Un juez de Control vinculó a proceso a René Gavira Segreste, ex servidor público del organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Selgamex es una empresa del ramo alimenticio que ha recibido distintos señalamientos de irregularidades por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En febrero pasado, la ASF presentó una auditoría en la que detectó que se “determinaron observaciones por 5,640.6 millones de pesos, por concepto de adquisición y pagos sin soporte documental de maíz, frijol, canasta básica, leche y subsidios de arroz, trigo y maíz; pagos que excedieron el tonelaje o precio de garantía establecidos para maíz y frijol; pagos sin acreditar la prestación del servicio de subcontratación de personal y recepción de pesticidas; pagos fuera de la vigencia del contrato de servicios de fletes; faltantes de maíz y frijol en inventarios; productos de canasta básica sin acreditar la entrada a almacenes; salidas de efectivo no identificadas con su concepto de, y penalizaciones no aplicadas en arrendamiento vehicular”.
En enero del 2021, La Silla Rota documentó compras fantasmas, inventarios de productos que sólo existían en el papel, pero no en bodegas, y tratos con empresas irregulares con presuntos trabajadores de los que no había registro de seguridad social en el IMSS, lo cual apenas era parte de un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 3 mil 396 millones 253 mil 452 pesos que la ASF ya había detectado en Segalmex.
La vinculación a proceso de René Gavira Segreste, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), se llevó a cabo luego de que el Ministerio Público presentó datos de prueba para acreditar el delito.
“René “G”, en su calidad de Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, en el periodo comprendido del 14 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2020, presumiblemente autorizó la compra, en junio de 2020, de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa”.
Según la FGR, la autorización de compra de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos públicos es ilícita, ya que el Director General de Segalmex no contaba con la autorización de colocar recursos públicos en tales certificados.
“El 6 de abril de 2022, en audiencia inicial, la defensa solicitó se resolviera la situación jurídica del imputado, por lo que con los datos aportados por el agente del Ministerio Público Federal, el juez de la causa dictó vinculación a proceso por el delito ya mencionado y concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria, así como las siguientes medidas cautelares: firma quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA); prohibición de salir de la Ciudad de México y Zona Metropolitana; prohibición de acercarse a los testigos, y garantía económica”.
Las investigaciones de la FGR incluyen varios casos que se encuentran en integración por el uso indebido de recursos públicos asignados al organismo denominado Segalmex.
(Luis Ramos)