En febrero de este año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desastre en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y al que se han señalado múltiples anomalías.
De acuerdo con el reporte de la ASF, se revisó la gestión financiera de Segalmex en los rubros de efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, ingresos, pagos por adquisición de bienes y prestación de servicios, así como su registro contable y presupuestal, de conformidad con las disposiciones normativas.
Al respecto, se determinaron observaciones por 5,640.6 millones de pesos, por concepto de adquisición y pagos sin soporte documental de maíz, frijol, canasta básica, leche y subsidios de arroz, trigo y maíz; pagos que excedieron el tonelaje o precio de garantía establecidos para maíz y frijol; pagos sin acreditar la prestación del servicio de subcontratación de personal y recepción de pesticidas; pagos fuera de la vigencia del contrato de servicios de fletes; faltantes de maíz y frijol en inventarios; productos de canasta básica sin acreditar la entrada a almacenes; salidas de efectivo no identificadas con su concepto de, y penalizaciones no aplicadas en arrendamiento vehicular.
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LAS IRREGULARIDADES EN SEGALMEX EMPEZARON DESDE ANTES
En enero del 2021, La Silla Rota documentó compras fantasmas, inventarios de productos que sólo existían en el papel, pero no en bodegas, y tratos con empresas irregulares con presuntos trabajadores de los que no había registro de seguridad social en el IMSS, lo cual apenas era parte de un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 3 mil 396 millones 253 mil 452 pesos que la ASF ya había detectado en Segalmex.
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Desvío de recursos, contrataciones irregularidades y la adjudicación de contratos han sido la constante de Segalmex, proyecto con que el gobierno federal buscaba garantizar el abasto nacional de alimentos básicos, y que ahora se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con La Jornada, la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero inició más de 20 carpetas de investigación por diversos actos de corrupción.
Las irregularidades en Segalmex han sido detectadas, documentadas y denuncias por la ASF y la Secretaría de la Función Pública (SFP), las quejas van desde múltiples contrataciones sin licitación, compras simuladas, gastos no acreditados y hasta la utilización de 8 millones de pesos de recursos públicos para “invertir” en el mercado de valores, mismos que ya fueron recuperados.
Según el diario la investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Control Competencial (Fecoc), cuyo encargado es Juan Ramos López, uno de los hombres más cercanos al fiscal Gertz Manero, y a quien corresponderá indagar irregularidades que abarcan la asignación directa de contratos a organizaciones que son investigadas por ser empresas fachada, pero que lograron operaciones que sumarían más de mil millones de pesos, de acuerdo con la denuncia presentada por la ASF.
Las primeras denuncias fueron presentadas a los pocos meses del inicio de operaciones del organismo y apuntan como un actor central a René Gavira Segreste, quien llegó a Segalmex junto con su director.
SEGALMEX, LASTRE DE CORRUPCIÓN DESDE 2021
Un capital de 770 millones de pesos de Liconsa y Segalmex está en riesgo por una posible inversión fraudulenta, a través de una financiera con presuntas operaciones simuladas, de acuerdo con las autoridades fiscales.
Un informe de inteligencia financiera, al que La Silla Rota tuvo acceso, revela que las inversiones en valores privados no cumplieron con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda; además, al seguir la ruta de los involucrados en la recepción del recurso, se detectaron posibles actos de corrupción y delitos fiscales.
El 20 de junio de 2018 y el 11 de febrero de 2020, el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, René Gavira Segreste, investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por posible defraudación fiscal y triangulación de recursos a empresas fachada, celebró contratos de intermediación bursátil para la adquisición y venta de valores o instrumentos financieros con CI Casa de Bolsa SA de CV, por 700 millones (de Lincosa) y cien millones de pesos (de Segalmex), respectivamente.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) también ha dado a conocer que una red de empresas cuyos accionistas han participado en empresas fantasma y desvíos millonarios en ISSSTE y Sedatu recibió adjudicaciones directas de Segalmex por más de 797 millones de pesos. Estas firman comparten teléfonos y direcciones; no obstante, los socios no fueron localizados.
