El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, adelantó este miércoles en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que sí procederá en el caso de 31 científicos e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que están bajo investigación.
Puedes leer: Exrectores, académicos y físicos aquí la lista de los 31 investigados por la FGR
En dos ocasiones un juez ha negado las órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos y la Fiscalía buscará un tercer intentó, aunque el plazo para proceder en contra de los miembros de la comunidad científica vence a finales de este mes y en caso de no conseguir estas órdenes la carpeta de investigación quedará archivada.
LA DENUNCIA CONTRA CIENTÍFICOS
Fue en septiembre de 2021 cuando el Conacyt encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, había iniciado procesos penales en contra de 31 científicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y ex funcionarios del Conacyt, por los presuntos delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
El 10 de julio de 2020, Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, presentó una denuncia ante el Ministerio Público acusando a los científicos de cuatro delitos: Coalición de Servidores Públicos, Uso indebido de atribuciones y facultades, Uso ilícito de atribuciones y facultades y Peculado. Sin embargo, los dos primeros delitos fueron cambiados por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Delincuencia Organizada, por decisión de la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero, quien a pesar de haber sido rechazado por inconsistencias en su producción científica, en esta administración pudo ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por decisión de una Comisión Especial Dictaminadora que presidió Ernesto Villanueva.
Tras la denuncia, la FGR abrió un expediente y con la información que recabó, solicitó en dos ocasiones que se giraran órdenes de aprehensión para que los miembros de la comunidad científica fueran recluidos en el Centro de Justicia Penal Federal del penal del Altiplano, Estado de México.
Entre los denunciados se encuentra Enrique Cabrero Mendoza, quien fue director general en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que estuvieron presentes en las sesiones del Consejo Técnico de Administración donde se aprobaron recursos para el Foro. Asimismo, hay seis miembros del Foro imputados, como la ex coordinadora general, Julia Tagüeña Parga, otros dos ex coordinadores, dos secretarias técnicas y el abogado.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso La Silla Rota, la primera carpeta de investigación fue la FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000770/2020, para indagar los hechos relativos al manejo de recursos por parte del Foro, la cual estuvo radicada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Agentes de la Policía de Investigación acudieron en junio de este año a los domicilios particulares de 25 exfuncionarios para informarles que vendría un citatorio. Posteriormente, aumentó a 31 el número de personas indagadas, entre ellos los 25 antes mencionados.
En agosto, se asignó a la carpeta el nuevo número FEM/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000222/2021, ya que fue remitida a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
A finales de ese mes, específicamente el 24 de agosto, la FGR solicitó a un juez de control con sede en el Centro de Justicia del Altiplano que librara orden de aprehensión contra los 31 ex funcionarios; sin embargo, el juez se negó a hacerlo por considerar que la Fiscalía no aportó la información necesaria para acreditar los hechos y le dio 15 días hábiles para ampliar los datos.
En la información a la que tuvo acceso este medio se señala que las imputaciones que plantea la fiscalía son por considerar que el Foro Consultivo recibiera recursos del Conacyt, así como los miembros de éste, hecho que considera que conforma el presunto delito de “organización criminal”.
Sin embargo, el 17 de agosto de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en a sentencia MI/SS/D/9941/2021 confirmó que fue legal que el Conacyt otorgara recursos al Foro para su operación, hasta el 17 de febrero de 2020, cuando se cambió el estatuto orgánico del Consejo.
En la Ley General de Ciencia y Tecnología, en el artículo 38 se estipulaba que “El Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo”.
LA LUCHA POR EL FORO
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico entró en vigor el 5 de junio de 2002, constituido por ley como una asociación civil. De esta manera operó hasta el inicio de la actual administración, cuando se dieron los primeros choques con la directora General del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, que lo desconoció como un órgano autónomo del Consejo.
A mediados de 2019, el Conacyt desconoció la relación jurídica que tenía con el Foro y decidió no asignarle recursos, lo que derivó en que la mesa directiva del Foro promoviera un juicio de amparo bajo el número de expediente 1440/2019.
Inicialmente se otorgó la suspensión provisional y definitiva para que el Consejo siguiera dando recursos al Foro y en enero de 2020 el juez dictó sentencia en primera instancia en el mismo sentido.
Sin embargo, en febrero de 2020 el Conacyt cambió su estatuto orgánico y eliminó el artículo en el que se establecía que el Foro estaba constituido como una asociación civil.
kach