La surcoreana LG enfrenta un nuevo foco de atención tras una disputa familiar que ha escalado a tribunales y denuncias penales. La controversia, encabezada por la viuda del expresidente Koo Bon-moo, revela tensiones sobre herencias, control accionario y prácticas corporativas en uno de los chaebols más influyentes de Corea del Sur.
El conflicto, de acuerdo al New York Tikmes, se remonta a junio de 2020, cuando ejecutivos del área financiera de LG visitaron la residencia de Kim Young-shik en Seúl. Lo que comenzó como una revisión rutinaria derivó en cuestionamientos sobre la estructura del patrimonio familiar.
Durante la reunión, Kim y su hija mayor solicitaron explicaciones sobre la fórmula utilizada para distribuir las acciones tras la muerte de Koo Bon-moo. Según su versión, los bienes, incluida una participación cercana al 38 % en LG, estaban controlados por un reducido grupo familiar conocido como “grupo de accionistas”.
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Control accionario y disputas por la herencia en LG
En el centro del conflicto se encuentra Koo Kwang-mo, hijo adoptivo del expresidente y actual líder del conglomerado. De acuerdo con declaraciones recogidas en documentos judiciales, controlaría aproximadamente dos tercios de la participación familiar, una cifra superior a la registrada oficialmente.
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Esta diferencia, estimada en alrededor de 1,600 millones de dólares, ha generado sospechas sobre la posible utilización de mecanismos informales para distribuir acciones entre miembros de la familia.
Kim Young-shik afirmó en declaraciones al diario The New York Times que temía que sus hijas quedaran sin protección patrimonial, lo que motivó la recopilación de pruebas, incluidas grabaciones de reuniones privadas.
Grabaciones y denuncias: el caso que llegó a tribunales
Las grabaciones realizadas por la viuda se convirtieron en pieza central de una demanda presentada en 2023. En ella, Kim y sus hijas alegaron haber sido inducidas a aceptar un acuerdo sucesorio injusto que favorecía de forma desproporcionada a Koo Kwang-mo.
Sin embargo, en febrero de 2024, un tribunal surcoreano desestimó la demanda al considerar que no existían pruebas suficientes para sustentar las acusaciones.
Sin embargo, y lejos de concluir, el conflicto escaló nuevamente cuando, en noviembre de 2024, Kim y su hija mayor presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía del Distrito Central de Seúl.
La denuncia incluye acusaciones contra Koo Kwang-mo, su padre biológico y altos ejecutivos de LG, señalando posibles delitos como evasión fiscal, malversación y violaciones a las leyes del mercado de capitales.
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El sistema de prestanombres en Corea del Sur
El caso pone en evidencia prácticas asociadas a los chaebols, conglomerados familiares que han dominado la economía surcoreana durante décadas. Una de ellas es el uso de prestanombres, personas que figuran como titulares de acciones en nombre de otros.
Aunque una ley de 1993 exige el uso de nombres reales en transacciones financieras, expertos como Bahng Minju, del bufete Weon, señalan que estas estructuras aún pueden utilizarse para ocultar activos o eludir impuestos.
El profesor Woochan Kim ha indicado que estas prácticas eran más comunes en el pasado, pero persisten debido a incentivos como los altos impuestos a la herencia, que pueden alcanzar hasta el 50 % en Corea del Sur.
Más allá del ámbito judicial, la disputa podría afectar la percepción pública y la confianza de los inversores en LG. Analistas advierten que este tipo de conflictos reaviva críticas históricas hacia los chaebols por priorizar intereses familiares sobre los de accionistas minoritarios.
En términos financieros, aunque las acciones de LG han mostrado crecimiento reciente, su desempeño ha quedado rezagado frente al índice de referencia KOSPI.
Antecedentes legales y tensiones internas
La familia fundadora de LG ya había enfrentado investigaciones fiscales en el pasado. En 2018, fiscales surcoreanos imputaron a varios miembros por presunta evasión fiscal, aunque en 2019 un tribunal los declaró no culpables.
No obstante, las nuevas acusaciones apuntan a un sistema más amplio de gestión financiera familiar, que, según las denunciantes, habría operado durante años mediante el control centralizado de cuentas, activos y decisiones económicas.
AJA