A 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de las más de 150 personas interrogadas y detenidas por las indagaciones del caso, solo 20 continúan en prisión por un proceso penal en su contra.
Además, no existe ninguna condena directa por la ausencia de los jóvenes, solo un fallo por delitos distintos (se desconocen los motivos) a los investigados por las autoridades, así como solo hipótesis de los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Las personas capturadas y en proceso penal, en su mayoría, son ex funcionarios públicos contra los que el actual gobierno presentó imputaciones. Hasta el momento, ninguno de ellos ha recibido sentencia por su participación en los hechos.
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De acuerdo con un registro, llevado a cabo por La Silla Rota, de las personas interrogadas (voluntaria, orden ministerial o juez), detenidas y vinculadas a proceso a partir de las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal, entre los meses de octubre de 2014 y agosto de 2022, se documentaron 153 posibles sospechosos.
De ellos, 106 personas eran funcionarios públicos adscritos a las policías municipales y funcionarios públicos de Iguala, Cocula y Cuetzala del Progreso (Guerrero); de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena); Marina (Semar), de la extinta Policía Federal; así como de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR).
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Entre esas 106 personas, también están taxistas, una persona confundida con un integrante de Guerreros Unidos, otros que ayudaron al matrimonio Abarca-Pineda, así como la comparecencia de un ex fiscal General de Justicia de Guerrero, quien en diferentes ocasiones ha acudido al Ministerio Público para dar su testimonio.
La lista documentada por este medio incluye a 47 personas relacionadas por las autoridades con la organización criminal de Guerreros Unidos, entre ellos mandos, sicarios y los supuestos autores intelectuales y materiales de la desaparición y homicidio de los estudiantes la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
A más de 8 años de la desaparición de los estudiantes y desconocer qué fue lo sucedió con ellos, la llamada “verdad histórica” emitida por el ex fiscal General de la República, Jesús Murillo Karam, no se ha modificado a pesar de los informes presentados durante este sexenio por la Comisión de la Verdad, dirigida por Alejandro Encinas Rodríguez, también titular de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La “verdad histórica”
A inicios de noviembre de 2014, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, hoy preso por las investigaciones, dio a conocer lo que supuestamente sucedió con los alumnos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en los municipios de Iguala y Cocula, Guerrero.
Según el funcionario, los estudiantes fueron atacados y privados de la libertad por policías de Iguala por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y entregados a integrantes de Guerreros Unidos, quienes los trasladaron a un basurero en Cocula.
A ese lugar, según la verdad de Murillo Karam, algunos estudiantes llegaron sin vida. Sin precisar cuántos, el ex titular de la FGR, mencionó que los que se encontraban vivos, fueron asesinados y sus cuerpos quemados en un “horno” improvisado, el cual fue hecho a partir de basura, leña y llantas de vehículos. Después, sus restos fueron arrojados al río San Juan.
“Trasladaron a un grupo de más de 40 personas al basurero de Cocula. Algunas de las personas que se llevaron fueron asesinadas. Ahí asesinaron a los que aún estaban vivos y luego a todos les quemaron con gasolina diésel y algunas otras sustancias, y eso empezó desde las 12 de la noche hasta las tres de la tarde del día siguiente”.
Esa verdad se basó en los testimonios de Patricio Reyes Landa “El Pato”; Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”; y Agustín García Reyes, “El Chereje”, todos liberados. Los padres de los jóvenes cuestionaron la “verdad histórica” y pidieron la intervención de organismos internacionales para esclarecer los hechos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), inició investigaciones sobre la desaparición. Presentó un primer informe en septiembre de 2015, en el que cuestionó la “verdad histórica”, al mencionar la falta de evidencia científica, así como protocolos de investigación para afirmar la forma en que supuestamente murieron los alumnos.
"Para incinerar a 43 cuerpos se hubieran requerido 13 mil kilogramos de neumáticos y 30 mil kilogramos de madera y el fuego debería durar 60 horas… la vegetación del lugar, donde supuestamente se hizo la incineración, no presenta afectaciones”.
El primer informe ha seguido a otros en los que se cuestiona la información aportada por el gobierno, tanto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, como en el de Andrés Manuel López Obrador.
Los distintos informes presentados por el GIEI, han cuestionado la falta de apertura de la Secretaría de la Defensa Nacional en proporcionar información, así como el ocultamiento de informes por parte del Ministerio Público Federal para esclarecer los hechos.
Al presentar el informe más reciente por la desaparición de los alumnos, Alejandro Encinas, mencionó que los alumnos fueron calcinados en distintos crematorios, algunos de ellos localizados en Acapulco, Guerrero.
