En la región carbonífera de Coahuila, gran parte de la vida gira en torno a la extracción de este mineral. Actividad con la que muy pocos –los empresarios– se embolsan las ganancias millonarias, pero muchos –los mineros víctimas de los derrumbes, explosiones, inundaciones; o los “marcados”, como les llaman a los enfermos de los pulmones– pagan las consecuencias de explotar la tierra.
“Sabes cuándo entras, pero no cuándo sales”, se escucha decir a varios mineros y exmineros alrededor de los pozos de extracción de El Pinabete, ubicado en el municipio de Sabinas, hace un mes ocurrió el más reciente siniestro que dejó 10 trabajadores atrapados por una inundación y que aún permanecen bajo tierra, por lo que la esperanza de hallarlos con vida es nula.
En realidad, desde los primeros días, mineros experimentados que acudieron al lugar para brindar ayuda decían que era “muy difícil sobrevivir a esa inundación”, en un pozo del cual ni siquiera se tienen planos, que ya había registrado inundaciones, que está al margen del Río Sabinas y a un lado de la enorme mina abandonada Conchas Norte.
Te podría interesar
“Se puede estar sin agua y sin comida, pero ¿sin aire?”, dijo a La Silla Rota, el 13 de agosto, don Antonio Cabriales, padre de Mario Alberto, uno de los mineros atrapados. Él fue de los últimos familiares en retirarse de los campamentos, el 29 de agosto, cuando el Equipo Interinstitucional de Rescate les informó que los trabajos en el pozo podrían durar hasta 11 meses.
Como él, al lugar llegaron familiares de los mineros atrapados, a esperar el rescate de sus seres queridos. Se trasladaron desde varios municipios, desde otros estados, incluso de Estados Unidos, apenas supieron que sus familiares estaban ahí, bajo tierra.
Te podría interesar
Estoicos, resistieron varios días el calor sofocante que llegó a los 40 grados, las hordas de moscos zancudos que atacaban durante las noches y las lluvias torrenciales del 15 y 24 de agosto. Lo que no soportaron fue la noticia de alargar el rescate y se fueron, desolados, junto con don Antonio.
“PARA SER MINERO HAY QUE SER VALIENTE”
Al día 11 de ocurrida la inundación de El Pinabete, al lugar arriba en un auto un hombre joven, delgado, con bigote y gorra de beisbol, acompañado de su novia, quien al bajar del vehículo dice ser pariente de uno de los mineros. A la pregunta de si él también se dedica a la minería, tajante responde que no, que a él “no le gusta trabajar debajo de la tierra” y prefirió ser albañil.
En la región carbonífera, quienes no trabajan en una mina son taxistas, albañiles o maquiladores, y ven a los mineros con una fascinación que no ocultan: con una mezcla de admiración y distanciamiento. Eso sí, todos reconocen que “para ser minero se necesita ser valiente”, porque saben que están expuestos constantemente a perder la vida.
Hay quienes se probaron en la actividad de la minería y lo que vieron no les gustó. Uno de ellos es un taxista de nombre Mauricio, quien aseguró haber sido minero por poco tiempo, cuando tenía 15 años. Le tocó ver cómo, en un tajo, mientras una persona operaba una máquina para remover la tierra y descargarla en un camión, la dejó caer sin darse cuenta de que había un compañero ahí, quien murió aplastado.
David, minero y familiar de Sergio Cruz Gaytán, uno de los 10 trabajadores atrapados en El Pinabete, recuerda que atestiguó cómo en un pozo a un compañero le cayó una piedra sobre la costilla, que a su vez le perforó el pulmón y acabó con su vida.
Otro familiar del mismo minero atrapado es malacatero –encargado del bote (malacate) que sube y baja a los mineros y el carbón que se extrae de los pozos– y cuenta que una vez vio cómo un cable bastante viejo se tronó con el peso del malacate, y con la velocidad que agarró aplastó a dos compañeros.
Ambos familiares, por separado, explican que son tres formas en que ocurren los accidentes: una son las explosiones por gas metano, ocasionadas con tan solo una chispa que surja de la pistola neumática o la fricción entre dos partes metálicas. Otra es por agua que se filtre y cause una inundación o incluso derrumbes de la estructura de las paredes del pozo. La tercera es morir por la inhalación del "aliento del diablo", que es como metafóricamente le llaman al gas grisú. Por ello no es casual que a la salida de los pozos se le llame "el cielo".