MCCI también reveló que por las manos de Gavira Segreste pasaron dos contratos por cuatro mil millones de pesos para procesar 800 mil litros de leche al día, durante cinco años, que adjudicó directamente a favor de una empresa que carecía de infraestructura, pues se dedicaba a la construcción, y cambió de giró dos días después de que tomó posesión el actual gobierno federal.
SEPARAN A FUNCIONARIOS DE SEGALMEX
A finales de enero, la Presidencia informó en comunicado que varios funcionarios de Segalmex fueron separados de sus cargos por presuntos actos de corrupción.
Se informó que auditorías y revisiones hechas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, detectaron posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales, por lo que se han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En el comunicado, la Presidencia no identificó a los funcionarios que han sido separados de su cargo, ni cuántos servidores públicos han sido denunciados.
Además, se dio a conocer que Juan Francisco Mora Anaya, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex-Diconsa-Liconsa, se encargará de manera provisional de las Direcciones Comercial y de Operaciones de Liconsa.
De igual forma, Alma Contreras Garibay fue designada temporalmente como encargada de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
VINCULAN A PROCESO A EXFUNCIONARIO DE SEGALMEX
Un juez de Control vinculó a proceso a René Gavira Segreste, ahora, exservidor público del organismo denominado Segalmex por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
La vinculación a proceso de René Gavira Segreste, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), se llevó a cabo luego de que el Ministerio Público presentó datos de prueba para acreditar el delito.
“René “G”, en su calidad de Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, en el periodo comprendido del 14 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2020, presumiblemente autorizó la compra, en junio de 2020, de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa”.
Según la FGR, la autorización de compra de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos públicos es ilícita, ya que el Director General de Segalmex no contaba con la autorización de colocar recursos públicos en tales certificados.
“El 6 de abril de 2022, en audiencia inicial, la defensa solicitó se resolviera la situación jurídica del imputado, por lo que con los datos aportados por el agente del Ministerio Público Federal, el juez de la causa dictó vinculación a proceso por el delito ya mencionado y concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria, así como las siguientes medidas cautelares: firma quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA); prohibición de salir de la Ciudad de México y Zona Metropolitana; prohibición de acercarse a los testigos, y garantía económica”.
Las investigaciones de la FGR incluyen varios casos que se encuentran en integración por el uso indebido de recursos públicos asignados al organismo denominado Segalmex.
¿Y EL MAÍZ Y EL FRIJOL?
Compras fantasmas, inventarios de productos que sólo existen en el papel, pero no en bodegas, y tratos con empresas irregulares que tienen supuestos trabajadores de los que no hay registro de seguridad social en el IMSS son parte de un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 3 mil 396 millones 253 mil 452 pesos que la ASF detectó en el organismo Segalmex.
La auditoría 283-DE a la gestión financiera de Segalmex, parte del tercer informe de la cuenta pública 2019, reveló que en el rubro de “Inventarios” de maíz y frijol este organismo presentó un saldo al 31 de diciembre de aquel año de 1 mil 819 millones 544 mil 700 pesos; sin embargo, de este monto, Segalmex, a través de Diconsa, sólo tuvo inventarios físicos de maíz sólo por 323 millones 298 mil 500 pesos.
En consecuencia, el órgano fiscalizador no pudo constatar la existencia física de 1 mil 496 millones 246 mil 200 pesos de ambos granos que se presentan en los registros contables.
En su revisión, los auditores constataron que, en las adquisiciones de frijol registradas en cuatro pólizas, que ascendieron a 551 millones 289 mil 700 pesos, no se proporcionaron las boletas de recepción y liquidación de los productores, que son los documentos que soportan la entrada del grano a los Centros de Acopio.
