Han pasado más de 3 años desde que inició el gobierno de la 4T y a la fecha no hay denuncias ni documentos oficiales que comprueben que la Secretaría de la Función Pública (SFP) o Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentaron actos de corrupción que sí acusaron para sostener la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco y la eliminación de 109 fideicomisos.
A pesar de que ese fue el discurso oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó a funcionarios del gabinete y legisladores de Morena actuar en consecuencia, no hay actos de corrupción denunciados por la vía legal.
La Silla Rota realizó una revisión de ambos temas que causaron un gran impacto mediático, pues la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) costó 113 millones de pesos –aunque inicialmente la Auditoría Superior de la Federación informó que era el triple– y la cancelación de 109 fideicomisos en octubre de 2020, es todavía un tema inconcluso.
Aunque se solicitaron entrevistas con los encargados de la Función Pública y Comunicaciones y Transportes para hablar del tema, sus respectivas áreas de enlace respondieron no poder tramitar entrevistas por la veda electoral que dictó el Instituto Nacional Electoral (INE) en el marco de la consulta de Revocación de Mandato. Ambas dependencias remitieron a consultar sus informes de labores.
Este domingo, en el tercer informe de la Cuenta Pública 2020, que entregó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, se revelo que la autoridad auditora encontró irregularidades por 109 millones 638 mil pesos en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Las irregularidades se encontraron en el reporte de los trabajos del sistema de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de la Pista 2, así como del área de túneles; según información publicada por Milenio.
FIDEICOMISOS: SIN CORRUPCIÓN A LA VISTA
Después de año y medio que la bancada oficialista avaló su extinción, no hay un documento legal de carácter público en el que pueda consultarse específicamente qué actos de corrupción se documentaron en cada fideicomiso. Pero, además, algunos de ellos todavía existen, porque la Secretaría de Hacienda no ha podido eliminarlos ni hacer uso total de sus recursos.
Sarahí Salvatierra, coordinadora del programa de Revisión de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar (Centro de Análisis e Investigación), elaboró la siguiente línea de tiempo con base en información de esa dependencia.
El 12 de abril de 2020 se ordenó la extinción de más de 281 fideicomisos; y el 6 de noviembre se publicó el decreto que extingue otros 109. En total, 390 cuyo valor conjunto es de 681 mil 310 millones. La revisión del último informe de la Cuenta Pública 2021 arrojó que en general dicha extinción no ha sido un proceso sencillo, fácil ni rápido como se estimó desde el gobierno federal.
En 2020 solo lograron eliminar 11 y recuperaron 4 mil 111 millones, señaló Salvatierra. “Y para el 30 de septiembre de 2021 todavía estaban en operación 191 fideicomisos no entidad paraestatal, más 19 fideicomisos de entidad paraestatal y 20 fideicomisos en otros poderes públicos. Es decir, había 230 fideicomisos públicos vigentes. Y solo 89 están en procesos de extinción, pero no se ha recuperado ninguna cantidad según lo que publicó Hacienda en su página de transparencia presupuestaria en el apartado de fideicomisos”, desglosó.
“La cantidad que se podría recuperar de estos 89 son 854 millones que tampoco representa una gran cantidad”, precisó.
En 2021, dieron de baja 16 fideicomisos más; con corte al 30 de septiembre, recuperaron de éstos 2 mil 547 millones “que comparado con lo que está vigente en el total de los 191 fideicomisos representa el 0.5 % del total del dinero”, dijo.
“Esto significa que los procesos de recuperación de fideicomisos no son como lo plantearon y no siempre se recupera todo lo que tienen disponible porque no tomaron en cuenta que probablemente había obligaciones previstas y entonces no podía hacerse uso de ese recurso o incluso hasta tenían deudas o pagos qué hacer dependiendo del tipo de fideicomiso que se estableció”, explicó. Esto modificó el monto de recursos real a recuperar.
Fundar revisó con lupa los 109 fideicomisos que se eliminaron para ciencia y otros, desde la Cámara de Diputados. Salvatierra afirmó que los legisladores contaban con recuperar cerca de 90 mil millones, pero para el 31 de diciembre 2020 solo había disponible en ellos 65 mil millones.
En 2021, lograron extinguir el fideicomiso de Fondo de Financiera Rural y recuperaron 11 mil millones. Pero 100 fideicomisos continuaron en estatus vigente y tenían disponible un promedio de 49 mil millones.
La investigadora encontró además que las cantidades varían. “No hay claridad de cuánto es lo que realmente se está recuperando y cuál ha sido el destino real de ese dinero. Dijeron que era para la compra de vacunas, pero no tenemos un documento que de esa certeza. Todavía en el presupuesto 2022 se asignaron recursos para algunos fideicomisos, entonces esta narrativa no deja claridades”.
