La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el pasado martes una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La nueva norma, que anuló la ley 1341 que rigió desde octubre de 2020, fue previamente aprobada en el Senado y ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario, lo que no supone que se dicte automáticamente el "estado de excepción".
La sesión, que duró más de cinco horas, se efectuó de manera virtual porque varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y Ejecutivo, debido a las protestas que mantienen aislada a esa región del resto del país.
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El impulsor de la anulación de la ley 1341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma es "criminal" y que tuvo el fin de "desnaturalizar" los estados de excepción frente a situaciones que generan "caos y anarquía" en medio de las protestas sociales.
Según Alarcón, esa norma resguardaba a los "grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo", por lo que su abrogación da mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la Policía se ve rebasada.
El diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará "mayor violencia" y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán "desprotegidas".
Bolivia atraviesa una ola de manifestaciones y cortes de carreteras desde hace tres semanas impulsados por sindicatos campesinos, sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otros grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La ley 1341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía "hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden".
También limitaba a 60 días la duración de la medida.
La Carta Magna vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales, además de que su vigencia estará sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas.
El Gobierno de Paz ha asegurado que la declaración del estado de excepción es la "última opción" a la que recurrirá si el diálogo no prospera. La Paz y la ciudad vecina de El Alto concentran las protestas callejeras y bloqueos de carreteras que realizan los sectores que exigen la renuncia de Paz, que lleva poco más de seis meses en el Gobierno.
La Fiscalía investiga el fallecimiento de un hombre por un disparo en medio de un operativo y disturbios registrados el sábado para despejar una carretera troncal, mientras que las autoridades denuncian que los cortes de rutas han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.
Las protestas
Las protestas y bloqueos cobró fuerza después de que el Senado aprobara un proyecto que elimina restricciones legales vigentes desde 2020, en medio de advertencias sobre posibles riesgos para los derechos humanos.
La iniciativa se debate al inicio de la cuarta semana de bloqueos y protestas, principalmente en la zona andina, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en medio del desabastecimiento de alimentos y combustibles en La Paz y El Alto, las ciudades más afectadas por los cortes de rutas.
Las organizaciones que lideran las protestas, como los campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), volvieron a marchar esta jornada desde la ciudad vecina de El Alto hacia el centro de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo.
También hubo otras marchas que llegaron desde el sur y el norte de la ciudad, que pasaron por las calles aledañas a la plaza Murillo, el centro del poder político boliviano que está resguardado por policías antidisturbios y policías militares desde la semana pasada.
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El dirigente minero Nelson Álvarez cuestionó que en el Parlamento esté en análisis un proyecto de ley que elimina restricciones legales vigentes desde 2020 para que el Gobierno declare un estado de excepción que le permita ampliar el despliegue de fuerzas de seguridad ante las protestas.
Los líderes ciudadanos de Santa Cruz (este), la región más poblada del país, agrupados en el Comité Cívico de ese departamento, llamaron a la población a concentrarse el martes para tomar acciones ante los bloqueos de carreteras.
Avanza proyecto de ley para el “estado de excepción”
El proyecto de ley aprobado el domingo por el Senado abroga la actual Ley de Estado de Excepción y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, donde se prevé su debate este martes, con el objetivo de dar respaldo legal a Paz para aplicar esa medida, contemplada en la Constitución promulgada en 2009 durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).
El diputado de la alianza Unidad Carlos Alarcón, promotor de la medida, explicó a EFE que la norma busca abrogar la ley aprobada en 2020 por la entonces presidenta interina de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, que regula desde el Parlamento la decisión del Ejecutivo de emplear a las fuerzas de seguridad ante conflictos internos.
La 'ley Eva Copa'
La denominada 'ley Eva Copa' reglamenta cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al Estado de Excepción y fue aprobada durante el Gobierno transitorio de Jeanine Añez (2019-2020) para limitar el uso de las fuerzas de seguridad.
Copa dirigió el Legislativo por el Movimiento al Socialismo (MAS) tras la renuncia de Morales en 2019.
Esa ley señala que, cuando se dicte un estado de excepción, "queda prohibido como forma de sanción, cualquier tipo de restricción a la libertad" y que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía "hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden".
