La administración de Donald Trump dio un nuevo paso en su ofensiva contra las filtraciones de información al proponer que las agencias federales puedan exigir a sus empleados la firma de acuerdos de confidencialidad que limitarían la divulgación de información a periodistas incluso después de abandonar el servicio público.
La medida, impulsada por la Oficina de Gestión de Personal (OPM), ha encendido alertas entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa y especialistas en transparencia gubernamental, quienes consideran que podría generar un efecto inhibidor sobre las fuentes informativas y dificultar el acceso de la sociedad a información de interés público.
El borrador del acuerdo, difundido este martes, permitiría a las agencias federales solicitar la firma obligatoria de compromisos de confidencialidad tanto a empleados actuales como a nuevos funcionarios. Además, contempla sanciones civiles y penales para quienes incumplan las disposiciones.
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Un acuerdo que sobreviviría al empleo público
Uno de los puntos que más controversia ha generado es que las restricciones no terminarían cuando un funcionario deje su cargo.
Según el borrador, los exempleados que hayan firmado el acuerdo necesitarían obtener autorización por escrito de un funcionario de la agencia correspondiente para poder hablar sobre información que la administración considere "confidencial".
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En caso de incumplimiento, el gobierno podría emprender acciones legales para reclamar compensaciones económicas e incluso apropiarse de regalías obtenidas mediante libros, entrevistas, conferencias o cualquier publicación derivada de la divulgación de dicha información.
El documento señala que los empleados federales no tienen autoridad para divulgar información gubernamental confidencial y sostiene que las filtraciones pueden afectar operaciones institucionales y erosionar la confianza pública.
La justificación de la Casa Blanca
La administración Trump argumenta que las filtraciones recientes han puesto en riesgo operaciones sensibles del gobierno.
McLaurine Pinover, directora de comunicaciones de la OPM, citó casos relacionados con operativos migratorios, la difusión anticipada de acciones confidenciales del gobierno estadounidense y la publicación de información personal de aproximadamente 4,500 empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según la funcionaria, esas filtraciones comprometieron la seguridad de agentes federales, personal militar y operaciones gubernamentales.
El director de la OPM, Scott Kupor, defendió la propuesta al señalar que los acuerdos de confidencialidad son comunes en el sector privado.
"En gran parte del sector privado, a los empleados que manejan información confidencial de negocios o de clientes se les exige habitualmente que firmen acuerdos de confidencialidad, y no se debería exigir al gobierno federal un estándar inferior", sostuvo.
Organizaciones advierten riesgos para la libertad de prensa
La iniciativa provocó críticas inmediatas de organizaciones dedicadas a la defensa de periodistas.
Gabe Rottman, vicepresidente de políticas del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, afirmó que limitar el contacto entre funcionarios y medios amenaza el acceso ciudadano a información relevante sobre las actividades gubernamentales.
"Los esfuerzos agresivos por reprimir la interacción entre empleados gubernamentales y periodistas amenazan, en última instancia, el acceso del público a información de interés periodístico", señaló.
Aunque el borrador aclara que los acuerdos no anulan las protecciones legales para denunciantes que reporten irregularidades ante organismos de supervisión o el Congreso, expertos advierten que la posibilidad de sanciones podría desalentar la circulación de información hacia los medios de comunicación.
Contexto: la guerra de Trump contra los medios
La propuesta no surge de manera aislada.
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha endurecido su confrontación con los medios de comunicación, una relación marcada por años de acusaciones de "noticias falsas", ataques públicos contra periodistas y cuestionamientos a la cobertura de su gobierno.
De acuerdo con Reuters, Trump y miembros de su administración han promovido múltiples demandas contra organizaciones periodísticas, exigiendo miles de millones de dólares por supuestas publicaciones falsas o engañosas.
Paralelamente, la Casa Blanca ha restringido el acceso de algunos medios a coberturas oficiales y ha limitado la presencia de periodistas en determinados eventos gubernamentales.
La administración también ha impulsado investigaciones internas para identificar filtradores y, según reportes de medios estadounidenses, llegó a confiscar dispositivos pertenecientes a un periodista de The Washington Post como parte de pesquisas relacionadas con la divulgación de información.
Control en el Pentágono y apps obligatorias
Las medidas de control informativo también han impactado al Departamento de Defensa.
Durante el último año, el Pentágono impuso nuevas restricciones para los periodistas acreditados en sus instalaciones. Decenas de reporteros optaron por renunciar a sus credenciales en lugar de aceptar las nuevas condiciones de acceso.
Además, Reuters reportó que el Departamento de Estado informó a empleados federales sobre la instalación de una aplicación oficial de la Casa Blanca en dispositivos gubernamentales. La plataforma incluye transmisiones en vivo de discursos presidenciales, comunicados oficiales y publicaciones de Trump en redes sociales.
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Transparencia contra control de la información
El debate refleja una tensión creciente en Washington entre los argumentos de seguridad nacional y las demandas de transparencia.
Mientras la administración sostiene que busca proteger información sensible y evitar filtraciones que comprometan operaciones gubernamentales, organizaciones de prensa y defensores de libertades civiles consideran que la medida forma parte de una estrategia más amplia para controlar el flujo de información y reducir el escrutinio público sobre las acciones del gobierno.
La propuesta todavía deberá ser adoptada de manera voluntaria por cada agencia federal, pero ya reavivó el debate sobre los límites del poder presidencial frente a la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a conocer lo que ocurre dentro del gobierno de Estados Unidos.
VGB