Un juez federal puso fin a la persecución contra la doctora en Ciencias, Julia Tagüeña Parga y otros cuatro científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. En total, 31 investigadores y exfuncionarios del Conacyt son acusados de haber cometido delitos patrimoniales en contra del erario público.
En una audiencia celebrada el pasado 13 de enero, el juez federal, Gregorio Salazar Hernández canceló la indagatoria contra tres extitulares del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT) y dos académicos, abierta por las supuestas aportaciones ilegales por 244 millones de pesos.
La audiencia tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano en el Estado de México, donde el juez resolvió dictar el sobreseimiento del proceso por lo que el Ministerio Público ya no puede investigar y acusar por los mismos hechos a Julia Tagüeña Parga, José Franco, Gabriela Dutrénkt Bielous, Tereza de León Zamora y Marcial Bonilla.
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En noviembre pasado, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) tenía abierto un proceso contra Julia Tagüeña, investigadora de Energías Renovables de la UNAM, ganó The Public Understanding and Popularization of Sciencie Award 2021, que otorga la Academia Mundial de Ciencias (TWAS, por sus siglas en inglés).
La doctora, Julia Tagüeña fue coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), asociación civil, en 2019, instancia que según la investigación de la Fiscalía General de la República, fue utilizada para el desvío de recursos federales por un monto de 200 millones de pesos en la administración pasada de Enrique Peña Nieto.
El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza celebró que se cancelara la indagatoria contra los científicos y señaló "Usan el poder institucional para amenazar, intimidar, perseguir o cobrar venganza. Es de tal magnitud su acción ilícita que se derrumba".
En 2019, el Conacyt, que dirige María Elena Álvarez-Buylla denunció ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que el presupuesto otorgado excedió lo necesario para el cumplimiento de sus funciones, toda vez que, se utilizó para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores, y para sufragar gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos y otros.