Alarcón afirmó que la norma "ata de pies y manos" al gobierno "para que no pueda hacer uso de la fuerza legal y legítima del Estado a través de una declaratoria del estado de excepción".
Además, la normativa permite que el Legislativo pueda "hacer y deshacer" el decreto del Gobierno, lo que Alarcón consideró "absurdo" porque, según dijo, los parlamentarios desconocen las medidas de seguridad necesarias en momentos de "una convulsión o conmoción interna".
Constitución
El artículo 137 de la Constitución permite declarar el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna, aunque establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales y que podrá aplicarse en todo el territorio nacional o solo en las zonas donde sea necesario.
La Constitución no fija que el estado de excepción implique necesariamente el uso de las Fuerzas Armadas porque eso dependería de la valoración específica que realice el Gobierno ante un conflicto.
Según Alarcón, puede darse el caso de una ejecución escalonada de la medida, que primero sea con un despliegue policial y luego militar en determinadas regiones.
Rechazo
La decisión del Senado fue rechazada por la Vicepresidencia, a cargo de Edmand Lara, que se ha declarado opositor, y por la Central Obrera Boliviana (COB), que impulsa las protestas que piden la renuncia de Paz.
En un comunicado, la Vicepresidencia señaló que la ley de 2020 busca evitar que el Estado "vuelva a responder a conflictos sociales mediante el uso de armas letales después de los dolorosos sucesos" de 2019, en alusión a las muertes ocurridas en medio de la crisis tras la renuncia de Morales a la Presidencia.
El Salvador y el gobierno de Bukele
El estado de excepción en El Salvador fue implementado el 27 de marzo de 2022 por el gobierno del presidente Nayib Bukele, luego de un fin de semana en el que se registraron más de 80 homicidios atribuidos a las pandillas. La medida, aprobada por la Asamblea Legislativa, suspendió garantías constitucionales y permitió ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad para realizar detenciones masivas y operativos en comunidades consideradas de alto riesgo.
Desde entonces, el régimen ha sido prorrogado de manera consecutiva durante más de cuatro años y se ha convertido en el eje central de la estrategia de seguridad de Bukele. De acuerdo con cifras oficiales citadas en diversos informes, más de 90 mil personas han sido detenidas bajo sospecha de vínculos con pandillas, mientras el gobierno sostiene que la política permitió reducir drásticamente los homicidios y posicionar a El Salvador como uno de los países más seguros de la región.
Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado que el estado de excepción también ha derivado en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y muertes bajo custodia estatal. Human Rights Watch y colectivos salvadoreños como Cristosal han advertido que miles de familias desconocen el paradero o la situación jurídica de sus familiares detenidos, mientras que el gobierno rechaza las acusaciones y defiende la medida como necesaria para combatir a las maras.
El caso de Guatemala
El estado de sitio implementado en Guatemala tras los ataques atribuidos a la pandilla Barrio 18 concluyó con un balance que el Gobierno calificó como positivo en materia de seguridad. Según la administración del presidente Bernardo Arévalo de León, durante el periodo de vigencia de la medida se registró la cifra más baja de homicidios en los últimos 25 años.
Las autoridades guatemaltecas informaron que entre el 1 de enero y el 12 de febrero se contabilizaron 253 homicidios, una reducción frente a los 295 asesinatos reportados en el mismo periodo de 2024 y muy por debajo de los 785 registrados en 2009. El Gobierno atribuyó esta disminución a los operativos conjuntos desplegados por la Policía Nacional Civil y el Ejército.
El estado de sitio fue decretado el 18 de enero, luego de una serie de ataques simultáneos en la capital guatemalteca que dejaron 11 policías muertos. Las investigaciones apuntan a que las agresiones fueron una represalia de presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18 después de que las autoridades retomaran el control de varias cárceles tras motines.
Tras el fin de la medida excepcional, el Ejecutivo anunció la implementación de un estado de prevención, además de mantener los operativos de seguridad y los controles estrictos en las prisiones del país.
En Ecuador, una medida recurrente
El estado de excepción en Ecuador se ha convertido en una de las principales estrategias del presidente Daniel Noboa para enfrentar la crisis de violencia ligada al crimen organizado y al narcotráfico.