Para quienes sobreviven a los accidentes de la minería siempre quedan las lesiones. Una es la enfermedad del pulmón negro, que puede convertirse en asma. O los fantasmas de lo vivido bajo tierra –como es el caso de don Plutarco Ruiz– quien, en 2010, sobrevivió durante 7 días a una inundación de un pozo de la mina Bóker, y durante las entrevistas habla de todo, con excepción de las secuelas del accidente, que aún lo sumen en un pozo de oscuros recuerdos.
ESTRAGOS DE LA EXTRACCIÓN
En el pueblo de Nueva Rosita, en el municipio coahuilense de San Juan de Sabinas, se encuentra una chimenea que puede ser vista a kilómetros. Es un mudo testigo de la contaminación que producía la quema de carbón en las minas de Grupo México, la cual debió ser cerrada por esa situación.
Al pasar por la carretera también se observan montículos de tierra color café claro a los cuales les llaman escombreras, es tierra extraída para sacar el carbón, la cual no sirve para nada, misma que las empresas no regresan a los agujeros, tapan o retiran del lugar y el aire la dispersa, llegando a los pulmones de los pobladores de la región. Incluso se ven escombreras muy cerca de las ciudades.
Al llegar a Sabinas se encuentra un plantel del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera y a poca distancia se ven montículos que delatan que a unos pasos hubo minas, lo cual representa un peligro para la población tanto estudiantil como en general.
En el pueblo de Villa de la Agujita se ubica el Museo del Carbón, el cual se encuentra cerrado y con apariencia de abandonado por su fachada agrietada. Parece una metáfora sobre la situación que vive la región por la actividad carbonífera. Sin embargo, hay diferentes versiones sobre el porqué de sus puertas cerradas: las minas que hay abajo del recinto histórico, el cual cuenta con una estructura muy pesada, lo que ha ocasionado que se generen fallas estructurales. Otra versión que corre es la de que fue cerrado debido al robo de sus piezas históricas, sin que nadie sepa quién fue el responsable.
CONDICIONES DE TRABAJO PRECARIAS
La región carbonífera se conforma por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso.
El siniestro en El Pinabete ha revivido la discusión sobre las precarias condiciones en las que trabajan los mineros, las cuales algunos califican de medievales, señalando mínimos cambios registrados durante los últimos años, incluso después de que en 2006 se registró una explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, de Grupo México, la cual dejó 65 mineros atrapados y a quienes tampoco han rescatado o más precisamente, recuperado.
De acuerdo con la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), de 1997 a la fecha, en Coahuila se han registrado 143 mineros fallecidos en accidentes en pozos, cuevas y minitas, que son las formas de extracción más peligrosas, pues se realizan prácticamente sin seguridad y en zonas ya previamente explotadas por las grandes empresas.
Dicha cifra se traduce en 51 siniestros y forma parte de la escalofriante estadística que el informe El carbón rojo de Coahuila: aquí acaba el silencio, de la fundación Heinrich Böll Stiftung–México y el Caribe, reveló en 2019: que desde 1883 se han registrado 310 eventos mortales, con 3 mil 103 muertes documentadas.
Y, a pesar de todo, los dueños de las concesiones no son castigados por estos siniestros.
“NOSOTROS NOS QUEDAMOS CON LOS MUERTOS”
La desventajosa situación que viven los mineros es resumida con amargura por varios extrabajadores: “ellos, los dueños, se quedan con las ganancias, nosotros con los muertos”.
El problema, cuando ocurren los siniestros, es que los verdaderos dueños no aparecen. Como es el caso de El Pinabete, que se ha vuelto casi tan oscuro como el descenso de un minero que se queda sin lámpara en una mina. Y es que, a tres semanas de los hechos, la Fiscalía General de la República cateó la oficina de la Cía. Minera El Pinabete, S.A. de C.V., la cual aparentemente estaba explotando los pozos de carbón.
Aunque en los medios de comunicación aparece Cristian "S" como el presunto concesionario de los pozos de extracción de El Pinabete, pobladores de Villa de la Agujita, el poblado más cercano, aseguran que él no es el dueño, es sólo un chivo expiatorio, que fue “embarcado” por alguien más, precisamente para dar la cara en los momentos de crisis.
Y su argumento lo sostienen recapitulando la vida de Cristian. Una persona que ni siquiera cuenta con preparatoria, quien, junto con su esposa, se dedicaba a la venta de artículos por internet, con entrega a domicilio incluida. Luego, de la noche a la mañana, apareció como encargado de la mina.