También, dijo que, por lo menos seis jóvenes, fueron entregados al Ejército y privados de la vida por un mando de la Sedena.
“Se acredita que, presuntamente, seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que se llama 'la bodega vieja' y de ahí fueron entregados al coronel (José Rodríguez Pérez), quien se hizo cargo de los muchachos, según testimonios".
La nueva verdad dada a conocer por Alejandro Encinas se basa en supuestas intercepciones de mensajes enviados a través de celulares entre integrantes de Guerreros Unidos, los cuales, no precisó la forma en que fueron obtenidos.
Al darse a conocer el informe de la Comisión para esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó dos informes. En uno de ellos confirma la posibilidad de que un grupo de estudiantes estuviera con vida días después de los hechos.
“Esos archivos que encontramos en Sedena, muestran que el día 26 de septiembre y el 4 de octubre había interceptaciones telefónicas que hablaban sobre los jóvenes, que hablaban de dónde había que mandar los jóvenes, y algunas de ellas son del día 4 de octubre, es decir, varios días después de los hechos. Esas comunicaciones mostrarían que una parte de los jóvenes estarían vivos en esos días”.
En un segundo presentado, el pasado mes de octubre, el GIEI cuestionó la veracidad de los mensajes, al enlistar distintas inconsistencias en la aplicación de Whatsapp al momento de ser escritas las comunicaciones.
Entre ellas, que el icono de videollamada, el cual se distingue en las capturas de pantalla al momento de ser emitido el mensaje, no estaba habilitado por esa compañía en ese periodo. Una segunda son diferencias en la escritura. La tercera, y una de las más claras, es que al momento de ser enviados cada uno de los mensajes, Whatsapp no tenía habilitada la función de “double check”.
“La fecha de generación de la imagen es anterior a las fechas de creación y envío de los mensajes, por ejemplo, se puede evidenciar que algunos mensajes fueron emitidos el 8 de enero de 2015 y la metadata muestra fecha de creación el 1 de octubre de 2014... por lo tanto, no existe confiabilidad de la imagen, ya que no es posible tener una captura de pantalla de un mensaje que aún no ha sido generado y enviado. En total se logran determinar 181 imágenes tipo screenshot que presentan este tipo de situación”, mencionó Francisco Cox Vial, integrante del GIEI.
Los liberados
La información documentada revela que, entre las personas detenidas y liberadas por falta de pruebas, se encuentran más de 80 policías de Iguala, Cocula, Cuetzala, Taxco, así como funcionarios públicos de esos municipios.
Hasta el pasado 21 de septiembre, según Alejandro Encinas, 120 egresaron de prisión por los delitos que el Ministerio Público buscó imputar por la desaparición de los estudiantes en el municipio de Iguala.
El funcionario culpó al juez Samuel Ventura Ramos de permitir el egreso de las prisiones, embargo, no aclaró las violaciones al debido proceso (derechos humanos) en contra de los procesados, entre otros motivos, para no continuar con el juicio en su contra
“Nuevamente, el juez Samuel Ventura Ramos libera a 24 imputados por la desaparición de los estudiantes de #Ayotzinapa. Con lo que suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por este juez en favor de acusados”, escribió en Twitter.
De acuerdo con las resoluciones de jueces, así como de Tribunales Unitario y Colegiados, los egresos de las personas detenidas y procesadas por las investigación se llevaron a cabo por la fabricación de pruebas, así como violaciones al debido proceso, entre ellas, tortura, el que los implicados no contaran con un abogado, falsos testimonios de las autoridades, así como por distintas violaciones al debido proceso, entre ellas, el ser detenidos a una hora y ser presentados ante el Ministerio Público (con golpes) más de 24 horas después.
Entre las personas liberadas se encuentran: Salvador Reza Jacobo, “El Wereke”; Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”; Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Darío Morales Sánchez, “El Comisario”; Benito Vázquez Martínez y Agustín García Reyes, “El Chereje”.
Las 6 personas antes mencionadas fueron las piezas clave para la construcción de la “verdad histórica”. Hasta el momento se han comprobado violaciones al debido proceso en su contra, así como tortura para obtener su autoconfesión incriminatoria.
Bernabé Sotelo Salinas, “Toluco”; Carlos Canto Salgado; Carlos Pascual Cervantes Jaimes,
“El Pollo”; Cruz Sotelo Salinas, “Oaxaco”; Darío Morales Sánchez, Comisario; “Elmer”; Nava Orduña, primo de “El Gil”; Eury Flores López; Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo” y Gildardo López Astudillo, “El Gil”.
A 8 años de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, no hay una investigación que permita a los familiares conocer la verdad. Hasta el momento solo hay hipótesis y preguntas sin responder.