La medida cobró fuerza en enero de 2024, después de la fuga del líder criminal José Adolfo Macías, alias “Fito”, y de una serie de motines, ataques armados y hechos violentos en distintas ciudades del país. A partir de entonces, el Gobierno ecuatoriano declaró la existencia de un “conflicto armado interno” y autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
De acuerdo con reportes retomados por La Silla Rota, el Gobierno de Noboa ha recurrido de manera reiterada a estados de excepción y toques de queda en provincias consideradas focos de operación de grupos criminales, principalmente en la costa y zonas estratégicas para el tráfico de drogas. Las autoridades sostienen que estas medidas buscan contener asesinatos, extorsiones, secuestros y ataques atribuidos a bandas como Los Choneros y Los Lobos.
Las disposiciones extraordinarias han permitido restringir derechos como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, además de habilitar inspecciones y operativos militares sin autorización judicial previa en determinadas circunstancias. También se han implementado toques de queda y una mayor presencia militar en cárceles, puertos y ciudades consideradas de alto riesgo.
Chile
El estado de excepción constitucional de emergencia continúa vigente en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en el sur de Chile, como una de las principales medidas del Gobierno para contener la violencia rural y reforzar el control del orden público en la denominada “macrozona sur”. La medida, implementada originalmente en mayo de 2022, permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a las labores de seguridad y ha sido prorrogada de manera sucesiva por el Congreso chileno.
De acuerdo con datos presentados por autoridades chilenas durante la discusión legislativa de las últimas renovaciones, el Ejecutivo sostiene que la estrategia ha contribuido a reducir los hechos de violencia vinculados a ataques incendiarios, cortes de ruta, usurpaciones y acciones armadas en zonas rurales. El Senado chileno informó que en 2025 los eventos de violencia rural en las provincias bajo estado de excepción disminuyeron 28 % respecto a 2024 y hasta 79 % en comparación con 2021, uno de los años más violentos en la región.
Las autoridades también reportan miles de controles policiales y militares realizados desde el inicio de la medida, así como más de mil detenidos en operativos relacionados con la seguridad en la macrozona sur. Según informes oficiales, los delitos que más han disminuido son los ataques incendiarios, robos y hechos vinculados a la sustracción de madera en contexto de violencia rural.
El Gobierno chileno ha señalado que, pese a la disminución de los hechos violentos, aún no existen condiciones para retirar a las Fuerzas Armadas de la zona. Al mismo tiempo, organizaciones indígenas y sectores políticos han cuestionado la prolongación del estado de excepción, al considerar que la militarización no resuelve el conflicto de fondo relacionado con demandas territoriales, pobreza y representación de comunidades mapuche.
Perú prolonga restricciones y despliegue militar en zonas afectadas por criminalidad
El Gobierno de Perú ha prorrogado en diversas ocasiones los estados de emergencia en zonas consideradas críticas por los altos índices de violencia y criminalidad, entre ellas Lima Metropolitana y el Callao, así como las provincias de Tumbes, Sullana, Trujillo y Virú. Las medidas, vigentes por periodos de hasta 60 días, buscan reforzar la presencia policial y militar frente al incremento de delitos como homicidios, sicariato, extorsión, robos agravados y ataques con explosivos.
Las disposiciones han sido oficializadas mediante decretos supremos aprobados por el Consejo de Ministros y se sustentan en informes de la Policía Nacional del Perú que advierten la persistencia de organizaciones criminales y redes de extorsión, particularmente en Lima, Callao y la región norte del país. En Tumbes y zonas fronterizas, las autoridades también han alertado sobre el riesgo de infiltración de bandas vinculadas al crimen organizado procedentes de Ecuador.
Durante los estados de emergencia, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras que se restringen temporalmente algunos derechos constitucionales, como la libertad de reunión, tránsito e inviolabilidad de domicilio. Además, las actividades públicas masivas requieren autorización previa de las autoridades competentes.
La estrategia de recurrir a estados de excepción se ha vuelto recurrente en Perú desde 2022 ante el avance de la inseguridad y las denuncias por extorsión y sicariato, especialmente en Lima, Callao y Trujillo. El gobierno peruano sostiene que estas medidas extraordinarias son necesarias para contener el crimen organizado, aunque sectores sociales y especialistas han cuestionado su efectividad a largo plazo.
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