En la región carbonífera de Coahuila –que actualmente está en la zozobra por conocer el destino de 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete, en la comunidad de Agujita, municipio de Sabinas– a lo largo de la historia ha habido condiciones de inseguridad y laborales desfavorables para los trabajadores.
Eso ha derivado en un registro de 310 eventos mortales, desde 1883 hasta 2018, con 3 mil 103 muertes documentadas.
Así se informa en el estudio El carbón rojo de Coahuila, aquí acaba el silencio, publicado por la Fundación Heinrich Böll y la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).
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De las muertes que fueron documentadas por el informe, 721 fueron de mineros fallecidos durante la presencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, actualmente encabezado por el senador Napoleón Gómez Urrutia.
1908, EL AÑO MÁS MORTAL
El documento da cuenta de que 1908 fue el año en que más mineros fallecieron –con una cifra de 443– a causa de la inseguridad en las minas. Durante el tiempo que ha estado el sindicato minero, desde 1934.
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Otro dato que destaca en la historia de los incidentes mortales es el ocurrido en 1973, dentro de una mina de Grupo México, cuyos directivos dejaron a un ingeniero sin rescatar de la mina 6, que además siguió en operación. Pero no fue la única muerte acaecida ahí. Dicha mina tuvo un historial de 202 mineros muertos –en distintos años, en 15 eventos– de los cuales 201 fueron recuperados. De esas tragedias, sólo 17 trabajadores sobrevivieron, afirma el documento.
En ese entonces, el padre del actual dirigente del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Sada, encabezaba el sindicato y también era senador, y es recordado porque no fue a la mina cuando murió el ingeniero. Algo similar ocurrió con Gómez Urrutia cuando fue la tragedia de Pasta de Conchos, en 2006, donde quedaron sepultados 65 mineros.
ORGANIZAN PROTESTAS SIN RESPUESTA OFICIAL
Algunos de los accidentes han llamado la atención de la prensa internacional. En 1969, ocurrió una explosión de minas de Guadalupe (en Barroterán, municipio de Muzquiz). Se registraron 153 muertos y fue portada de la revista estadounidense Life.
Pero las desventajosas condiciones que a lo largo de ese tiempo han tenido los mineros en Coahuila ha llevado a que se organicen movimientos de protesta, aunque casi nunca han tenido una respuesta favorable de parte de las autoridades.
En 1948, se organizó la llamada Caravana del Hambre, debido a la inconformidad por la intervención del gobierno del entonces presidente Miguel Alemán, que mandó a infiltrados para que intervinieran al sindicato, con el objetivo de no acreditar a los verdaderos mineros e imponer a un secretario general afín.
El movimiento de mineros no quedó en la caravana y en 1950 estallaron huelgas generales en las minas de ASARCO (hoy Grupo México). Las represalias por parte de ASARCO se tradujeron en el cierre de la clínica y la cooperativa de consumo, que era del sindicato, con la contratación de esquiroles y el patrullaje de soldados para reportar la ilegalidad de la huelga, de acuerdo con el documento.
La respuesta fue una movilización de trabajadores y sus familias de Nueva Rosita y Cluete a la Ciudad de México, en 1951, y el entonces secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines, cerró los espacios de diálogo y los procedimientos legales para que los mineros expresaran su inconformidad, por lo que regresaron en tren a Nueva Rosita, sin que les repusieran sus sueldos caídos, debido a que el Gobierno federal no les reconoció su movimiento de huelga, y además perdieron su empleo, lo que los dejó en la ruina.
Aunque algunos lograron ser recontratados, a cambio debieron renunciar a su antigüedad. Otros se volvieron comerciantes y unos más tomaron el camino de la migración.
“Finalmente, es restituido en asamblea el secretario general Napoleón Gómez Sada, quien seguirá en funciones hasta su muerte”, se lee en el informe.