De igual forma, al inspeccionar las entradas de los productos de canasta básica a los almacenes de Diconsa, encargada de su custodia y administración de los productos, rastreo que en 31 contratos que suman 593 millones 343 mil 900 pesos, Segalmex no acreditó la recepción de 94 millones 405 mil 400 pesos, mediante el “Reporte de movimientos 5 y 55” emitido por el Sistema Integral de Almacenes Comunitarios (SIAC) de Diconsa.
Asimismo, identificó pagos en exceso por 51 millones 120 mil 400 pesos, correspondientes a mil 520 productores de trigo panificable por el diferencial del precio de garantía de 27 mil 702 toneladas, las cuales excedieron el tonelaje permitido de 100 toneladas por productor, según los “Lineamientos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos”.
Otra irregularidad fue que Segalmex no acreditó dónde se encuentran 34 millones 732 mil dos costales blancos de polipropileno, por los cuales destinó 182 millones 106 mil 800 pesos, aun cuando en el pedido A/001/2019 se estableció como fecha obligada el 31 de diciembre de 2019 y que el pago se realizaría en parcialidades por cada entrega realizada, y en caso de presentarse una suspensión en la entrega de los bienes se pagarán aquellos efectivamente entregados.
Tampoco –según el dictamen de la ASF– se conoce dónde están 87 mil 129 tarimas que costaron 67 millones 211 mil 300 pesos, incluso cuando en el pedido A/011/2019 que debían estar completamente entregadas el último día de aquel año.
Por todas las posibles irregularidades, la Auditoría Superior de la Federación emitió 13 Recomendaciones, cuatro Solicitudes de Aclaración, cinco Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. No obstante, estas no son las únicas anomalías en Segalmex.
La Silla Rota documentó que entre los multimillonarios contratos sin licitar que fueron otorgados en Segalmex están cinco por 1 mil 475 millones de pesos en arrendamientos, combustibles y fletes. El primero, con la empresa Lumo Financiera del Centro SA de CV Sofom ENR, entró en vigor el 1 de enero y vence el 31 de diciembre de 2023. El “arrendamiento de vehículos terrestres de carga y gran carga” solicitado tiene un costo de 742 millones 787 mil 980 pesos.
Al revisar el procedimiento, este medio detectó que los vehículos terrestres de carga a los que refiere son 60 “sedán básico de cuatro puertas” que fueron arrendados, cada uno, en 244 mil 80 pesos sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA). Entre la gama de sedanes básicos a la venta en ese momento, modelos 2020, estaba el Chevrolet Aveo, con un precio desde 225 mil 800 pesos y el Nissan Versa, desde 239 mil 900 pesos. Aunque en la versión pública del contrato disponible en Compranet no precisaba marca de los automóviles, el costo por renta (280 mil 692 pesos) era superior a haber comprado entre la gama de versiones básicas en el mercado.
“Los vehículos de gran carga” son 1 mil 100 “Pick up cabina sencilla 4 cilindros”, cada una rentada en 573 mil 870 pesos, sin IVA, como aparece en la descripción del contrato (659 mil 950 con IVA). La Chevrolet Colorado 2020 tiene un precio desde 608 mil 100 pesos; es decir, cincuenta mil pesos más económicos comprarlas que rentarlas, con una vida útil media de 14 años, de acuerdo con consultas realizadas por este medio a asesores automotrices.
ASÍ OPERÓ LA RED DE CORRUPCIÓN EN SEGALMEX DURANTE EL PRIMER AÑO DE AMLO
Un capital de 770 millones de pesos de Liconsa y Segalmex está en riesgo por una posible inversión fraudulenta, a través de una financiera con presuntas operaciones simuladas, de acuerdo con las autoridades fiscales.
Un informe de inteligencia financiera, al que La Silla Rota tuvo acceso, revela que las inversiones en valores privados no cumplieron con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda; además, al seguir la ruta de los involucrados en la recepción del recurso, se detectaron posibles actos de corrupción y delitos fiscales.
