Ecuador entró en un nuevo estado de excepción por “grave conmoción interna” en 10 provincias y tres municipios del país, en respuesta ante el incremento de la violencia atribuida a grupos vinculados al narcotráfico.
De forma paralela, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 424, que autoriza formalmente el despliegue de militares extranjeros, especialmente de Estados Unidos, en territorio ecuatoriano para ayudar a combatir el narcoterrorismo, otorgándoles inmunidad “conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales suscritos por el país”.
La medida formaliza y amplía mecanismos de cooperación que ya se venían ejecutando en meses anteriores, incluidos patrullajes marítimos y aéreos conjuntos entre las fuerzas de seguridad ecuatorianas y el Comando Sur de Estados Unidos en el océano Pacífico y zonas fronterizas.
Te podría interesar
Las decisiones fueron adoptadas después de que Noboa visitará el Pentágono y tuviera una reunión con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y con Stephen Miller, jefe Adjunto de Gabinete para Políticas y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Según un boletín de la Presidencia de Ecuador, durante el encuentro “se analizaron mecanismos para fortalecer la interoperabilidad entre ambas naciones, impulsar inversiones conjuntas y coordinar operaciones para combatir el narcoterrorismo y la minería ilegal”.
El comunicado agrega que las autoridades de ambos países coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación en materia de defensa para enfrentar las amenazas de las redes criminales transnacionales y avanzar en acciones conjuntas orientadas a fortalecer la paz, la estabilidad y la seguridad regional.
También lee: Estado de excepción en AL; países que la implementaron además de Bolivia.
Estado de excepción tendrá vigencia de 60 días
El 1 de junio finalizó un estado de excepción de 60 días, que incluyó un toque de queda nocturno en ciudades como Quito y el puerto de Guayaquil. La nueva medida, decretada el 16 de junio, permite nuevamente al Estado desplegar militares en las calles, decisión que ha provocado denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos sobre actuaciones de la fuerza pública.
De acuerdo con el decreto, el estado de excepción responde a “los problemas de seguridad que persisten en varios territorios” y estará vigente durante 60 días en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. También se aplicará en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
Según datos incluidos en el decreto, entre el 1 de mayo y el 12 de junio se registraron 879 homicidios en las provincias alcanzadas por el estado de excepción.
El Gobierno sostiene que la medida busca contener la violencia asociada al crimen organizado y reforzar las operaciones de seguridad en las zonas con mayores niveles de conflictividad.
Contexto: países en Latinoamérica que implementaron estados de excepción
Ecuador se suma a otros países latinoamericanos como El Salvador, Perú, Bolivia y Chile que han recurrido a estados de excepción en los últimos años para enfrentar crisis de seguridad, violencia criminal o conflictos internos.
En El Salvador, el Gobierno mantiene desde 2022 un régimen de excepción como parte de su estrategia contra las pandillas y el crimen organizado. La medida ha permitido ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad y realizar miles de detenciones como parte de su estrategia contra las organizaciones criminales.
En Perú, los estados de emergencia han sido utilizados tanto para enfrentar protestas sociales como para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Entre 2022 y 2023, el Gobierno aplicó estas medidas en diversas regiones del país tras las movilizaciones que siguieron a la crisis política desencadenada por la destitución del expresidente Pedro Castillo.
Chile también ha recurrido al estado de excepción en la denominada Macrozona Sur, una región afectada por hechos de violencia vinculados al conflicto territorial entre el Estado y grupos radicalizados relacionados con la causa mapuche.
En Bolivia, los gobiernos también han recurrido a medidas excepcionales durante periodos de fuerte conflictividad social y política, especialmente en medio de protestas y bloqueos.
JL