CON PASTA DE CONCHOS VUELVEN LAS PROTESTAS
Un dato que resalta el estudio es que en el pliego petitorio de los huelguistas no estaba cambiar las pésimas condiciones de trabajo, ni aumentar los bajos salarios, ni exponer que carecían de seguridad social.
El siguiente movimiento de inconformidad se registró después de la tragedia de Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero de 2006. El 3 de marzo familiares de los mineros, agrupados en la OFPC, acudieron a la Ciudad de México a interponer un reclamo por el caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para denunciar las condiciones de trabajo, la falta de interés en el rescate y las ínfimas indemnizaciones que pretendían darles.
El documento de la Fundación Heinrich Böll y la OFPC se señala que a empresa dueña de la mina, Grupo México, se negó al rescate de los mineros, con el aval del gobierno federal, y el entonces presidente Vicente Fox no quiso ir a la zona, aunque le pidió a Dios por los trabajadores.
PODRÍAN SER MÁS MUERTES
De acuerdo con la OFPC, las muertes registradas en Coahuila desde 1883, pueden ser más, pues el sindicato, que era afín al PRI y que hacía que los trabajadores votaran por dicho partido, en ocasiones no reportaba todas las muertes o lo hacían como si ocurrieran solo por fracturas múltiples.
En la región la constante ha sido la falta de castigo para las empresas dueñas de las minas donde mueren los mineros.
El informe reconoce que hay accidentes causados por descuidos, incluso bajo condiciones de seguridad, pero que la mayor parte de los casos son por falta de insumos de seguridad para los trabajadores, ausencia de supervisión de las autoridades que además no sanciona a las empresas por su responsabilidad.
“A pesar de las más de 3 mil personas muertas en las minas, no se ha castigado a ninguna de las empresas en las que, por no invertir en seguridad, mueren sus trabajadores; ni por contratar niños y jóvenes para la extracción de carbón. Esto se debe a que históricamente se construyó un discurso, cínico y perverso, de culpar al carbón, al agua, al gas, a los techos que se caen, al cable que se rompe".
“Incluso a los mismos muertos, por estar paleando carbón a la banda transportadora, aunque no digan que está prohibido que la banda esté en funcionamiento mientras se hacen labores de limpieza. O, por ejemplo, al trabajador que murió al tropezar y caer del tiple, pero no dicen que trabajaba sin arnés de seguridad. O al trabajador que murió al caer del carro al salir de la mina, pero no dicen que está prohibido que los trabajadores utilicen los carros de carbón para transportarse”.
Después de Pasta de Conchos bajaron las muertes en la zona carbonífera, pero luego repuntaron en 2012.
El documento, de 2018, establece que “es muy difícil combatir este tipo de minería, porque normalmente, son operadas por terceros, a los que políticos y empresarios les compran el carbón para revenderlo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del gobierno de Coahuila (a través de la Promotora de Desarrollo Minero, que ya desapareció).
“Es un círculo perverso, porque el Estado mece la cuna. Concesionan, reglamentan, administran y obtienen grandes ganancias que alimentan la corrupción y la negligencia, de modo que ha sido casi imposible establecer mecanismos eficaces de control y transparencia. Doscientos años después de que iniciara la extracción de carbón y sus 3 mil muertos en las minas nunca ha sido castigado ningún empresario por su negligencia, por contratar menores de edad, por obligar a los trabajadores a laborar en modelos de esclavitud moderna, por robar carbón a la nación, por no registrar en el IMSS a los mineros”.
Después de la tragedia de Pasta de Conchos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió tres recomendaciones por eventos mortales en minas de carbón. Una de ellas, la Recomendación 85/2011, por el evento mortal en el Pozo de Constructora Ferber, donde el 10 de julio del año 2009 falleció José Ramón Flores Juárez y donde la OFPC probó, por primera vez, que había trabajo infantil.
Esta empresa tuvo contratos con Prodemi por 20 mil toneladas de carbón por año, con un promedio anual de seis trabajadores registrados en el IMSS. El gobierno de Coahuila jamás sancionó a la empresa por el trabajo infantil y continuó asignándole contratos de carbón.