El 20 de junio de 2018 y el 11 de febrero de 2020, el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, René Gavira Segreste, investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por posible defraudación fiscal y triangulación de recursos a empresas fachada, celebró contratos de intermediación bursátil para la adquisición y venta de valores o instrumentos financieros con CI Casa de Bolsa SA de CV, por 700 millones (de Lincosa) y cien millones de pesos (de Segalmex), respectivamente.
El pago de ambas inversiones se garantizó con el patrimonio de un fideicomiso celebrado con Financiera Corafi, actualmente Corafi Asesores Ejecutivos.
De acuerdo con el rastreo de las operaciones financieras de Corafi, las autoridades fiscales detectaron que, de 2013 a 2020, tuvo ingresos por mil 159.9 millones de pesos, sin realizar algún pago de impuestos; además, indicó tener pérdidas en casi todos los ejercicios, excepto en 2014, cuando manifestó utilidades.
El 21 de septiembre de 2020, Segalmex recuperó 30 millones de pesos de la inversión. Debido a que los montos restantes no fueron reintegrados, el 19 de marzo de 2021 Corafi celebró con Segalmex y Liconsa un Convenio de Reconocimiento de Adeudo con Garantía Hipotecaria y/o Fiduciaria y su posterior pago por 770 millones de pesos, más los rendimientos e intereses moratorios generados.
En este convenio, firmado ante la fe del notario 113 de la Ciudad de México, David Malagón Bonilla, Corafi se comprometió a pagar los 770 millones a más tardar el 20 de abril pasado, pero no lo hizo. A la fecha, estos organismos federales no han recibido las garantías hipotecarias y/o fiduciarias suficientes para garantizar el reintegro del dinero público.
Las operaciones en esta inversión fraudulenta las realizó René Gavira, a quien la UIF indaga por posibles negociaciones indebidas y delitos fiscales, así como por recibir recursos de diversas empresas reportadas por la autoridad como posible fachada y por estar relacionado con sujetos en la lista de personas bloqueadas y formar parte de la red de Flores Drug Trafficking Organization, vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Asimismo, la autoridad detectó movimientos altos e inusuales en sus cuentas bancarias y en operaciones en efectivo. Entre estos movimientos irregulares se encuentran pagos domiciliados a American Express de México por 2.9 millones de pesos. Aunado a lo anterior, de 2015 a 2021 recibió 1.1 millones de pesos, y en 2020 adquirió un reloj en efectivo por 181 mil pesos.
No solo eso, la autoridad detectó que, en 2018 y 2019, Gavira recibió siete depósitos en efectivo por 1.2 millones, mientras que en 2018 y 2021 retiró 680 mil en efectivo. Entre 2011 y 2020, también vendió en efectivo cuatro mil 300 dólares.
Mediante el Sistema de Pagos Financieros Interbancarios (SPEI), Gavira recibió, de abril de 2019 al mismo mes pero de 2021, 4.6 millones de pesos de una persona moral y tres físicas, incluyéndolo a él, por lo que la Procuraduría Fiscal comenzó a indagarlo.
La firma Ideas y Desarrollos Sustentables S.A. de C.V. , que transfirió 3 millones de pesos; así como la delegación Cuajimalpa, que pagó 46 mil pesos; también figuran como emisores de transferencias.
Las presuntas irregularidades en la operación ordenada por René Gavira tiene más aristas: el presidente del consejo de administración de financiera Corafi es René Dávila de la Vega, también accionista de Antistes Consortio S.A. de C.V. y con operaciones en una decena de empresas más. Un oficio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México menciona que este personaje está siendo investigado por fraude.
De 2015 a 2020, la autoridad identificó que envió transferencias internacionales por 4.1 millones de pesos y 749 mil pesos, principalmente a España y Estados Unidos. De igual manera, recibió transferencias internacionales por 251 mil pesos y 29 mil dólares, provenientes de Estados Unidos.
Fiscalmente, de 2014 a 2020 manifestó ingresos por 75.9 millones de pesos.
