Esta semana, el gobierno de México presentó una demanda contra 11 fabricantes de armas en una Corte Federal en Boston, en Massachusetts. Las autoridades mexicanas acusan a las ensambladoras de negligencia, al ser uno de los principales proveedores de armamento para cárteles y organizaciones criminales en el país.
La querella, presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señala que, el 70 % y 90 % de las armas recuperadas en escenas de crímenes en México, fueron maquiladas en ese país. Tan solo en 2019, según el escrito, en territorio nacional murieron 17 mil personas por el armamento fabricado en Norteamérica.
Para resarcir el daño, el gobierno mexicano busca obtener una compensación por daños de al menos 10 mil millones de dólares.
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Detrás de la demanda, que anunció esta semana el canciller Marcelo Luis Ebrard Casaubón, se encuentra el abogado Steve Shadowen, un litigante que ha basado su carrera en juicios antimonopolio y de propiedad intelectual.
Steve Shadowen, graduado en Derecho en la Universidad de Georgetown, comentó que la demanda es un caso serio y no algo simbólico, por lo que la querella se presentó en Estados Unidos y no en México.
“Hemos elegido hacerlo en Estados Unidos porque es una demanda seria. Si esto fuera solamente simbólico o un truco político, el Gobierno hubiese presentado esta denuncia en México. Pero no es ninguna de esas cosas, no es meramente simbólico, es muy seria y por eso lo hemos hecho en su propia casa. El centro de fabricación de armas en Estados Unidos está en el noreste, en Connecticut, en Massachusetts, y por eso la hemos presentado allí”, dijo en entrevista al periódico El País.
CASOS EMBLEMÁTICOS
Entre los casos que ha enfrentado Steve Shadowen se encuentra el “In re KDur Antimonopolio Litig”, el cual permitió a las partes afectadas obtener un pago de demora de farmacéuticas por conducta anticompetitiva.
Otro es el caso “Abbott Labs. v. Teva Pharmaceuticals, USA, Inc”, en el cual Shadowen formó parte del equipo de los demandantes que llevó a que se reconociera la teoría de la conducta anticompetitiva del “salto de producto”.
Su trayectoria permitió que, en 2013, el Instituto Estadounidense Antimonopolio le otorgara el Logro Sobresaliente en Litigios Antimonopolio en la Práctica del Derecho Privado. También ha recibido, en cuatro ocasiones el reconocimiento como mejor abogado, al litigar los casos “Bet-the-Company”, “Derecho Antimonopolio”, “Litigio Comercial” y “Litigio Antimonopolio”.
Chambers USA lo considera uno de los abogados líderes en negocios de Estados Unidos. Es miembro de las juntas asesoras del Instituto Americano de Defensa de la Competencia y del Instituto de Estudios Antimonopolio del Consumidor.
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En el ámbito académico ha publicado artículos sobre las preferencias de los ricos en las admisiones a las universidades. En juicios a favor de connacionales, representa a las familias de ciudadanos mexicanos asesinados por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
Los litigios que ha ganado al defender a mexicanos, incluyen una sentencia que permite a los familiares de las víctimas asesinadas por agentes de norteamericanos, obtener una revisión judicial de esos asesinatos en los tribunales de ese país.
De 1999 a 2014, fue presidente y presidente de la junta directiva de Joshua Group, una organización de educación y defensa de jóvenes en riesgo. Actualmente es presidente emérito y se desempeña como presidente de la Junta de Fideicomisarios de la Universidad de St. Edward. En 2016, la Universidad lo honró con su Premio al Alumno Distinguido.
MJP