó darles la protección porque solo ellas tres lo solicitaron”.
Durante la audiencia del pasado 13 de enero, el Ministerio Público trató de continuar con el juicio al argumentar que contaban nuevas pruebas, lo cual fue rechazado por el juez al recordar a los fiscales de la FGR que la audiencia no era para ofrecer pruebas.
Además, en caso de tener nuevas pruebas, se tendrían que integrar en un nuevo expediente, ya que no se podían integrar la acusación inicial.
“A partir de eso, nosotros 5 solicitamos una audiencia de sobreseimiento ante un Juez de Control de Almoloya. La comparecencia fue el 13 de enero. En la sesión el juez escuchó nuestros argumentos, así como los de la Fiscalía, quien quería seguir con el juicio, al menos con los casos de corrupción. Al escuchar a ambas partes, el juez definió que estaba argumentada la solicitud de sobreseimiento, por lo que se anuló el juicio en nuestra contra por falta de pruebas”.
Agregó: “la fiscalía buscaba continuar con el juicio a partir de las mismas pruebas que les habían anulado en su momento. Toda la discusión se basó en las mismas pruebas con las que nos habían hecho la acusación de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado. Incluso la fiscalía argumentó que tenía nuevas pruebas a partir de una nueva investigación, a lo que el juez les respondió que por esos delitos ya no puede realizar una nueva acusación”.
Hasta el momento, Gabriela Dutrénit asegura que no han definido si van a demandar por daños o cuál es el siguiente paso, ya que es necesario que las 23 personas acusadas por la Fiscalía General de la República obtengan el mismo beneficio. A partir de ese momento, se tomará una decisión.
“No sabemos lo que vamos a hacer, si demandar. Después de un año y medio donde sufrimos demasiado, en un periodo muy difícil en el que la fiscalía estuvo todo el tiempo culpándonos. Tenemos que esperar a que todos tengan el mismo beneficio y después pensaremos qué es lo que queremos hacer. Uno no se va a olvidar de esto, nada se olvida”.
Al recordar la situación que vivió a partir de las acusaciones que realizó el Ministerio Público en su contra, recuerda que el momento más difícil fue conocer que era buscada por delincuencia organizada.
“Lo más fuerte para mí fueron las 4 acusaciones que me hicieron, cuando tenía claro que era inocente y que a pesar de que la Corte Suprema Nación determinó que habíamos actuado de forma apegada a la ley, el proceso seguía por cuestiones que no comprendemos".
"Lo que molestó mucho fue la acusación de delincuencia organizada, no pude y no puedo comprender semejante acusación. El nivel de injusticia, no lo podía creer. Si el juez de Control que llevó nuestro caso no hubiera actuado conforme a la ley, estaríamos en la cárcel en una prisión donde están los principales delincuentes de México”.
Ahora, al anularse los delitos por lo que fue acusada, la investigadora menciona que continuará adelante defendiendo su postura y su pensamiento en un país donde existe la democracia o no una dictadura.
“Tengo que seguir adelante, defiendo mis derechos y dando mi punto de vista, porque no vivimos en una dictadura. Nací en Uruguay, radico en México desde hace 40 años. En México no vivimos en una dictadura como la que me tocó vivir en Uruguay, en México estamos en una democracia”.
La acusación
La carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República contra 31 ex rectores, académicos, físicos e investigadores que trabajaron en el Conacyt, buscaba acreditar distintos delitos con el agravante de autores materiales, coautores y por “querer y conocer” relacionados con el supuesto desvío de 471 millones de pesos en beneficio del Foro Consultivo y Tecnológico A.C., entre 2012 y 2019.
Según la primera orden de captura que solicitó el 24 de agosto pasado el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o alteración de Moneda (UEIORPIFAM), y la cual fue negada, cada una de las personas mencionadas en la investigación tuvieron una presunta participación en cuatro delitos tipificados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La Silla Rota informó de la orden de aprehensión que pidió la FGR contra las 31 personas el 20 de septiembre de 2021. En la misma investigación se aclara que la solicitud fue negada porque las autoridades no aportaron datos de prueba claros, sólo suposiciones. La petición hecha a un juez, fue rechazada 24 horas después (el 25 de agosto de 2021).
En el expediente que inició el Ministerio Público, bajo las órdenes de Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, se asegura que el Foro Consultivo y Tecnológico obtuvo más de 471 millones de pesos, los cuales fueron utilizados en gastos ajenos en el fomento y apoyo para la Ciencia y Tecnología del país.
Las pruebas que presentó la FGR ante un juez adscrito al penal federal del Altiplano para que concediera las 31 órdenes de captura, el Ministerio Público federal buscó sustentar la petición de aprehensión en 39 informes. Ninguno de ellos fue aceptado por Gregorio Salazar Hernández, juez de Control de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, adscrito a Almoloya de Juárez, Estado de México.