Las protestas que mantienen bloqueos carreteros en Bolivia desde hace más de un mes escalaron este viernes a un nuevo nivel diplomático. Estados Unidos y una coalición de gobiernos latinoamericanos denunciaron que detrás de los intentos para forzar la salida del presidente Rodrigo Paz existe financiamiento procedente del narcotráfico.
La acusación fue emitida por Escudo de las Américas, una alianza regional creada en marzo por la administración del presidente Donald Trump con el objetivo de coordinar acciones contra organizaciones criminales en el continente. En un comunicado conjunto, los países integrantes señalaron que existen “continuos intentos de derrocar” al gobierno boliviano y advirtieron que quienes financian las movilizaciones con recursos ilícitos deberán responder ante la justicia.
La declaración coloca el conflicto boliviano en un terreno distinto al de una disputa política interna. Por primera vez, una alianza regional encabezada por Washington vincula públicamente las protestas con estructuras relacionadas con el narcotráfico. Los gobiernos integrantes del bloque también calificaron los bloqueos carreteros como acciones que impiden la distribución de alimentos, medicinas y suministros esenciales para la población.
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Acusan intento de derrocar a Rodrigo Paz
El comunicado sostiene que el presidente Rodrigo Paz llegó al poder mediante una victoria electoral amplia y que cualquier intento de sustituir la voluntad expresada en las urnas representa una amenaza para la estabilidad democrática del país. La alianza afirmó que la “anarquía” no puede sustituir la decisión tomada por los votantes durante las elecciones que llevaron a Paz a la presidencia.
Asimismo, el documento hizo un llamado a quienes mantienen demandas legítimas para que utilicen los canales de diálogo abiertos por el gobierno y se deslinden de actores que, según la coalición, buscan recuperar el poder mediante la presión social. Aunque el texto no menciona directamente a Evo Morales como responsable de las movilizaciones, sí alude al exmandatario al referirse a grupos que pretenden regresar al gobierno tras la derrota electoral.
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Las protestas se mantienen desde el pasado 6 de mayo y cuentan con el respaldo de organizaciones campesinas, sindicatos y sectores afines al expresidente boliviano.
Un conflicto que deja muertos y bloqueos
La crisis política boliviana se desarrolla en medio de una creciente tensión social. Los bloqueos afectan carreteras estratégicas y han provocado problemas en el transporte de mercancías, combustibles y productos básicos.
De acuerdo con cifras citadas por organismos internacionales y por la Defensoría del Pueblo de Bolivia, el saldo del conflicto incluye:
- 10 personas muertas en total durante las movilizaciones.
- 7 fallecimientos provocados por la falta de atención médica oportuna debido a los cierres viales.
- 3 muertes registradas en enfrentamientos directos.
- Un manifestante herido de bala durante un operativo de las fuerzas de seguridad para reabrir el paso.
El gobierno de Paz sostiene que los bloqueos forman parte de una estrategia para desestabilizar a su administración, mientras que los grupos opositores exigen su renuncia a menos de siete meses de haber asumido el cargo.
La nueva estrategia de Washington
Contexto: las acusaciones de Escudo de las Américas llegan en un momento en que Estados Unidos redefine su papel en América Latina. La nueva Estrategia de Defensa Nacional 2026 del Pentágono colocó al hemisferio occidental como una prioridad de seguridad nacional y modificó varios de los principios que guiaron la política exterior estadounidense durante las últimas décadas.
El documento establece que la protección del territorio estadounidense y del continente americano ocupa ahora un lugar central dentro de la planificación militar de Washington. La estrategia conserva la competencia con China como un objetivo relevante, pero desplaza parte de la atención hacia amenazas ubicadas dentro del propio hemisferio. Entre ellas aparecen el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, la migración irregular y las organizaciones que Estados Unidos clasifica como narcoterroristas.
América Latina entra al centro de la doctrina
La nueva doctrina plantea una visión más activa de la presencia estadounidense en la región. El Pentágono sostiene que restaurará el dominio militar de Estados Unidos en el hemisferio occidental para proteger intereses estratégicos y garantizar el acceso a puntos considerados fundamentales para la seguridad nacional.
El documento menciona espacios como el Canal de Panamá, el Golfo de México y distintas rutas marítimas de importancia comercial y militar. También advierte que Washington podría emprender acciones directas contra organizaciones criminales si considera que determinados gobiernos no logran contenerlas. Esta posición marca un cambio respecto a administraciones anteriores y alimenta el debate sobre los alcances de una política regional más intervencionista.
Analistas observan similitudes con una reinterpretación moderna de la Doctrina Monroe, bajo la cual Estados Unidos considera a América Latina una zona estratégica para su seguridad.
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Bolivia, una pieza dentro del nuevo tablero
En ese contexto, las acusaciones contra sectores de la oposición boliviana adquieren una dimensión geopolítica. La denuncia de financiamiento procedente del narcotráfico encaja con la narrativa impulsada por Washington en los últimos meses, que vincula la estabilidad democrática del continente con el combate a redes criminales transnacionales.
La administración Trump sostiene que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ya no representan únicamente un problema de seguridad pública, sino una amenaza directa para la gobernabilidad de los países latinoamericanos. Escudo de las Américas se convirtió en una de las principales herramientas para trasladar esa visión a nivel regional.
La coalición reúne a gobiernos alineados con la estrategia de seguridad impulsada por Washington y busca coordinar respuestas conjuntas frente a organizaciones criminales y amenazas que afecten la estabilidad política de los países miembros.
Por ahora, las autoridades bolivianas mantienen el llamado al diálogo mientras continúan los bloqueos y las movilizaciones. Sin embargo, la acusación de que recursos del narcotráfico podrían estar financiando parte de las protestas abre un nuevo frente en la crisis boliviana y coloca el conflicto dentro de una disputa regional más amplia, en la que seguridad, política y geopolítica comienzan a mezclarse cada vez con mayor intensidad.
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VGB