Abogados de cuatro militares detenidos por las investigaciones del caso Ayotzinapa, presentarán una denuncia en contra de quien resulte responsable por fabricación de pruebas y contra la administración de justicia.
La defensa del General José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel, y el subteniente Fabián Alejandro Perita Ochoa, aseguran que a cuatro años de que iniciarán las investigaciones, solo se han presentado resultados sin sustentos que dañan a las personas detenidas, así como a la imagen del Ejército.
“No hay elementos de pruebas que justifiquen la comisión de la verdad, ni de la fiscalía para el caso. Se ha fabricado su culpabilidad con elementos de prueba falsos. La promesa de la Comisión fue trabajar en tres ejes fundamentales. Uno, el acopio, análisis y sistematización bajo los más altos estándares del debido proceso y la presunción de inocencia. Dos, la búsqueda de los normalistas que con principios científicos y criminalísticas irrefutables. Tres, romper el pacto de silencia entre las personas involucradas con la desaparición de los estudiantes, sin fabricación de testimonios, ni de pruebas”.
Los abogados César Omar González y Alejandro Robledo, mencionaron que mientras las investigaciones sigan encabezadas por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, no se tendrá resultados y solo se fabricarán pruebas.
“Mientras las investigaciones sigan a cargo del subsecretario, no se tiene como objetivo, ni la verdad, ni la justicia. En su afán irresponsable por producir resultados e incriminar al Ejército, por tener algo que mostrar a la prensa y a la sociedad, el subsecretario ha caído en los mismos vicios que tanto criticó a quienes le precedieron en la investigación”.
Según la defensa de los cuatro militares, solo se ha engañado a los familiares, así como a la opinión pública al presentar a “chivos expiatorios”.
En conferencia de prensa, los abogados comentaron que la denuncia fue presentada en la Fiscalía General la República (FGR) para que se realicen las investigaciones y se deslinden responsabilidades.
“Es necesario que la comisión pase a manos de personas profesionales, comprometidas e imparciales, quienes sean capaces de anteponer su misión a sus antecedentes personales”.
Según los abogados, el juez que concedió la orden de captura en contra de los cuatro militares, lo “hizo por consigna”, ya que es imposible que en menos de 24 horas tuviera la oportunidad de leer los 73 tomos de la investigación que realizó el Ministerio Público.
“Resulta tan complejo analizar y valorar jurídicamente el contenido de tal cantidad de esa información que a más de un mes de que los procesados apelaron el auto de formal prisión dictado en su contra, el juez Enrique Beltrán Santes, no ha tenido la capacidad humana, ni si quiera para fotocopiar el expediente”.
Los cuatro militares fueron detenidos por el caso Ayotzinapa a partir de las pruebas presentadas en un informe por Alejandro Encinas, el pasado 18 de agosto, en el cual se menciona la supuesta participación de los elementos en la desaparición de los 43 estudiantes.