A tres años de la creación de la Guardia Nacional los resultados esperados siguen en eso… en espera. La institución cuenta con el despliegue de más 105 mil elementos al mes en distintas entidades del país, sin embargo, los delitos que más dañan a la población, presentan disminuciones mínimas, algunos incluso aumentos.
De acuerdo con documentos de la Guardia Nacional, entre julio de 2019 (inició operaciones el 30 de junio de ese mismo año) y junio de 2022, la presencia de elementos aumentó 86.87% al pasar de 56 mil 191 en los 32 estados a 105 mil tres.
Además del despliegue de los elementos, la institución ya tiene 241 cuarteles construidos en distintas entidades. Incluso, en algunos estados, como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Baja California, tiene hasta 33 centros en municipios clave donde se tiene identificada la presencia de cárteles y organizaciones criminales que siguen realizando operaciones ilícitas en impunidad.
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Sin embargo, la presencia de elementos, así como la edificación de cuarteles no han evitado que se sigan cometiendo delitos que más dañan a la población, entre ellos homicidios, secuestros, extorsiones y robos.
Tampoco han disuadido y evitado la presencia de cárteles y organizaciones criminales. Este año, el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) documentó al menos 150 cárteles y células delincuenciales, entre los que destacan los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Golfo, Noreste y la Nueva Familia Michoacana, que operan en el país, y sus alianzas, rivalidades y tipo de actividades que realizan.
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De acuerdo con los datos recabados, en 2020, los investigadores identificaron al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como el más dominante (23 estados), seguido Sinaloa, 13; del Golfo, ocho; del Noreste, ocho; la Nueva Familia Michoacana, ocho; Los Zetas, cinco, y Zetas Vieja Escuela, con cinco más.
Los reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), muestran que son mínimas las reducciones en la comisión de ilícitos, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió el 22 de abril de 2019, a que una vez que estuviera en operaciones los programas sociales y que iniciara la Guardia Nacional, disminuiría la inseguridad.
En julio de ese mismo año, el presidente reconoció que a siete meses de que iniciara su gobierno, los homicidios no habían disminuido, por lo que aseguró que con el inicio de operaciones de la dependencia bajarían.
“Es una asignatura pendiente, que no hemos podido disminuir el número de delitos, sobre todo los homicidios, son los mismos que heredamos del antiguo régimen”.
La realidad es otra. A tres años de la Guardia Nacional, proyecto de seguridad propuesto por el propio mandatario, la inseguridad no ha disminuido. De acuerdo con los registros del SESNSP, los delitos de homicidio doloso presentan una reducción prácticamente nula. A la par, han aumentado los asesinatos culposos.
El primer mes operaciones de Guardia Nacional se reportaron dos mil 974 víctimas de asesinato, mientras que en julio de este año fueron dos mil 679, lo que representa una disminución del 9.92.
Cada mes se registran más de 90 víctimas de homicidio doloso en México, una de las más altas cifras en el mundo. En las entidades donde más cuarteles tiene la Guardia Nacional, tampoco se ha visto una reducción de los delitos.
Tan solo, en siete entidades donde hay más cuarteles y despliegue de elementos, durante el primer semestre del año ya superan las mil víctimas de asesinato (cada entidad). Estos son Baja California (mil 567); Chihuahua (mil 132); Guanajuato, (mil 864); Jalisco (mil 218); Estado de México (mil 475); Michoacán (mil 587); y Sonora (mil 18).
El desglose de los asesinatos que se han registrado durante este sexenio, indican que 25 estados han rebasado los mil homicidios desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las únicas entidades donde los crímenes se han contenido son: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán, estados donde las víctimas de homicidio doloso no rebasan las mil muertes en cada uno de ellos.
En el caso de extorsión, se mantienen iguales, al registrarse 855 en julio de 2019 y en julio de este año 856. La presencia de la institución tampoco ha evitado la presencia de organizaciones criminales.
En estados como Jalisco (seis mil 750 movilizados en junio); Guanajuato (seis mil 618); Chihuahua (dos mil 664); y Baja California (dos mil 214), la presencia de los elementos no evitó que organizaciones criminales realizarán quemas de vehículos, comercios y que asesinaras a ciudadanos por supuestos operativos para detener a integrantes de cárteles, por el supuesto incumplimiento en acuerdos, así como represalias por disputas en un penal.
Organizaciones civiles, así como internacionales han cuestionado la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, de basar la seguridad en una institución conformada por militares.
El despliegue de elementos, ha originado distintas violaciones a derechos humanos, así como homicidios “imprudenciales” relacionados con el personal.
Los cuestionamientos aumentaron en las últimas semanas, cuando el titular del Ejecutivo anunció que la dependencia, a través de un Decreto, pasaría a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).