La Auditoría Superior de la Federación (ASF), a cargo de David Colmenares Páramo, no encontró irregularidades en la eliminación de 109 fideicomisos federales a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), según su segunda entrega de la Cuenta Pública 2021.
De acuerdo con la auditoría de cumplimiento número 2021-0-06100-19-0284-2022, referente a la vigilancia del Proceso de Extinción de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, realizada a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), estas dependencias “cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables”.
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“Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe (…) se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”.
Aunque la ASF detalla las tareas con las que la Secretaría de Hacienda y la Función Pública han cumplido al pie de la letra, medios como La Silla Rota han documentado que la extinción de los fideicomisos –sobre todo aquellos destinados a la educación y la ciencia– le han salido más caros al gobierno de lo que hubiera sido mantenerlos.
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Es el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que gastó casi 30 millones de pesos en contratar a una empresa que le ayudara con la extinción de fideicomisos; mientras tenía a más de 40 académicos varados en el extranjero sin beca.
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Paso por paso: sin irregularidades
El reporte entregado por la ASF a la Cámara de Diputados, este 28 de octubre, describe paso a paso las obligaciones con las que cumplieron tanto la Secretaría de Hacienda como la Función Pública durante el proceso de eliminación de dichos fondos.
Cabe recordar que los fideicomisos eliminados por un decreto y diversas reformas legales avaladas en 2020 estaban destinados, principalmente, a la divulgación de la ciencia, a la búsqueda de personas desaparecidas, a la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, incluso a la protección de ciudades y zonas de riesgo ante desastres naturales.
Para empezar, la Secretaría de Hacienda cumplió –según la ASF de David Colmenares– con emitir los “Lineamientos específicos para la integración de un informe sobre los fideicomisos, mandatos y análogos para el ejercicio fiscal 2020”.
“Además, elaboró y entregó a la Cámara de Diputados el ‘Informe de fideicomisos, mandatos o contratos análogos 2020’, en cumplimiento de los transitorios octavo de la Ley Federal de Austeridad Republicana, y décimo octavo del Presupuesto de Egresos de la Federación”.
De acuerdo con la ASF, la Secretaría de Hacienda también cumplió con escuchar a las dependencias responsables del gasto de dichos fideicomisos y, con base en eso, “determinó a qué figuras jurídicas les aplicaban o no las excepciones, en uso de la facultad de interpretar lo previsto en el Decreto de Extinción, para efectos administrativos”.
ASF “ayudó” a eliminar más fideicomisos
En su informe, la Auditoría Superior detalló una irregularidad en la Secretaría de Hacienda: proporcionó una relación de 109 fideicomisos que era obligatorio extinguir, “sin contar con elementos que sustentaran que sólo esas figuras jurídicas debían extinguirse”.
Según la propia ASF, sus auditores identificaron otros dos fideicomisos que debían extinguirse y que la Secretaría de Hacienda no incluyó en esa relación. Al hacerle esa observación a la dependencia, ésta las incluyó y entonces “la observación quedó atendida”.
“Al cierre de 2021, existían 253 figuras jurídicas con disponibilidades por 509,855,053.2 miles de pesos, datos menores a las 329 figuras jurídicas con disponibilidades por 596,597,313.9 miles de pesos reportadas al cierre del ejercicio anterior, debido a la disminución neta de 76 figuras y disponibilidades por 86,742,260.7 miles de pesos, de las cuales 35 figuras jurídicas fueron extintas conforme al Decreto de Fideicomisos”.
Para la ASF, la Secretaría de Hacienda cuenta con un sistema de información validado que atiende las necesidades derivadas de los decretos de Extinción y de Fideicomisos, “lo que le permitirá dar seguimiento oportuno al proceso de extinción de las figuras jurídicas por parte de las Unidades Responsables”.
El drama de la extinción
En 2020, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador avaló –en un Congreso con mayoría morenista– la extinción de los fideicomisos, diversas organizaciones civiles y legisladores de la oposición de manifestaron en contra de esa medida.
La razón: más de 68 mil millones de pesos eran destinados a rubros como la atención de desastres naturales en zonas marginadas, protección a periodistas y defensores de derechos humanos amenazados por el crimen organizado, para otorgar becas en rubros de ciencia y tecnología, y hasta para la búsqueda de personas desaparecidas.
El decreto publicado en abril de 2020 por el presidente López Obrador, y luego las reformas legales avaladas a fin de año, buscaban devolver ese dinero a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Para el segundo trimestre de 2021 ya se habían extinguido 39 fideicomisos y se recuperaron 23 mil 697 millones de pesos, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
A pesar de que el gobierno de la 4T argumentó, como razón principal de esa desaparición, la corrupción con la que se manejaban los recursos, hasta el momento no han podido comprobarlo. Incluso, diversos medios de comunicación y organizaciones civiles solicitaron saber el detalle de esas “redes de corrupción”, sin tener respuesta.
Incluso, en 2021, México Evalúa publicó un informe en el que aseguró que la extinción de 109 fideicomisos no se llevó a cabo con transparencia y el gobierno incumplió los compromisos que adoptó en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.