Un juez en Estados Unidos desestimó la demanda del gobierno de México en contra de 11 fabricantes de armas en la que pedía 10 mil millones de dólares como reparación de daños, de acuerdo con un despacho informativo de Reuters.
El juez de distrito en Boston, F. Dennis Saylor, dijo que todas las denuncias de México contra Smith & Wesson Brands Inc, Sturm, Ruger & Co y otros acusados están prohibidas por la ley federal o fracasan por otras razones.
“La demanda ha tenido un gran impacto en la forma en que EE. UU. ve el problema y no es el final de la estrategia legal del gobierno mexicano”, tuiteó el periodista especializado Ioan Grillo y autor de la trilogía El Narco.
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DEMANDA DE MÉXICO
El gobierno federal presentó en 2021 una demanda en una corte de Boston, en Estados Unidos, contra una decena de empresas a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.
Desde agosto de 2021, México presentó una demanda contra la empresa Smith & Wesson y otras diez armerías a las que acusó de presunta negligencia y falta de cuidado en su actuar, lo que asegura ha contribuido en el incremento de violencia en el país y que les ha traído cuantiosas ganancias a las empresas.
En ese entonces, el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, encargado de la demanda contra empresas armamentísticas de Estados Unidos, dijo que el daño que han hecho estas armas a México es "incalculable" más allá de la compensación económica que se pida en la corte.
"Están hablando de 10,000 millones de dólares, (pero) es incalculable el daño que esas armas le están haciendo a México y a los mexicanos. En el juicio tendremos que determinar una cifra", expresó el año pasado el abogado en entrevista con Efe.
INMUNIDAD PROCESAL
En noviembre del año pasado, las armerías solicitaron el desechamiento de la demanda bajo el argumento de que México no tiene capacidad para demandarlas, pues gozan de una llamada “inmunidad procesal” por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que desde 2005 escuda a los fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses de recibir demandadas por la vía civil por el mal uso de sus productos.
Según Celorio, hay empresas que venden hasta cinco ametralladoras capaces de tumbar helicópteros a una sola persona o que comercializan armas con personas "investigadas por contubernio con el crimen organizado".
El principal escollo para la demanda es que las empresas de armas tienen casi total "inmunidad" por la legislación de Estados Unidos, pero el gobierno mexicano alegará que esas armas se usan en México, donde "no tienen ninguna protección jurídica ni de la segunda enmienda".
DOS AÑOS PREPARANDO LA DEMANDA
Esta demanda comenzó a preparase tras la matanza contra latinos perpetrada por Patrick Crusius el 3 de agosto de 2019 en la fronteriza ciudad de El Paso (Texas), donde murieron 23 personas, de las cuales 9 eran mexicanas.
El gobierno mexicano también detectó que armas largas usadas durante el sitio de Culiacán por parte del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ovidio Guzmán en octubre de ese año habían sido compradas a Estados Unidos por internet.
Desde entonces, el canciller, Marcelo Ebrard, ha puesto sobre la mesa el tema del tráfico de armas en las conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos sobre narcotráfico.
"No es que no esté funcionando, sino no ha funcionado lo suficiente", dijo Celorio, quien explicó que a pesar de la cooperación entre ambos Gobiernos las empresas "se han mantenido al margen".
El consultor jurídico de la Cancillería relató que durante estos dos años se han contratado a "los mejores abogados" para elaborar la acusación porque no se trata de una "demanda frívola".
"Hay personas muriendo y tenemos la obligación moral y legal de hacerlo", reivindicó.