La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtuvo permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la instalación de tres gasolineras dentro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en un tiempo récord y con un sobrecosto de más de 200 millones de pesos.
En marzo pasado, Forbes México dio a conocer que las tres gasolineras instaladas dentro del AIFA tuvieron un costo de 394.2 millones de pesos. Empresarios del ramo consultados por este medio señalaron que el costo representa un sobreprecio de más de 200 millones de pesos pues, en promedio, el costo de instalar una gasolinera con el mejor equipo y tecnología asciende a poco menos de 40 millones de pesos.
Según sus dichos, tres gasolineras con estas características costarían cerca de 120 millones de pesos, es decir, menos de la tercera parte del monto señalado por la Sedena.
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La Silla Rota interpuso solicitudes de información ante la CRE para revisar el tema y confirmó los montos que reportó la Sedena sobre el costo de cada gasolinera.
Este mismo año, la CRE frenó la expedición de permisos para instalación de nuevas gasolineras, un trámite que para particulares tarda casi un año. No así para la Sedena, ya que, con base en la información entregada por la propia CRE, en un mes obtuvo las tres aprobaciones antes de la inauguración del AIFA.
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Cada permiso de operación es por un periodo de 30 años, así que las tres gasolineras estarán vigentes hasta el año 2052.
Uno por uno: los permisos
El permiso número 1 corresponde a la estación de servicio PL/23974/EXP/ES/2022. Se trata de la “Estación de Servicio Frente 6”, con seis despachadores de gasolina; que se ubica dentro del Campo militar número 37 en Santa Lucía. “Fue aprobado conforme a la resolución número 209 de esta Comisión Reguladora de Energía el 11 de marzo de 2022”, refiere la información entregada.
El permiso ampara la venta de diésel y gasolinas Magna y Premium, todos de la marca Pemex; cualquier venta de productos de procedencia ilícita o de otras marcas “sin reportarlo en tiempo y forma” será sancionado, según el permiso entregado por la CRE a la Sedena.
El mismo documento considera una inversión aproximada de 158 millones 590 mil pesos para esa gasolinera.
Además, precisa que ésta contará con instrumentos de telemedición. El permiso expedido señala, entre las obligaciones generales, que el permisionario (en este caso el aeropuerto) “deberá realizar la medición sobre el volumen y especificaciones de los productos recibidos almacenados y entregados de conformidad con la normatividad vigente”.
La CRE otorgó el permiso tras un mes de trámites y 10 días antes de llevarse a cabo la inauguración del AIFA. Para ello, determinó que la solicitud de la Sedena cumplió con los requisitos que marca la Ley de Hidrocarburos y su respectivo reglamento, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el reglamento interno de la CRE.
Su resolución fue avalada con la firma de todos los comisionados.
El permiso 2 corresponde a la estación de servicio PL/23975/EXP/ES/2022. Se trata de la “Estación de Servicio Frente 40” con seis despachadores de gasolina; consideró una inversión de aproximadamente de 124 millones de pesos.
En tanto, el permiso 3 corresponde a la estación de servicio PL/23976/EXP/ES/2022 con cuatro despachadores de gasolina en la “Estación de Servicio Frente 38” que consideró una inversión de aproximadamente de 111.7 millones de pesos . Ambas, dentro del mismo campo militar y uso de instrumentos de telemedición.
Los documentos precisan que el permisionario, es decir el AIFA, “es una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana y cuenta con una estructura accionaria y de capital”.
Permisos con palancas…
Santiago Arroyo, director de Ursus Energy, empresa especializada en la regulación en materia energética y especialista en mercado de petrolíferos y gasolina, explicó que la rapidez con que la CRE resolvió estos permisos es inusual.
Explicó que el reglamento de la Ley de Hidrocarburos señala que en promedio son 10 días para la sola revisión de los requisitos; luego 10 días más para revisión de requerimientos adicionales al solicitante. A partir de ese momento se admite el trámite y después, en un lapso de entre 30 a 90 días hábiles (es decir, de mes y medio a 6 meses) se otorga una respuesta.
Precisó que, hasta el sexenio anterior, el tiempo promedio de trámite para la expedición de un permiso para gasolinera era de 3 meses; pero en esta administración el plazo se extendió hasta un año.
“A las empresas relacionadas con el gobierno, con Pemex o con alguna dependencia se da trato fast track; mientras que un solicitante común y corriente lo hacen esperar incluso hasta dos años. Los datos que tenemos para otorgar un permiso es en promedio 10 meses, por lo que encontramos que con las gasolineras del AIFA hubo una disparidad total, un abuso de autoridad”.
Y el sobrecosto
Agregó que los montos de inversión que reportó la CRE, vía la respuesta a las solicitudes, son también inusuales. “En uno de los casos, 150 millones de pesos para inversión de una gasolinera no es excesivo, sino ¡exorbitante!”, ironizó.
“Una estación de servicio normal con menos de 6 despachadores –o bombillas como se les conoce– con tanques de aproximadamente 100 mil litros por diésel, más gasolina regular y unos 60 mil de gasolina premium, se encuentran más o menos en el rango de unos 30 millones de pesos”.
Arroyo precisó que otro de los factores que puede acrecentar el pago de servicios se refiere al tema inmobiliario.
“Estamos hablando de que una estación de servicio con una inversión de 150 millones de pesos, equivale a una súper gasolinera, instalada dentro de una plaza comercial con 20 locales; similar a las que encontramos en diferentes puntos de la carretera junto a paradores turísticos, con cafeterías, tiendas de conveniencia y hoteles”.
“Y una gasolinera de 4 dispensadores es como la que encuentras en la Ciudad de México en cualquier esquina, en la colonia Roma o Condesa, que solo cuentan con una tienda de conveniencia y sanitarios”.
En las solicitudes de transparencia que interpuso La Silla Rota se requirió a la CRE la versión pública del expediente con el que la Sedena solicitó los tres permisos: quién hizo la solicitud, en qué fecha, qué requisitos ingresaron, qué argumentos presentó para acreditar la propiedad del terreno, justificación para instalar una gasolinera allí, la capacidad de combustibles que manejará, entre otros. Pero esa información no fue entregada.
“Un dispensador nuevo de la más alta tecnología te cuesta en promedio 250 mil pesos y un tanque de almacenamiento cuesta en promedio 500 mil pesos. El sistema de medición en promedio se evalúa en 150 mil pesos. Así que, a primera vista, los 150 millones de pesos que planteó la Sedena parece una exageración”.