Quienes lo conocen recuerdan que, "desde que apareció como encargado, se volvió muy alzadillo en su forma de actuar", y puntualizan que el problema no es ni su nivel escolar ni su modo de trabajar, sino que no es creíble esa versión de que él es el concesionario, ya que los pozos de El Pinabete tienen una inversión de por lo menos 6 millones de pesos, que él simplemente no tenía ni podía tener. Entonces la explicación es que él solo es el encargado, no el dueño.
Mineros que han trabajado en otras minas dicen que generalmente los dueños no son visibles. Por su parte, el abogado experto en temas laborales, Manuel Fuentes Muñiz, señala que esa una práctica común en la región carbonífera, usar testaferros o prestanombres para la explotación de las minas. La intención es precisamente que sus nombres no emerjan en situaciones comprometedoras como la que ahora se vive en El Pinabete, donde todos coinciden en que Cristian está en problemas: “está atorado, ahora él debe dar la cara”.
EL TEMA POLÍTICO
Los mineros que arriesgan sus vidas, que sufren accidentes, que como nómadas andan de mina en mina para tener trabajo, coinciden en que los dueños empresarios pertenecen también a la clase política coahuilense, quienes se agazapa para no aparecer públicamente como los propietarios de las concesiones, sobre todo de los pozos, las cuevitas y tajos, que son las formas de extracción más peligrosas.
Aunque nadie se anima a exponer públicamente los nombres de los dueños de la concesión de El Pinabete –porque dar una entrevista contra dueños de minas es exponerse a ser boletinado como conflictivo– soterradamente emergen nombres como los de Régulo Zapata Jaime, perteneciente a una dinastía política que ha gobernado Sabinas –su abuelo ocupó la presidencia municipal de 1981 a 1984– hasta hay una calle nombrada Regulo Zapata, cómo no.
Ante esas sospechas, Zapata Jaime desmintió en redes sociales los dichos.
“Sí trabajo dentro de un desarrollo minero que está a más de 15 o 20 kilómetros de donde pasó el accidente como asesor, tanto en lo laboral en el Seguro Social y compra venta de carbón. Mi hijo también tiene un desarrollo minero, por qué negarlo, es una procesadora de carbón en el municipio de San Juan de Sabinas”, posteó en su cuenta de Facebook.
Agregó que conoce a todo mundo y aunque les ha vendido y comprado carbón, se autonombró “sólo un trabajador” en un desarrollo minero.
Regulo Zapata Jaime está casado con Martha Carolina Morales Iribarren, actual subsecretaria del Trabajo del gobierno de Coahuila, son padres de Regulo Zapata Morales, quien a su vez es uno de los mencionados como dueño de la mina.
Morales Iribarren también fue diputada local y presidenta municipal de Sabinas, y es pariente de Claudia María Iribarren González, quien aparece como propietaria de la concesión minera 224534 del lote Las Conchitas y que algunos han dicho que es donde está El Pinabete.
Se trata de un tema donde surgió una de las contradicciones que abonan más al misterio sobre quién o quiénes son los dueños de la concesión. La Secretaría del Trabajo informó, el 12 de agosto, que un día antes había suspendido a 10 concesiones mineras, pero ninguna era de Las Conchitas Fraccionamiento Norte, titulo 221087, que de acuerdo con el mapa interactivo Cartografía Minera, de la Secretaría de Economía, es propiedad de Minera Río Sabinas, S.A. de C.V., la cual, según informaciones periodísticas se la habría cedido a Cía. Minera El Pinabete.
Como se ve, no se trata de la misma concesión, que en el caso de la que tiene Iribarren González, tiene el número 224534, de acuerdo con la Secretaría de Economía, mientras que la que cita la Secretaría del Trabajo es la 221087. En todo caso, en el mapa de la Secretaría de Economía, ambos predios son vecinos.
UN EXGOBERNADOR
Pero hay más familias políticas ligadas al negocio minero. Es el caso de la familia del exgobernador Rogelio Montemayor Seguy y su sobrino Jesús Montemayor Garza, expresidente municipal de Sabinas entre 2010 y 2013, precisamente después de Martha Carolina Irribarren Morales.
Durante el gobierno de Montemayor Garza, en Sabinas, en mayo de 2011, ocurrió un estallido en el pocito 3, en San Juan Sabinas, de las empresas Binsa y Minería y Acarreos, S.A. de C.V., en el que fallecieron 14 personas.
De acuerdo con el documento Cartografía Minera, el exalcalde de Sabinas, Jesús Montemayor Seguy –padre de Jesús Montemayor Garza y hermano de Rogelio Montemayor– junto con Alfonso González Garza, tienen la concesión 218000 en el Lote Santa María 1, en Sabinas, Coahuila, la cual cuenta con una extensión de 357 hectáreas. Esta concesión fue otorgada en 2002.