Es socio de las empresas Antistes Consortio S.A. de C.V., Corafi Inmobiliaria del Sureste S.A. de C.V., Desarrollos Akadama S.A. de C.V., Financiera Corafi S.A. de C.V., Fractales Iluminación y Diseño S.A. de C.V., IMI Civiles del Sur S.A. de C.V., Materiales Sofisticados Dubai S.A. de C.V. y Soluciones Corporativo Estéreo S.A. de C.V.
Además, la investigación arrojó que es dueño de 17 propiedades en Mérida, Cancún y Oaxaca valuadas en 87.6 millones de pesos.
¿QUÉ PASÓ CON LA LLEGADA DE OVALLE FERNÁNDEZ A SEGALMEX?
En agosto de 2018, ante el nombramiento de Ignacio Ovalle Fernández al frente de Segalmex y Arturo Zamora Jiménez, secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, de filiación priista, dijo que era una señal clara de cómo transcurrirá la administración de Andrés Manuel López Obrador, al revivir un programa de subsidios que ha fracasado en México y otros países.
Ignacio Ovalle Fernández trabajó con cinco gobiernos priistas:
- Jefe de la Oficina de Vendedores Ambulantes de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz.
- Fue secretario particular y privado en el gobierno de Luis Echeverría, para luego ser Secretario de la Presidencia en ese sexenio.
- Con José López Portillo fue director de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar).
- Y durante el gobierno de Miguel de la Madrid fue designado Embajador de México en Argentina y también en Cuba.
- En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari estuvo a cargo de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).
Apenas el pasado 16 de febrero, en su columna en El Universal, el periodista Mario Maldonado señaló que en Segalmex se ha señalado presunta corrupción por casi cinco mil millones de pesos, pero su titular permanece intocable.
¿QUÉ HAY DE LICONSA?
La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que Liconsa es incapaz de acreditar el gasto de 83 millones 259 mil pesos, que se ejerció a través de cinco contratos para adquirir materias primas.
De acuerdo con la auditoría que llevó a cabo la Función Pública, los convenios fueron para la compra de vitaminas, minerales y aceite de palma, los cuales son suministrados a la leche que distribuye Liconsa, así como para adquirir película de polietileno.
Lincosa es una compañía paraestatal dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la cual se encarga del abastecimiento de leche y productos de primera necesidad a personas de escasos recursos y en comunidades marginadas.
De acuerdo con la auditoría, que fue entregada el pasado 31 de marzo, las deficiencias se identificaron en los contratos CADQ/852/2020, CADQ/825/2020, CADQ/963/2020, CADQ/966/2020, CADQ/963/2020 y CADQ/1010/2020.
Según lo especificó la SFP, Liconsa no pudo “aclarar o justificar por qué no se entregó el total de la documentación soporte justificativa y comprobatoria del gasto, por un importe de 83 millones 259 mil 37 pesos (diferencia entre el importe máximo de los contratos y lo pagado), en relación con las entregas y pagos de materia prima”.
Al llevar a cabo la revisión, la SFP determinó que, a pesar de que se cumple con la documentación de la adjudicación a las empresas proveedoras, los contratos carecen de información, en otros casos no existen informes basados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
Asimismo, la ASF detectó que Liconsa SA de CV compra leche a proveedores que no abastecen leche, además de otras irregularidades injustificadas; por lo que la paraestatal tendrá 30 días para presentar aclaraciones por 1583.9 millones de pesos.
El resultado de esta auditoría es amplio y advierte que se encontraron 26 contratos de recepción de leche fresca y servicios de maquila que se realizaron por adjudicación directa, pero que carecen de la documentación que acredite su realización en términos de la legislación aplicable.
“Realizaron adquisiciones de leche fresca a las personas morales 5 MPS Management, S.A. de C.V., Comarket, S.A. de C.V. y Grupo AS2, S.A. de C.V., cuyo objeto social no se encuentra relacionado con la comercialización de productos lácteos, por lo que tampoco no acreditaron ser productores según lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía”, señaló.