En materia de seguridad, el dictamen de la Comisión de Presupuesto se refiere a la asignación de recursos a través de diversos rubros.
Al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de Estados y Distrito Federal (FASP) se asignan 8 mil 786 mdp y establece que su asignación se realizará conforme al artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. Será el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) quien distribuya estos fondos con base en criterios que deberá aprobar y emitir, a más tardar, en enero 2023.
Propone que al menos el 20% de este monto se distribuya entre municipios y alcaldías de la Ciudad de México, con base en su número de habitantes y avances en el programa estatal de seguridad pública; en este último deberá tomarse en cuenta todo lo relacionado con profesionalización de personal, equipo, uso de avances tecnológicos e infraestructura.
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El contexto del FASP es que en los últimos años la bancada oficialista no le asignó recursos por lo que partidos de oposición advirtieron que era una de las razones que aportó al debilitamiento de las policías municipales y estatales; y el fortalecimiento de la militarización.
Para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) se propone asignar 5 mil 692 mdp. Y de este monto el dictamen propone que al menos el 20% se destine a tareas de seguridad pública. Su correcta aplicación también sería vigilada por que el CNSP.
En el caso de la Guardia Nacional se estima asignar 34.5 mil mdp para tareas de prevención, investigación y persecución de delitos, señala el dictamen. Mientras que se asignaría a la Defensa 4 mil 965 mdp para su programa de apoyo a la Seguridad Pública. Esto significa que la mayor parte del monto asignado en este rubro se le otorgó a la Sedena; y en menor medida, a la GN.
Cabe recordar que, en septiembre, el Congreso aprobó con el voto de las bancadas oficialistas y el PRI que la Sedena continúe realizando labores de seguridad pública con Guardia Nacional bajo su mando.
Este dictamen no incluye el monto de recursos que Hacienda asignaría a tareas de seguridad, a partir del uso de recursos bancarios confiscados al crimen organizado; más aquellos de ahorradores que no han registrado movimientos en sus cuentas bancarias en los últimos 6 años.
Cuando el Congreso aprobó este dictamen en octubre, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, afirmó que la Banca reportó que, inicialmente, podrían disponer de poco más de 10 mil mdp.
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