De acuerdo una nota publicada en El Universal del 14 de mayo, González Garza es “el hombre que más concesiones para explotación minera en la región carbonífera” y padre de Melchor González, dueño de Beneficios Internacionales del Norte S.A. de C.V. (BINSA), que extraía carbón del pozo 3 donde en mayo de 2011 hubo una explosión con 14 personas fallecidas.
CÚPULA POLÍTICA MINERA
La activista Cristina Auerbach señala que entre los intereses políticos están los del exgobernador Rogelio Montemayor e incluso los del senador de Morena, Armando Guadiana.
“Es bien interesante lo que pasa en estas pequeñas concesiones mineras. Ya está minada toda la región carbonífera y las grandes minas ya han cerrado, y sólo quedaron Pasta de Conchos, otra grande y dos medianas, y entonces volvieron a fraccionar todos los bloques, ‘a ti te voy a dar 25 hectáreas, a ti dos’ y sacan las cuentas de lo que hay ahí. Esto se lo dieron a priistas y obviamente es donde entra Montemayor, que además es muy cristiano, entonces todos sus lotes se llaman San José y Santa María, Santísima Trinidad, cuando veas uno así es de él.
“Luego, así como se fragmentaron los cárteles, así se fragmentó el PRI, que ha gobernado ochenta y tantos años, por eso las elecciones del próximo año son tan importantes, y ahora hay gente metida del PAN, de Morena o que sigue en el PRI. Todos pertenecen a la cúpula local de caciques que tienen el carbón y la ganadería, no son pequeños empresarios. Ve, Guadiana tiene carbón y ganadería y los de El Pinabete están metidos en cuanto mugrero puedas imaginar. Siguen siendo esa cúpula de caciques que se han enriquecido”, describe la integrante de la OFPC.
La activista retoma la información de que el presunto dueño de la concesión es de Tamaulipas. Se refiere a Luis Rafael García Luna Acuña, hijo de dos excolaboradores de Tomás Yarrington cuando éste ocupó la gubernatura tamaulipeca. De acuerdo con una nota publicada por El Norte, el empresario compró la Cía. Minera El Pinabete el 10 de enero de 2019, tal como consta en un documento de la Secretaría de Economía que mostró el diario.
En la región de Sabinas, existen un total de 67 pequeños y medianos productores de carbón que se constituyen en 2 asociaciones mineras y productores independientes, según el documento de la Secretaría de Economía Panorama Minero del Estado de Coahuila, que cada año se edita.
La asociación de mayor importancia por el número de socios que agrupa es la Unión Mexicana de Productores de Carbón. Estas agrupaciones en conjunto suministraron de septiembre de 2020 a diciembre de 2021, alrededor de 2 millones de toneladas de carbón para el consumo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de las carboeléctricas Carbón I y Carbón II, ubicada en Nava, Coahuila.
Cía. Minera El Pinabete, de la que se dice se constituyó en 2012, no había aparecido anteriormente en esa lista, de acuerdo con el documento de la Secretaría de Economía, tampoco estaba incluida Minera Río Sabinas, S.A. de C.V.
LAS DEPENDENCIAS
En una aclaración al periodista Carlos Loret de Mola, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó el 18 de agosto que El Pinabete operaba de manera irregular, sin avisos de apertura, “por lo que ya está siendo investigada por la Fiscalía General de la República”.
Una información que contrasta con la que la misma dependencia dio a conocer el 3 de agosto, día del accidente, cuando ni siquiera mencionó que se trataba de El Pinabete, pero sí aseguró que la mina inició operaciones en enero de este año “y a la fecha no se tiene antecedente de denuncias por algún tipo de anomalía”.
Por su parte, la Secretaría de Economía informó el 12 de agosto que un día antes se suspendieron provisionalmente obras y trabajos de 10 concesiones mineras, aunque ninguna correspondía a “Las Conchitas Fracción Norte, con el título 221087, propiedad de Cia. Minera El Pinabete”.
La CFE publicó el 4 y 5 de agosto que trabajaba en coordinación con Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el rescate de los mineros, pero a la fecha no ha expuesto su postura sobre la compra de carbón a pequeños productores, y las verificaciones que les realiza y si, en efecto, supervisó que El Pinabete cumpliera con las medidas de seguridad adecuadas.
EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS ESTATALES
Los gobiernos estatales han metido mano en la venta de carbón. Lo hizo el gobernador Humberto Moreira, con la creación de la Promotora de Desarrollo Minero, que tenía la intención inicial de obtener precios más justos para los productores y vender el carbón a la CFE, pero la promotora –creada por el mismo mandatario que dejó a su estado con una megadeuda de 33 mil millones de pesos– terminó siendo una especie de intermediaria.
La OFPC demostró que la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) compró 20 mil toneladas de carbón a Constructora Ferber, que empleaba a menores de edad. Pero el gobierno de Coahuila no sólo no la sancionó, sino que incluso le dio más contratos.
Con el actual gobierno federal, la CFE anunció que no habría intermediarios, y que compraría directamente el carbón dando preferencia a los pequeños productores, para reactivar la economía. Pero el esquema no se ha salvado de críticas. El gobernador de Coahuila, el priísta, Miguel Ángel Riquelme soltó un duro reclamo contra el director de la CFE, Manuel Bartlett, a quien le atribuyó la tragedia de El Pinabete, al comprarle a productores pequeños y no a los grandes, y fomentar así el coyotaje.
Es algo en lo que coinciden mineros, al asegurar que quienes tienen los contratos con la CFE no pueden cumplirlos y recurren a productores más pequeños e informales que extraen carbón de los pozos para llegar a la meta establecida en el contrato. Una forma de intermediarismo, algo similar a la Prodemi.
Quienes no quieren a Riquelme dicen que el enojo es porque precisamente la CFE le quitó al gobierno estatal la intermediación a través de la Prodemi, que era un negocio para el gobierno local.
RIQUELME VS BARTLETT
Por cierto, Riquelme ya desde el 14 de junio de 2021 había acusado a Bartlett de favorecer sólo a algunas empresas en la compra de carbón, entre ellas la de Antonio Flores Guerra, hermano de la entonces alcaldesa de Múzquiz, la morenista Tania Flores Guerra.
“Han sido beneficiados con la compra de más de dos millones de toneladas sin licitación”, dijo el gobernador en un largo hilo escrito en su cuenta de twitter @mrikelme, en los que también se deslindaba del accidente en la mina Micarán, en la comunidad de Rancherías, en Muzquiz, ocurrida a inicios de junio pasado con un saldo de 7 mineros muertos.
La OFPC ha informado que la mina de Flores extrae carbón de la concesión llamada Los Menores I en una zona de riesgo, ubicada sobre un minado viejo, con una Manifestación de Impacto Ambiental que es de otra empresa.
IBAN A LEGISLAR, PERO…
Luego del siniestro de Sabinas, una iniciativa para prohibir la extracción de carbón por pocitos o cuevas, de menos de 100 metros de profundidad, como es el caso de El Pinabete, fue descongelada, luego de estar en el olvido. Quien la revivió, fue el exgobernador de Coahuila y actual coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien llegó al poder en su estado como sucesor de su hermano, Humberto Moreira.
El exmandatario consideró que, si esa reforma a la Ley Federal del Trabajo que contemplaba multas y cárcel en caso de muertes eventuales de trabajadores, hubiera sido aprobada por el Senado, se habría evitado una tragedia como la de El Pinabete.
“Los pozos de carbón son una minería artesanal que no tiene por qué existir y es mucho más fácil de vigilar la seguridad en las minas a cielo abierto”, sostuvo el ex mandatario del estado donde se encuentra la Región Carbonífera.
Pero desde 2009 la Organización Familia Pasta de Conchos ya había propuesto prohibir ese tipo de minería, recuerda Auerbach. Lo hizo ante la Cámara de Diputados, pero en aquel entonces los legisladores argumentaron que como generaban desarrollo económico y que de Coahuila sale el 99 por ciento de carbón del país, no podían hacerlo.
“¿Qué sí genera? Control político, porque nadie dice nada cada vez que hay contratos, elecciones, todos están bien acomodados. Es la casta política la que tiene el carbón. Si no te va a costar nada, ni siquiera al matarlos te cuesta para pagar el rescate, es un negocio”, puntualiza.
Esta situación es añeja, así lo atestigua el monumento a los mineros caídos que se encuentra en el pueblo Barroterán, en el municipio de Múzquiz, que fue levantado en homenaje a 153 mineros que fallecieron en una explosión en las minas de Guadalupe, el 13 de marzo de 1969, a donde cada año las viudas, huérfanos y deudos regresan a recordar a sus muertos. Y así, retoma fuerza el dicho de que lo primero que se aprende en la minería es que: un minero sabe cuándo entra, pero no cuándo sale de la mina.