En 2025, América Latina y el Caribe se consolidaron como una de las regiones más peligrosas para el periodismo, enfrentando una “arquitectura regional de silenciamiento” caracterizada por violencia letal, censura digital y un alarmante uso del aparato estatal para perseguir voces críticas.
El informe anual de Article-19 destaca que la censura ha evolucionado de la prohibición directa a formas más refinadas de control y hostilidad.
En México hostilidad latente y el récord de acoso judicial México encabeza la lista regional de violencia letal con siete asesinatos y una desaparición de periodistas documentados en 2025.
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La organización registró un total de 451 agresiones, donde el indicador dominante fue el ambiente hostil, presente en el 44% de los casos.
Un patrón preocupante es la transformación de la agresión: mientras los ataques físicos continúan, el abuso del poder público, particularmente el acoso judicial, aumentó un 7.30%, convirtiendo al sistema de justicia en una herramienta de intimidación.
Además, el Estado mexicano sigue siendo el principal agresor, responsable de más del 50% de los incidentes documentados.
La sofisticación de la vigilancia y la negación institucional
Article-19 destaca también que la vigilancia estatal en la región, especialmente en México, ha transitado hacia una fase de legitimación legal. En México, se ha consolidado un entramado de al menos seis leyes que facilitan la vigilancia masiva y el rastreo en tiempo real sin controles judiciales claros.
Para la ONG, el caso más emblemático es la CURP biométrica, que centraliza huellas dactilares y fotografías en una plataforma controlada por el Centro Nacional de Inteligencia, utilizando la tragedia de las desapariciones como pretexto político para la intrusión estatal.
Argumentó que a pesar de las pruebas, como el hecho de que México concentró 456 ataques cibernéticos a través de Pegasus (la cifra más alta del mundo según litigios internacionales), la respuesta institucional ha sido la negación sistemática.
Bajo el argumento de que el gobierno “no espía”, el Estado ha endurecido la opacidad mediante reformas que amplían las reservas por “seguridad nacional” y ha debilitado la rendición de cuentas tras la extinción de organismos autónomos de transparencia.
Esta combinación de capacidad técnica intrusiva, impunidad judicial y negación oficial configura un entorno de acecho constante para quienes ejercen el periodismo.
El Salvador y Guatemala: exilio y los ataques digitales
En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha instaurado un modelo de censura institucionalizada donde el 100% de las agresiones provienen del Estado.
La hostilidad extrema ha forzado a 44 periodistas al exilio en 2025, lo que equivale a un promedio de tres a cuatro salidas al mes para preservar la vida y la libertad.
Por su parte, Guatemala vive un escenario de contradicción donde el discurso democrático convive con 90 agresiones, tres asesinatos y una desaparición.
El país destaca por tener el porcentaje más alto de restricciones digitales (14.29%), impulsadas por campañas coordinadas de netcenters que buscan linchar digitalmente a la prensa.
Honduras, Cuba y Nicaragua: militarización y represión total
En Honduras se documentaron 77 agresiones, incluyendo dos asesinatos y un caso de tortura contra un periodista comunitario. Las Fuerzas Armadas se han convertido en la principal fuente de estigmatización en un contexto electoral militarizado.
En tanto, en Cuba el sistema penal se utiliza sistemáticamente contra la prensa, registrando 1,285 violaciones a la libertad de prensa. El régimen ha escalado su represión hacia el ámbito transnacional, persiguiendo y acosando judicialmente a periodistas que radican fuera de la isla.
Asimismo, en Nicaragua la censura se ha consolidado como un modelo de control total, expulsando al periodismo independiente del territorio nacional. En 2025, el régimen de Ortega-Murillo intensificó la represión transnacional, documentándose incluso asesinatos de opositores en el exilio y extorsiones a familiares dentro del país.
djh