Por la compra y uso de equipo de espionaje Pegasus durante el sexenio pasado y el presente, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva, en este momento, dos carpetas de investigación.
Una de ellas es por la adquisición, por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), durante el sexenio anterior, del equipo de inteligencia “Pegasus”, por la cantidad de $456 millones 843 mil 149 pesos, sin que existiera justificación para la compra y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.
En dicha investigación, informó la PGR, se advierte la existencia de un concurso de delitos consistentes en peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa; y cuyos presuntos responsables fueron Tomás “Z”, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, así como otros servidores públicos que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identificaron.
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“Actualmente se está gestionando la solitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal”.
Por lo que toca al uso de dichos equipos, la FGR subrayó que se estará en posibilidad de ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto.
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La segunda carpeta de investigación es por el delito de espionaje en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos, en la cual el 26 de agosto de 2021, la FGR ejerció acción penal en contra de Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones; todo ello como coautor material de dicho hecho delictivo.
“En este caso se solicitó aplicación de la agravante prevista en artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión”.
El 1 de noviembre de 2021 se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial. El 6 de noviembre de dicho año, el juez de control determinó vincular a proceso al imputado, así como también la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones.
En este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema “Pegasus” mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas.
ESPIONAJE EN LA 4T
El 3 de octubre pasado se dio a conocer que en la administración de Andrés Manuel López Obrador también hubo espionaje en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, de 2019 a 2021, con el uso del software Pegasus.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) encontró que, cuando menos tres periodistas y defensores de los derechos humanos fueron espiados con ese software, por lo que estuvo expuesta información de mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, aplicaciones de mensajerías, libreta de contactos, notas, fotos, y cualquier archivo almacenado en el equipo.
Con ese malware –se añade– también se pudo tener acceso a las contraseñas guardadas en los teléfonos de las personas espiadas, activar el micrófono y la cámara de manera remota y “borrar cualquier rastro de la infección volviéndose casi indetectable”.
LOS ESPIADOS
De acuerdo con el reporte, en este sexenio se espió al defensor de derechos humanos en Tamaulipas, Renato Ramos Vázquez, quien durante 20 años ha documentado violaciones graves a los derechos humanos en esa entidad y es presidente del Comité Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; también al periodista y analista Ricardo Raphael y a un periodista del portal Animal Político.
“Estos ataques tienen algo en común: todos fueron espiados con el malware Pegasus en este sexenio, mientras hacían labores relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas”, revela la investigación.
En el caso de Ramos, se detectó que sufrió ataques del software espía el 8 de agosto de 2020, el 2 de septiembre de 2020 y el 3 de septiembre del mismo año
"(Ramos) ha acompañado al menos tres grandes casos que involucran a las Fuerzas Armadas: en 2018, la desaparición forzada de 56 personas en Nuevo Laredo; en 2019, la ejecución extrajudicial de ocho personas; y en 2020, el asesinato de tres civiles durante una persecución”, se detalla.
El 29 de agosto –día en que fue atacado con Pegasus– el activista tuvo un encuentro con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En el caso del periodista Ricardo Raphael se detectó espionaje de los gobiernos de Peña Nieto y de López Obrador, con intervenciones de mayo a agosto de 2016 y en este sexenio el 30 de octubre, 7 de noviembre y 27 de diciembre de 2019.
Estas intervenciones se relacionaron con la información o reuniones que sostuvo en esas fechas con personas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la violencia en Tamaulipas.
Respecto al ataque al periodista de Animal Político, se reportó que esto ocurrió “el mismo día que el medio digital publicó una nota relacionada a violaciones a derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas".
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