Agregó que tampoco hay contratos o documentos que comprueben y verifiquen si dichos fideicomisos cumplieron o no, con sus fines y obligaciones mientras estuvieron vigentes. No fue posible evaluar sus mecanismos internos de control porque, describió, “la información está completamente revuelta, realmente el proceso de extinción es más opaco que las razones por las cuales decidieron extinguirlos”.
Aunque la Ley de Austeridad contiene un artículo transitorio que ordenó a las secretarías de Hacienda y Función Pública realizar un diagnóstico en 2021 para informar qué irregularidades encontraron en cada fideicomiso, eso no ocurrió. O al menos, Salvatierra no consiguió esta información de manera formal.
Finalmente, aunque el presidente López Obrador ordenó a la Consejería Jurídica realizar auditorías en dichos fideicomisos para revelar su corrupción interna, ésta respondió -mediante solicitud de transparencia- que no las realizó porque no son de su competencia.
"El presidente lo dijo en una conferencia mañanera; y en las solicitudes de información la Consejería respondido que la información es inexistente, que no es su facultad porque es más de Hacienda. Presidencia respondió en otra solicitud que la información es inexistente porque no es parte de sus facultades. Y Hacienda nos remitió a la revisión de la cuenta pública que es lo que ya explicamos".
SIN DENUNCIAS POR NAIM
Marco Antonio Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y coordinador del programa anticorrupción en México Evalúa, afirmó que hoy es la fecha en que el gobierno no ha documentado ningún caso de corrupción en este tema.
“No tenemos evidencia alguna de que una dependencia del Ejecutivo haya presentado denuncia penal por actos de corrupción, mal uso de los recursos o bien, que se haya abierto una investigación por una falta grave asociada a hechos de corrupción en este proyecto”, afirmó en entrevista. Y enfatizó que si bien existe la posibilidad de los haya habido, la realidad es que ninguno fue documentado y no desembocó en una denuncia al respecto.
En 2019, la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que la dependencia identificó irregularidades por 19 mil millones como resultado de 2 mil 500 auditorías, tras acatar la orden de López Obrador como presidente electo.
El antecedente es octubre de 2018, en conferencia de prensa, cuando López Obrador anunció la cancelación del proyecto que tenía casi 3 años de labores; y justificó que la decisión se tomó como resultado de una consulta ciudadana que se realizó por cuatro días. Fue así como reveló que el nuevo proyecto aeroportuario se desarrollaría en la base militar de Santa Lucía, mismo que será inaugurado el 21 de marzo.
Cabe mencionar que, en aquellas fechas en ex titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, declaró en julio de 2019 que el proyecto se canceló por causas técnico-financieras, más no por corrupción.
"Sería una pregunta relevante para el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, porque él fue además el subsecretario del ramo”, enfatizó Fernández, “él cuenta con experiencia en el área de auditoría ¿Por qué no encontró nada o dónde está la denuncia establecida?", dijo.
Además, destacó que el discurso presidencial contra la corrupción de anteriores gobiernos se diluye frente al decreto con el que autorizó acelerar los permisos de obras que realiza la Defensa para obras de la 4T.
Él pretende que eso escape a cualquier tipo de regulación legal o en términos ambientales. Entonces no solo no documentó la corrupción del pasado, sino que tampoco hay claros controles por parte de su administración para evitar problemas de corrupción". El investigador consideró que con estas decisiones “se compra impunidad hacia el futuro
Afirmó también que la estrategia de la 4T para reservar información de temas clave contribuye a la opacidad de cuentas, en lugar de la transparencia.
“Si la Secretaría de la Función Pública hubiera realizado una auditoría en la que detectara sobreprecios otro tipo de acciones en el proyecto de Texcoco; y que éstas pudieran ser consideradas como faltas graves de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas, debieron presentar una denuncia en el Tribunal de Justicia Administrativa y ganar el caso. Hasta ahora no sabemos esto; pero si lo hubieran hecho ya lo hubieran presumido como un logro".
Señaló que, si la Auditoría Superior de la Federación hubiese detectado, entre las muchas auditorías que realizó, actos que pudieran desembocar en corrupción, ya hubiera informado al respecto.
“No olvidemos que, aunque la ASF identifique irregularidades, se da la oportunidad de aclarar y solventar irregularidades al ente auditado. La realidad es que la mayor parte de éstas terminan con la aclaración pues solo pocas se confirman. Y después de que se confirman, prácticamente no tenemos recuperación alguna de recursos afectados. El récord en denuncias penales es desastroso: menos del 5% han causado sentencia y ni siquiera sabemos si la sentencia fue para confirmar la acusación de la ASF o para exonerarlo".
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