Desde octubre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) sigue los pasos del expresidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con Milenio, desde ese mes, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales empezó a solicitar información del mexiquense, la cual clasificó como “confidencial” porque sería parte de una carpeta de investigación iniciada por denuncias de corrupción durante su sexenio.
A dos años de iniciada la investigación contra Peña Nieto, el Ministerio Público de la Federación ya cuenta con documentación personal y pública de quien fuera presidente entre el período 2012 a 2018.
Te podría interesar
Entre la documentación solicitada se encuentran acta de nacimiento, CURP, INE, pasaporte, así como ubicación de sus domicilios y hasta licencia de manejo, entre otra información que podría utilizarse para una posible imputación de algún delito y posteriormente para un juicio.
El primer paquete de copias certificadas entregadas el 16 de octubre de 2020 a la Consejería Jurídica de la Presidencia, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados, está relacionado con el contrato laboral de Peña Nieto, de su constancia de registro como candidato presidencial del PRI en las elecciones de 2012 y de sus gastos de campaña, así como de su declaración como presidente electo y el bando solemne relativo a la constancia de presidente electo.
Posterior a este envío, seis días después, la indagatoria contra Peña Nieto subió de nivel: la FGR pidió a la Policía Federal Ministerial designar elementos para que realizaran inspecciones ministeriales, "en medios o plataformas a las que tenga acceso para obtener información relacionada" con su domicilio.
FGR y UIF contra Peña Nieto
La semana pasada la FGR informó que abrió una investigación por diversos delitos del orden federal en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el comunicado, el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos.
La FGR recalcó que existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
El pasado 7 de julio pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda dio a conocer que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la investigación de la UIF se estableció que Peña Nieto recibió alrededor de 26 millones de pesos en transferencias internacionales entre 2019 y 2021.
Las transferencias fueron realizadas por un familiar del exmandatario desde una cuenta en México hacia España. De acuerdo con la UIF, esta persona realizó también operaciones con el hermano del expresidente a quien le giró cheques por 29 millones de pesos.
De igual forma, Hacienda detectó que entre 2013 y 2022 retiros por 189 millones de pesos y depósitos por 47 millones de pesos. De este dinero llama la atención de recepción por 36 millones de pesos en efectivo de los cuales es difícil determinar quién es la fuente, informó la UIF.
Tras darse a conocer la investigación, el expresidente Peña Nieto respondió a la denuncia de la UIF y dijo que está dispuesto a aclarar el origen de su patrimonio y refrendó su confianza en el sistema judicial mexicano.
El exmandatario actualmente vive en una zona lujosa de Madrid, España, y se mantiene alejado de la vida política.
kach