Con efectos generales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó la suspensión que frenó la orden de la Secretaría de Energía (Sener) que busca obligar a las empresas privadas a comprar gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Pemex.
Esta decisión ha causado una controversia constitucional la cual ha sido impulsada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), además de que, de acuerdo con el Reforma, el nombre del ministro o ministra de la Corte que autorizó la suspensión aún no se da a conocer.
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(Foto de Suprema Corte de Justicia de la Nación: Cuartoscuro)
Dicho acto frena el oficio emitido por el Centro Nacional de Control de Gas Natural el cual notificó a las empresas privadas nueves puntos de recepción específicos del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistragas) en donde se favorece a las empresas estatales, además de darles un plazo a las empresas hasta el 13 de agosto para comprobar la contratación del suministro con Pemex o CFE.
Asimismo tal suspensión abarca “los efectos y consecuencias” del oficio del 13 de junio de la titular de Sener, Rocío Nahle. De igual forma, el Gobierno podría impugnar la suspensión ante una Sala de la Suprema Corte, lo cual se resolvería hasta finales de año.
LEY NAHLE
Hace aproximadamente un mes, el partido de Morena en el estado de Veracruz mostró la fuerza con la que cuenta ya que validó en tan sólo nueve días la llamada “Ley Nahle”.
Este proyecto adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política local, la cual establece que se considera como veracruzano a las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del Estado.
Gracias a está reforma, la zacatecana y actual titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle podría participar en la elección para la gubernatura en el proceso electoral del 20224 en Veracruz, por lo cual se le bautizó “Ley Nahle”.
Este proyecto fue presentado por la diputada morenista, Magaly Armenta Oliveros ante la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 julio pasado.
Fue así que la Mesa Directiva remitió el proyecto a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales donde se estudió y aprobó.
Asimismo, tras el análisis de dicha reforma la Secretaría General que se encuentra a cargo de Domingo Bahena Corbalá, informó al pleno de la Diputación Permanente que se recibieron 116 actas de cabildo, dentro de los cuales 38 fueron a favor, 11 en contra y cero abstenciones.
CAO