A pesar de las promesas de su gobierno, de que dejaría de usar software espía, este domingo se reveló que los teléfonos de al menos tres investigadores de derechos humanos en México fueron infectados con Pegasus durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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López Obrador, que asumió el cargo a finales de 2018, se comprometió a detener el uso de la tecnología después de que estalló un escándalo en torno a su despliegue durante la presidencia de su predecesor.
El software espía, que puede ser utilizado para irrumpir remotamente en los teléfonos, proporcionando acceso a su memoria o convirtiéndolos en dispositivos de grabación, normalmente solo se vende a los gobiernos y a las fuerzas de seguridad.
Los investigadores de Citizen Lab, un grupo de vigilancia digital de la Munk School of Global Affairs and Public Policy de la Universidad de Toronto, analizaron los teléfonos de dos periodistas y un activista de derechos humanos, y detectaron que los dispositivos fueron infectados entre 2019 y 2021 con Pegasus, que pertenece a la empresa israelí de software espía NSO Group.
Sus hallazgos fueron publicados en un informe del grupo mexicano de defensa de los derechos digitales R3D, que señaló que las tres víctimas documentaron presuntos abusos de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de México.
Los representantes de López Obrador y de la Secretaría de la Defensa Nacional no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
López Obrador dijo en 2021 que "ya no existe ninguna relación" con Pegasus, y el jefe de delitos financieros de México aseguró entonces que la administración no había firmado contratos con las empresas utilizadas para adquirir el software.
ANTECEDENTES DE PAGASUS DESDE EL 2017
El Grupo NSO dijo que no podía verificar los hallazgos del Citizen Lab sin ver los datos detallados, y que rescinde los contratos cuando encuentra irregularidades.
El uso de Pegasus por parte del gobierno de México fue detectado previamente por Citizen Lab en 2017 durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, lo que desató la alarma sobre los extremos a los que llegarían los funcionarios para vigilar a políticos, periodistas y activistas, incluidas las personas críticas con la administración.
El presunto uso continuo de Pegasus plantea nuevas preguntas sobre si López Obrador ha cumplido su promesa de no espiar a los opositores. También ahonda en la preocupación por la carga que deben soportar los periodistas y los defensores de los derechos humanos en un país en el que llevan mucho tiempo siendo atacados.
Según Citizen Lab y R3D, el activista Raymundo Ramos, que ayuda a las víctimas de presuntos abusos militares en el violento estado fronterizo norteño de Tamaulipas, fue blanco de Pegasus en agosto y septiembre de 2020.
El periodista Ricardo Raphael, columnista de los medios de comunicación Proceso y Milenio, además de conductor del canal ADN40, tuvo su teléfono en la mira en octubre y noviembre de 2019 y diciembre de 2020, encontraron los investigadores.
También detectaron que un teléfono de un periodista de Animal Político, que pidió el anonimato, fue infectado en 2021.
Ramos dijo a Reuters en una entrevista que hacía tiempo que sospechaba que el gobierno le espiaba. Desde que se enteró del ataque de Pegasus, comenzó a tomar más medidas para proteger su privacidad, optando por tener conversaciones delicadas en persona, e incluso entonces, dejando su teléfono móvil en otro lugar.
"Aumentó mi estado de alerta (...) No es cualquier hacker, estás en la mira de alguien", concluyó.
SEDENA RECHAZA ESPIONAJE CONTRA ACTIVISTAS
Dos días después de estas revelaciones, la Sedena emitió un comunicado en el que rechaza utilizar labores de inteligencia para espiar a activistas o periodistas.
En el documento acepta que utiliza el software Pegasus para vigilar y rastrear a líderes criminales, así como sus centros de operación, para combatirlos. Además, justifica su uso a fin de no poner en peligro a la población con operaciones en tierra.
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